Puerto Rico: mientras las comunidades pierden tierra y agua, el capital extranjero avanza sin freno

El modelo de desarrollo impuesto a Puerto Rico está orientado hacia los inversores extranjeros, provocando el desplazamiento de comunidades, la privatización de recursos naturales y la amenaza a ecosistemas protegidos, denunciaron activistas ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU. 

Más de 70 representantes de organizaciones civiles del archipiélago y la diáspora expusieron cómo el estatus colonial de Puerto Rico facilita un patrón de despojo que, afirmaron, se intensifica bajo la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos.

Un megaproyecto como emblema

La coalición Defiende a Cabo Rojo envió a la doctora Beatriz Llenín Figueroa para denunciar el proyecto de ciudad privada “Esencia”, promovido por las firmas extranjeras Reuben Brothers y Three Rules Capital en Cabo Rojo, el suroeste de Puerto Rico. Llenín Figueroa lo describió como “un asentamiento neocolonial y enclave billonario” al que el gobierno local ya habría otorgado más de 500 millones de dólares en exenciones y créditos contributivos, “con la complicidad del gobierno colonial.”

Según la coalición, el proyecto amenaza con privatizar playas de acceso público, extraer agua en una zona que padece escasez crónica, fragmentar un bosque seco subtropical con especies endémicas en peligro de extinción y profanar sitios arqueológicos. “Desplazar y reemplazar nuestra población por elites que creen ser dueños y amos de todo y de todos”, advirtió Llenín Figueroa, quien subrayó que el gobierno impulsa además leyes y enmiendas que eliminan protecciones ambientales para facilitar proyectos de esta naturaleza.

El colonialismo como estructura de despojo

El doctor Oscar Ocasio, psicólogo con más de veinte años de trabajo con comunidades de clase trabajadora en Nueva York, situó estos procesos dentro de una lógica colonial más amplia. “La privatización se presenta como desarrollo, pero en la práctica significa desplazamiento, pérdida de territorio y expulsión silenciosa de comunidades“, afirmó. Ocasio también denunció controversias como la de La Parguera, reserva natural protegida donde, a su juicio, “los privilegios del poder político parecen tener más protección que los recursos naturales.”

“Puerto Rico no es un experimento imperial. Puerto Rico no es una finca de inversionistas”, concluyó.

Un patrón más amplio

Jason Cruz presidente de Victory en Puerto Rico y representante de la diáspora, situó el caso de Cabo Rojo dentro de una tendencia generalizada. “Puerto Rico está siendo tratado como una mercancía en lugar de como una nación con un pueblo, una cultura y el derecho a determinar su propio futuro”, sostuvo, denunciando que comunidades enteras están siendo desplazadas por el encarecimiento de la vida y que los recursos públicos se orientan hacia inversores externos. 

Croce también alertó sobre poblaciones que aún carecen de agua corriente, situación que atribuyó a décadas de políticas fallidas bajo el dominio colonial.

Tierra, suelos y soberanía alimentaria

Desde Vieques, Katherine Martínez Medina, integrante del colectivo agroecológico La Colmena Cimarrona, puso el foco en la tierra agrícola. Puerto Rico importa aproximadamente el 85% de los alimentos que consume, señaló, como resultado de décadas de políticas coloniales que debilitaron la capacidad productiva local. 

En Vieques, afirmó, las consecuencias son aún más profundas: décadas de ocupación militar estadounidense destruyeron la agricultura, la pesca y la ganadería locales, y hoy sus comunidades intentan reconstruirlas en medio del abandono gubernamental y la especulación sobre la tierra.

Pese a existir más de 2000 cuerdas (unas 790 hectáreas ) identificadas para uso agrícola, no se cuenta con estudios que determinen la presencia de contaminantes en los suelos. “Sin soberanía alimentaria no hay autodeterminación. Sin acceso a la tierra no hay soberanía alimentaria”, afirmó Martínez Medina, quien exigió una descontaminación completa, estudios científicos participativos y la devolución de las tierras agrícolas a las comunidades viequenses.

El doctor Jaime Inclán McConnie, de la organización Friends of Puerto Rico Impact, Inc., vinculó también el hilo territorial con el bienestar colectivo. “Lo que no tenemos es la capacidad, en este momento, de planificar y emplear manos puertorriqueñas para propósitos puertorriqueños”, señaló, en referencia al control ejercido por la Junta sobre las finanzas y la gobernanza del país.

Comité de descolonización

El Comité Especial de Descolonización de la ONU, también conocido como el Comité de los 24, es un órgano de la Asamblea General que analiza la situación de los 17 territorios no autónomos y formular recomendaciones sobre los procesos de descolonización, promoviendo el derecho a la libre determinación de los pueblos conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

En el caso de Puerto Rico, el territorio no figura actualmente en la lista oficial de territorios no autónomos del Comité. 

En 1953, tras la aprobación de la resolución de la Asamblea General que reconoció el establecimiento del Estado Libre Asociado, Puerto Rico dejó de ser considerado dentro de dicha lista. Su eventual inclusión nuevamente requeriría una decisión de la Asamblea General. En las sesiones del Comité, representantes de la sociedad civil pueden presentar intervenciones en calidad de peticionarios, aunque el territorio no es miembro del órgano ni de las Naciones Unidas.

Muchos peticionarios puertorriqueños denuncian ante el Comité año tras año que reconoce la situación colonial, aprueba resoluciones, pero la Asamblea General no reabre el caso.