La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Irán ha concluido que los civiles en el país están atrapados entre los crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio Gobierno y los crímenes de guerra de Estados Unidos.
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, concluyó que la represión violenta del Gobierno contra las protestas de 2025-2026 marcó una escalada sin precedentes respecto a las represiones anteriores, con el uso generalizado de fuerza letal que provocó asesinatos y heridas masivas, además de detenciones extensivas.
La Misión encontró que los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado se produjeron a una escala asombrosa en las 31 provincias, con el mayor número de muertos en Teherán, Karaj, Mashhad, Isfahán y Rasht.
Las fuerzas de seguridad se colocaron en tejados y otras posiciones elevadas, disparando rifles de asalto contra las multitudes. En Karaj, lanzaron gases lacrimógenos para atrapar a los manifestantes en callejones estrechos antes de dispararles. Los manifestantes sufrieron heridas graves en la cabeza, el pecho y los ojos por perdigones metálicos de escopeta, causando ceguera permanente.
Al menos 221 niños murieron, algunos de tan solo dos años. Las fuerzas de seguridad también atacaron centros sanitarios, golpeando y deteniendo a manifestantes heridos y arrestando a algunos trabajadores de la salud, lo que disuadió a las víctimas de buscar atención vital. El Gobierno impuso un apagón total de internet y las comunicaciones el 8 de enero, durante el punto álgido de su violencia contra los manifestantes. Duró más de cinco meses, el cierre nacional más largo registrado, y bloqueó ilegalmente la información y la coordinación de emergencias.
Detenciones masivas, tortura y ejecuciones
Decenas de miles de personas fueron privadas de libertad en detenciones arbitrarias y arrestos masivos. Los detenidos se enfrentaron a tortura, aislamiento y denegación de asistencia letrada, mientras las familias quedaron a oscuras sobre el paradero de sus seres queridos, en circunstancias que suscitan preocupación por desapariciones forzadas.
Las autoridades iraníes agravaron el sufrimiento de las familias retrasando o negándose a entregar los cuerpos. En múltiples casos, los funcionarios exigieron pagos, obligaron a los familiares a firmar declaraciones falsas afirmando que las víctimas eran agentes del Estado, y restringieron o amenazaron las ceremonias de duelo y conmemoración.
El Gobierno de Irán intensificó después su uso de la pena de muerte contra los manifestantes. Entre marzo y agosto de 2026, al menos 29 hombres fueron ejecutados tras juicios exprés, cinco de ellos en público, todos en relación con las protestas. Más de 70 personas, incluidas cinco mujeres y tres niños, siguen en riesgo inminente de ejecución.
El informe concluyó que muchas de estas graves violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura y otros actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Crímenes de guerra estadounidenses
Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la Misión encontró motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió el crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados que causaron la pérdida de vidas o heridas a civiles o daños a bienes de carácter civil.
Entre ellos figuran los ataques con misiles Tomahawk contra la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, claramente identificable, en Minab, que mataron a más de 150 personas, incluidas aproximadamente 120 niñas y niños, y otro ataque aéreo en el que misiles de precisión dispersaron nubes de perdigones de tungsteno sobre un complejo deportivo y una zona residencial claramente identificables en Lamerd, matando a 22 hombres y mujeres civiles.
La Misión instó a Irán y a Estados Unidos a cesar inmediatamente todas las violaciones y crímenes, proporcionar reparaciones completas a las víctimas y garantizar la no repetición. También pidió el fin inmediato de las hostilidades, una renovada acción diplomática de todos los Estados miembros para una paz permanente y la rendición de cuentas de terceros Estados a través de la jurisdicción universal.
**Antecedentes: La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Islámica de Irán fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 24 de noviembre de 2022 para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en Irán relacionadas con las protestas que comenzaron allí el 16 de septiembre de 2022, especialmente por lo que respecta a mujeres y niños. El 23 de enero de 2026, mediante la resolución A/HRC/RES/S-39/1 adoptada tras el 39º período extraordinario de sesiones del Consejo, relativo al deterioro de la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos por un período adicional de dos años, con efecto desde el final del 61º período de sesiones del Consejo, encomendándole investigar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos recientes y en curso en el país.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).
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