Irán/Nuclear: la batalla por las sanciones continúa en el Consejo de Seguridad

La escena empieza a resultar familiar. El jueves por la mañana, en Nueva York, los 15 miembros del Consejo de Seguridad se reunieron para discutir las sanciones internacionales contra Irán. Pero antes de poder hablar de su aplicación, había que ponerse de acuerdo sobre su existencia.

Rusia pidió inmediatamente una votación para anular la celebración de la reunión, considerando que el Consejo ya no está al cargo ya del expediente nuclear iraní. China la apoyó. Frente a ellas, Francia, que preside el Consejo durante el mes de septiembre, el Reino Unido y Estados Unidos defendieron exactamente la tesis inversa.

El programa de trabajo fue finalmente adoptado por 11 votos contra 2, los de Rusia y China, mientras que Somalia y Panamá se abstuvieron. La reunión podía comenzar. La disputa, sin embargo, seguía intacta.

En el centro de la batalla está el mecanismo inscrito en el acuerdo de Viena de 2015 sobre la cuestión nuclear iraní que permitía restablecer las antiguas sanciones de las Naciones Unidas contra el país en caso de incumplimiento importante de Teherán de sus compromisos.

En agosto de 2025, Francia, Alemania y el Reino Unido activaron este procedimiento. A falta de acuerdo en el Consejo para mantener el levantamiento de las sanciones en los 30 días siguientes, seis antiguas resoluciones fueron restablecidas a finales de septiembre, según los europeos, Estados Unidos y la Secretaría de la ONU. Entre ellas figura la resolución 1737, que prevé en particular un comité encargado de vigilar la aplicación de las sanciones y de rendir cuentas de sus trabajos al Consejo cada noventa días.

Dos realidades jurídicas

Para Moscú, toda esta arquitectura se basa en una ficción.

Rusia recordó el jueves que la resolución 2231, mediante la cual el Consejo había refrendado el acuerdo nuclear de 2015, había expirado el 18 de octubre de 2025. Según ella, el mecanismo de restablecimiento de las sanciones nunca se activó válidamente y el comité 1737, disuelto diez años antes, no tiene por tanto ninguna existencia jurídica.

No hay, en consecuencia, “ningún fundamento” para la reanudación de sus actividades, afirmó el representante ruso, acusando a algunos miembros del Consejo de buscar “legitimar sus afirmaciones unilaterales” sobre el retorno de las sanciones.

China retomó el mismo razonamiento. Desde el 18 de octubre, sostuvo, “el Consejo puso fin a su examen de la cuestión nuclear iraní”. Pekín considera por tanto sin mandato los informes y reuniones organizados desde entonces bajo esa bandera y estima que su mantenimiento no puede sino ahondar las divisiones y obstaculizar una solución política.

En el otro extremo de la mesa, Londres, Washington y París consideran por el contrario que el mecanismo había producido sus efectos antes de la fecha de expiración prevista por el acuerdo.

El Reino Unido recordó que el proceso había concluido el 28 de septiembre de 2025, tras la negativa del Consejo a prorrogar el levantamiento de las sanciones. Seis resoluciones son así, según Londres, de nuevo aplicables desde hace casi un año.

Washington fue más lejos, afirmando que el comité 1737 no solo está restablecido sino “operativo”, que ya ha examinado solicitudes de exención y que la Secretaría ha iniciado la selección de los miembros de su grupo de expertos.

“Los hechos son los hechos”, subrayó la representante estadounidense. “El comité 1737 existe”.

Francia se alineó con esta lectura. “Las resoluciones del Consejo sobre el programa nuclear iraní fueron restablecidas el 27 de septiembre de 2025”, declaró su representante antes de retomar su papel de presidente de la sesión. La resolución 1737 impone desde entonces al comité rendir cuentas de sus trabajos al Consejo, argumentó.

La controversia ya no es simplemente la de la interpretación de un acuerdo desaparecido. Produce dos realidades paralelas: para una parte del Consejo, un régimen de sanciones jurídicamente vinculante está en vigor; para la otra, ya no existe.

Una querella que dista de ser teórica

Esta batalla podría parecer bizantina si no concerniera a un programa nuclear sobre el que los inspectores internacionales han perdido precisamente una parte esencial de su visibilidad.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió en julio que la “continuidad de sus conocimientos” sobre las instalaciones nucleares iraníes se había roto. Los años de restricciones impuestas a las inspecciones, y luego los ataques estadounidenses contra varios sitios nucleares iraníes y la guerra desencadenada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán han reducido aún más su capacidad de reconstituir con precisión el estado del programa.

El organismo ha perdido en particular la posibilidad de verificar con certeza el destino de importantes existencias de uranio enriquecido, de las cuales 440 kilogramos enriquecidos al 60 % que seguía antes de los ataques contra las instalaciones iraníes.

Es precisamente este contexto el que da a la disputa del jueves su alcance político. Los miembros del Consejo coinciden en gran medida en un objetivo: impedir que Irán se dote del arma nuclear y favorecer una salida negociada. Pero ahora divergen incluso sobre los instrumentos jurídicos que se supone deben permitirlo.

Casi un año después de la expiración programada del acuerdo de Viena, el Consejo sigue así prisionero de una paradoja. Debe vigilar un programa nuclear cuyo estado conoce cada vez con menos precisión el OIEA, con la ayuda de sanciones cuya existencia incluso dos de sus miembros permanentes impugnan.