Expertos piden a Venezuela eliminar las trabas a la sociedad civil tras los terremotos

Expertos independientes de la ONU* pidieron este viernes a las autoridades venezolanas eliminar las restricciones que dificultan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, cuya participación consideran indispensable para la recuperación y reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio.

Según los expertos, la catástrofe ha agravado las vulnerabilidades de la población y profundizado la crisis humanitaria y de derechos humanos que Venezuela atraviesa desde hace años.

“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta”, afirmaron.

Organizaciones de derechos humanos, redes vecinales y entidades nacionales e internacionales participan en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la atención directa a las víctimas y la distribución de medicamentos, suministros sanitarios y otros servicios esenciales.

Los expertos señalaron que parte de esa asistencia no llegaría a las comunidades afectadas sin la intervención de estas organizaciones.

Restricciones legales y financieras

Pese a su papel en la emergencia, las organizaciones enfrentan obstáculos derivados de la legislación que regula a las ONG y otras asociaciones sin fines de lucro, advirtieron los expertos.

La normativa obliga a las organizaciones a inscribirse o reinscribirse ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Sin embargo, señalaron que muchos de esos procedimientos quedan paralizados por la falta de respuesta de las autoridades, lo que amenaza la continuidad jurídica de las entidades.

También cuestionaron las normas bancarias que someten a las ONG a una supervisión más estricta que a otros actores y dificultan la recepción y administración de fondos, incluidas las contribuciones procedentes del exterior.

Estas restricciones afectan tanto a las organizaciones venezolanas como a las internacionales, indicaron.

Los expertos instaron a las autoridades a facilitar la llegada de recursos y permitir mecanismos como las transferencias de efectivo a las personas damnificadas, una modalidad habitual de asistencia humanitaria que, según señalaron, actualmente no está disponible en el país.

Evitar la represión de las iniciativas ciudadanas

Los expertos también pidieron al Gobierno que instruya a las fuerzas de seguridad para que protejan las iniciativas ciudadanas de ayuda, incluidos los centros de acopio, y respeten el trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales.

Advirtieron que deben evitarse “los patrones de represión del pasado” contra quienes participan en actividades humanitarias o comunitarias.

“El Estado debe facilitar de manera prioritaria la acción humanitaria y respetar la labor de todas las asociaciones”, afirmaron.

La respuesta, añadieron, debe permitir el acceso sin trabas a la cooperación internacional y colocar los derechos y las necesidades de las víctimas en el centro.

Las comunidades deben participar en la reconstrucción

Los expertos llamaron además a Naciones Unidas, los donantes y otros actores internacionales a garantizar que las organizaciones locales puedan trabajar libremente y participar en la toma de decisiones.

Destacaron que la sociedad civil puede contribuir a supervisar el uso transparente de los recursos, defender los derechos de las comunidades y lograr que la asistencia llegue de manera más directa a las personas afectadas.

Los planes de alojamiento de emergencia, reconstrucción y recuperación a largo plazo deben contar con la participación significativa de las comunidades, incluidas las personas desplazadas dentro del país, concluyeron.

La respuesta al desastre, agregaron, debe ajustarse plenamente a las normas internacionales de derechos humanos.
 

*Las personas expertas :

• Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación;
• Cecilia M. Bailliet, Experta Independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional;
• Koldo Casla, Relator especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación a este respecto;
• Ashwini K.P., Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia;
• Elena Carolina Diaz Galan, Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos;
• Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental;
• Elizabeth Salmón, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea;
• Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos;
• Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
• Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
• Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Grażyna Baranowska (Vicepresidenta), Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez, Mohammed Al-Obaidi, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias;
• Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;
• Claudia Flores (Presidenta), Ivana Krstić (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Haina Lu, and Laura Nyirinkindi, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas;
• Elisa Morgera, Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático;
• Albert K. Barume, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas;
• Robert McCorquodale (Presidente), Fernanda Hopenhaym (Vice-Presidenta), Lyra Jakulevičienė, Damilola Olawuyi and Pichamon Yeophantong; Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas;
• Isabelle Mamadou (Presidenta), Barbara Reynolds, Catherine Namakula, Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes;
• Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Las personas relatoras especiales/expertas independientes/grupos de trabajo son personas expertas independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las personas expertas trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, las personas expertas actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor/a y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.