“Sri Lanka tiene hoy la oportunidad de romper con el pasado, con líderes comprometidos con un nuevo rumbo en asuntos de larga data, como la justicia para las víctimas, el restablecimiento del estado de derecho y la eliminación de la discriminación y las políticas divisivas”, sostuvo este miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En un comunicado, Volker Türk se refirió a un informe de su Oficina divulgado hoy que insta al gobierno ceilandés a poner fin a la impunidad y exigir responsabilidades por las violaciones y abusos graves cometidos en el pasado.

De acuerdo con el estudio, Sri Lanka necesita una hoja de ruta integral para traducir los compromisos en resultados.

Este proceso debe comenzar con un reconocimiento claro y oficial de las violaciones, abusos y crímenes cometidos, incluso durante la guerra civil, y la rendición de cuentas del Estado y las fuerzas de seguridad, así como de grupos armados no estatales como los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE).

Türk señaló que durante una visita reciente al país fue testigo del dolor y el sufrimiento de las víctimas, y pugnó porque sus demandas de verdad y justicia sean atendidas.

Derogación de la Ley de Prevención del Terrorismo

El Alto Comisionado acogió con satisfacción la iniciativa del gobierno de Sri Lanka de establecer una Fiscalía General independiente, y recomendó el establecimiento de un mecanismo judicial especializado, que incluya un asesor especial independiente, para atender los casos de violaciones graves de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario.

También exigió la liberación de las tierras bajo control militar en el norte y el este del país, la derogación de la Ley de Prevención del Terrorismo y la liberación de los presos que cumplen largas condenas en virtud de dicha ley, algunos de los cuales ya han cumplido penas de décadas.

El informe insta a la comunidad internacional a contribuir a iniciativas significativas de rendición de cuentas y reconciliación, tanto en Sri Lanka como a nivel internacional.

Intimidación de la sociedad civil

Aunque el gobierno ha abierto espacios para el debate, el documento describe un patrón persistente de intimidación y acoso contra actores de la sociedad civil, en particular quienes trabajan en la rendición de cuentas por desapariciones forzadas, conflictos de tierras y cuestiones ambientales, así como la intimidación y la vigilancia de las familias de las personas desaparecidas.

Además, advierte que pese al compromiso de derogar la Ley de Prevención de la Subversión, el nuevo gobierno ha seguido utilizándola para arrestar y detener a personas.

El informe detalla los continuos arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia, e insta al gobierno a imponer una moratoria inmediata sobre la aplicación de la ley.

La publicación examina también el grave impacto de la crisis económica y la actual carga de la deuda sobre toda la población de Sri Lanka, sobre todo en los más pobres y las personas en situación de vulnerabilidad, como la comunidad tamil de Malaiyahar, en el sector de las plantaciones.

La Oficina del Alto Comisionado Türk llamó a las instituciones financieras internacionales y a los acreedores externos a proporcionar al gobierno el espacio fiscal necesario para que pueda garantizar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales; y a garantizar que las medidas de austeridad no comprometan la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).

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