Niños en conflictos: 30 años de promesas y un número récord de violaciones

Treinta años después de la creación de un mandato de la ONU destinado a proteger a los niños de la guerra, la violencia contra ellos alcanza niveles sin precedentes. El lunes, ante el Consejo de Seguridad, varios responsables denunciaron una paradoja: nunca los mecanismos de protección habían estado tan desarrollados, pero nunca tantos niños habían sido víctimas de violaciones graves. Y, por primera vez, las fuerzas gubernamentales son las principales responsables.

Tres décadas de resoluciones, convenciones y compromisos internacionales no han bastado para proteger a los niños de la guerra. En 2025, las Naciones Unidas registraron 38.558 violaciones graves cometidas contra 24.174 niños, un récord desde la creación, en 1996, del mandato dedicado a los niños en los conflictos armados.

El balance dominó el lunes una reunión del Consejo de Seguridad organizada para conmemorar este aniversario. “Por primera vez en la historia de este mandato, las fuerzas gubernamentales han sido responsables de la mayoría de las violaciones graves verificadas”, lamentó Vanessa Frazier, representante especial del Secretario General de la ONU para los niños y los conflictos armados.

Esta evolución marca un giro inquietante. Los Estados, que se supone que deben garantizar el respeto del derecho internacional, figuran ahora a la cabeza de los autores de violaciones contra los niños, junto a los grupos armados no estatales. Asesinatos, mutilaciones, reclutamientos forzosos, violencias sexuales, secuestros, ataques contra escuelas y hospitales o trabas a la ayuda humanitaria: ninguna de las seis categorías de violaciones supervisadas por la ONU deja indemnes a los más pequeños.

Según UNICEF, más del 70 % de los niños muertos o mutilados en los conflictos en 2025 lo fueron por armas explosivas. Las violaciones más numerosas se registraron en los territorios palestinos, en la República Democrática del Congo (RDC) y en Nigeria.

Progresos empañados por la guerra

La paradoja es aún más llamativa cuanto que los últimos 30 años han producido resultados tangibles. Más de 220.000 niños han sido liberados de fuerzas y grupos armados gracias a los esfuerzos internacionales. Se han concluido más de cuarenta planes de acción con las partes en conflicto para poner fin a las violaciones.

En la República Democrática del Congo, estos mecanismos han contribuido a prevenir el reclutamiento de niños por parte del ejército nacional. En Nigeria, más de 2000 menores asociados a una milicia de autodefensa han sido desmovilizados y han recibido acompañamiento para su reinserción.

Pero, paralelamente, los conflictos se prolongan, los combates alcanzan las zonas urbanas y los medios de destrucción evolucionan más rápido que los dispositivos de protección.

Desde 2005, la ONU ha verificado más de 430.000 violaciones graves contra niños. Más de 8000 casos de denegación de acceso humanitario se registraron solo en 2025, según Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, que participó en la reunión del Consejo.

Las nuevas tecnologías agravan aún más los riesgos. Drones, sistemas de armas autónomos e inteligencia artificial permiten acelerar las operaciones militares, al tiempo que alejan a los responsables de la toma de decisiones humanas del uso de la fuerza.

En internet, los grupos armados disponen también de nuevos medios para reclutar y explotar a menores. El 19 de octubre, el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad una resolución destinada a prevenir mejor estas prácticas.

Para Jainaba Jagne, enviada especial de la Unión Africana sobre la cuestión, las empresas tecnológicas deben también asumir sus responsabilidades, en particular en materia de prevención de riesgos y protección de los datos de los niños. “El espacio digital no debe convertirse en un nuevo frente en el que la protección de los niños atrapados en los conflictos quede aún más comprometida”, insistió.

La impunidad y el desentendimiento financiero

A estas amenazas se suma la disminución de la financiación. Durante la reunión del Consejo, Bethany Ellis, directora de la ONG Watchlist on Children and Armed Conflict, denunció los recortes presupuestarios que afectan a los programas de reinserción, al acompañamiento psicológico y a las organizaciones locales encargadas de documentar las violaciones. También pidió a los Estados que revisen sus relaciones con los gobiernos implicados en estas exacciones, en particular poniendo fin a las transferencias de armas hacia las partes que violan el derecho internacional.

Para Vanessa Frazier, la prioridad ya no es acumular compromisos, sino aplicarlos. “El diálogo y la diplomacia pueden abrir puertas”, estimó. “Nuestra responsabilidad es aprovechar esas ocasiones para obtener cambios. El diálogo nunca debe sustituir a la acción“.

Treinta años después del informe fundacional de Graça Machel, que situó la suerte de los niños en el centro de las preocupaciones internacionales y condujo a la creación del puesto que ahora ocupa Frazier, la cuestión ya no es si las Naciones Unidas disponen de los instrumentos necesarios. Es si los Estados aceptarán utilizarlos, incluso contra sus propios aliados.

Como recordó Catherine Russell, los niños atrapados en los conflictos actuales no pueden esperar otros 30 años para beneficiarse de la protección que se les prometió.