Expertas y expertos independientes en derechos humanos* instaron hoy a España a aprobar la proposición de Ley sobre los “bebés robados” en el Estado español, en revisión parlamentaria desde 2020, defendiendo así el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del denominado robo de bebés en España desde el 17 de julio de 1936.
El proyecto de ley incluye medidas clave como la creación de un registro nacional de víctimas, garantizar el acceso a archivos y registros públicos, proporcionar pruebas de ADN gratuitas, la creación de una unidad especial de investigación y el reconocimiento legal de la apropiación indebida de menores de familias biológicas y la posterior falsificación de documentos y desapariciones forzadas como delitos de lesa humanidad.
También propone proveer asistencia psicológica y legal gratuita a las familias, impulsar campañas de información pública y reforzar la cooperación entre las administraciones regionales y los órganos judiciales.
“A pesar del dolor y de las crecientes pruebas sobre el daño sufrido por las madres y familias debido al supuesto robo de bebés en España, la falta de un marco legal integral ha impedido que el Estado ofrezca una respuesta eficaz a las víctimas de estos delitos, que frecuentemente incluyeron desapariciones forzadas”, afirman los expertos.
Romper el silencio
Y añaden que “la ley propuesta busca romper ese silencio estableciendo mecanismos reales para la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición”.
El proyecto de ley se presentó originalmente en 2018 y se consideró en 2020. Las enmiendas y su aprobación final ha estado sujeta a múltiples aplazamientos hasta hoy.
“Durante décadas, miles de madres y familias españolas han sido privadas del derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus hijos, a menudo víctimas de desapariciones forzadas”, dijeron los expertos.
“Esto, ultimadamente, afecta a la sociedad en su conjunto. Al conmemorar el Día Internacional de los Derechos del Niño, hacemos un llamamiento a España para que aproveche esta oportunidad para actuar en beneficio de las víctimas y la sociedad en general y avanzar en la aprobación de esta ley crucial.”
Los Relatores Especiales/Expertos Independientes/Grupos de Trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.
El Comité contra la Desaparición Forzada supervisa la adhesión de los Estados Partes a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que hasta la fecha ha sido ratificada por 77 Estados Partes. El Comité está compuesto por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados Partes.
Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de los Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).
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