Las notificaciones de Interpol contra activistas salvadoreños son un acto represión transnacional

Ivania Cruz y Rudy Joya son dos abogados salvadoreños defensores de los derechos humanos que han solicitado asilo en España, donde se encuentran actualmente para huir del acoso legal que sufren en su país a causa de su trabajo en favor de las garantías fundamentales.

Ambos activistas son parte de una ONG que también ha sido objeto de hostigamiento por las autoridades salvadoreñas desde febrero de 2025 debido a su apoyo a la comunidad La Floresta, que se enfrenta a intentos de desalojo forzoso desde 2024.

El gobierno de El Salvador solicitó a Interpol la emisión de notificaciones rojas contra Cruz y Joya, una medida que “equivale a un acto de represión transnacional, ya que extiende el hostigamiento a defensores de derechos humanos más allá de sus fronteras, atacándolos en un país donde buscan protección”, afirmó este miércoles un grupo de tres expertos* y un Grupo de Trabajo de la ONU en derechos humanos.

Notificaciones para detención y extradición

Las notificaciones rojas de Interpol son solicitadas por un Estado miembro y alertan a las fuerzas del orden de los países sobre fugitivos buscados internacionalmente para que se les localice, detenga y extradite o entregue con el fin de proceder contra ellos legalmente.

Según los especialistas, en este caso las notificaciones rojas constituyen un uso indebido grave de ese mecanismo.

En un comunicado conjunto, los expertos afirmaron que los cargos presentados contra Ivania Cruz y Rudy Joya en El Salvador, al igual que las órdenes de arresto emitidas por las autoridades, “parecen carecer de fundamento y estar directamente relacionadas con su legítimo trabajo de derechos humanos, apoyando a comunidades en riesgo y denunciando acciones del Gobierno bajo el estado de emergencia declarado en 2022”.

Las notificaciones rojas fueron solicitadas a Interpol en mayo de 2025 por el tribunal que lleva el caso de Cruz y Joya en El Salvador. La Policía Internacional confirmó la emisión en julio de 2025.

Abuso del sistema con fines políticos

Los expertos alertaron de que el gobierno salvadoreño está abusando del sistema de notificaciones rojas “para perseguir su agenda política, acosando y persiguiendo a defensores de derechos humanos más allá de sus fronteras”, y expresaron consternación al considerar que Interpol está facilitando “la represión transnacional sin la debida diligencia previa sobre el contexto de las personas contra las que se emiten las notificaciones”.

Los relatores especiales recordaron que la Constitución de Interpol prohíbe emprender “cualquier intervención o actividad de carácter político”, y establece que ese tipo de actividades deben respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Revocar las notificaciones y negar la extradición

En septiembre de 2025, Rudy Joya fue citado por la policía española bajo el pretexto de su solicitud de asilo en España. Al presentarse ante las autoridades, fue detenido y puesto a disposición de la Audiencia Nacional española.

Ivania Cruz también fue citada y se presentó ante la Audiencia Nacional, que ordenó que ambos defensores deben acudir a firmar ante el juzgado cada 15 días, no abandonar el país, entregar su pasaporte y notificar cualquier cambio de domicilio.

Los expertos instaron a Interpol a revocar de inmediato las notificaciones rojas contra los abogados salvadoreños y urgieron a España a negar su extradición.

Los expertos firmantes del comunicado son: Mary Lawlor, relatora especial sobre los defensores de los derechos humanos; Gina Romero, relatora especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación; e Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y de expresión; y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias: Ganna Yudkivska (presidente-relator), Matthew Gillett (vicepresidente en comunicaciones), Miriam Estrada Castillo (vicepresidente responsable del seguimiento), Mumba Malila, y Ethan Hee-Seok Shin.

*Los relatores especiales, expertos independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, que constituyen el mayor cuerpo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.