Las sanciones de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional amenazan la Justicia universal

La coacción y las sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) son «ataques contra los principios mismos del derecho internacional», advirtió el martes la presidenta de la Asamblea General de la ONU.

La declaración de Annalena Baerbock se produjo mientras la asamblea debatía el informe anual de la Corte a la luz de las sanciones impuestas este año por Estados Unidos a jueces y fiscales.

Las sanciones se derivan de una orden ejecutiva de febrero en respuesta a la emisión por parte del tribunal respaldado por la ONU de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, como presuntos autores de crímenes de guerra en Gaza.

Las sanciones pueden incluir el bloqueo del acceso financiero a propiedades o activos en Estados Unidos, así como la prohibición de viajar.

Baerbock recordó que el tribunal se fundó sobre el principio de que «la justicia es un deber universal», pero que su tarea sigue sin cumplirse.

«Durante más de dos décadas, el tribunal se ha enfrentado a la impunidad y ha demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la rendición de cuentas sigue siendo posible», afirmó. «Sin embargo, hoy, mientras somos testigos de atrocidades que siguen conmocionando la conciencia de la humanidad, es evidente que la misión del tribunal está lejos de haberse cumplido».

Ataques deliberados contra la Corte

Baerbock destacó la importancia de la cooperación internacional para las investigaciones, las detenciones y la ejecución de órdenes judiciales, así como la necesidad de independencia como garantía para asegurar que los crímenes sean juzgados en virtud del Estatuto de Roma, el tratado internacional que fundó la Corte.

Sin embargo, subrayó que la Corte no ha estado libre de interferencias.

«Se ha sancionado a funcionarios de la Corte por defender el estado de derecho y exigir responsabilidades, y sus sistemas han sido objeto de ciberataques destinados a socavar la credibilidad de la Corte», afirmó Baerbock.

«No se trata de incidentes aislados, sino de ataques deliberados contra la Corte con el objetivo de debilitar el estado de derecho y erosionar la confianza en las instituciones internacionales».

Poner fin a la «intimidación»

Una resolución presentada a la Asamblea General subraya que los funcionarios de la Corte deben poder desempeñar su mandato «sin intimidación» y «condena cualquier amenaza, ataque o injerencia contra la Corte, su personal o quienes cooperan con ella».

La presidenta del tribunal, la jueza Tomoko Akane, dijo a los delegados que las sentencias del tribunal recuerdan a la comunidad internacional que la justicia «trasciende las fronteras y los intereses», pero que cuando «los jueces son presionados, amenazados o socavados, se debilita la credibilidad del propio derecho internacional».

«Los ataques, las amenazas y las medidas coercitivas contra la Corte y sus funcionarios han persistido y siguen representando una grave amenaza para la administración de justicia por parte de la Corte y la lucha mundial contra la impunidad», añadió.

Decisiones, reparaciones

Akane describió los logros y los retos a los que se enfrenta la Corte y pidió a los Estados miembros que defiendan el sistema jurídico internacional.

Mencionó algunos casos clave ante la Corte, entre ellos los de personas acusadas de delitos graves en Sudán, Afganistán e Israel, pero recordó que las órdenes de detención solo pueden ejecutarse con la cooperación de los Estados.

Durante el año transcurrido hasta agosto, más de 18000 víctimas han participado en casos ante el tribunal.

«La Corte da voz a las víctimas, un espacio para contar sus historias y la esperanza de que se reconozca la verdad y se establezca la responsabilidad», dijo Akane antes de subrayar que las reparaciones son una parte integral de los procedimientos.

Se refirió al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, creado por los miembros de la Corte, como una herramienta que ha dado resultados tangibles, por ejemplo en Uganda, donde casi 50.000 víctimas recibieron reparaciones económicas por los crímenes de guerra cometidos contra ellas.