Sudán del Sur se enfrenta a una nueva recaída en un conflicto a gran escala a menos que se tomen medidas internacionales urgentes, advirtió el miércoles el organismo de investigación independiente designado por la ONU para examinar la situación de los derechos humanos en ese país.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur destacó la escalada de enfrentamientos armados, las detenciones políticas y las violaciones generalizadas de los derechos humanos, y pidió que se coordinaran esfuerzos para proteger a la población civil y defender la justicia.

«La transición política de Sudán del Sur se está desmoronando», declaró el comisionado Barney Afako ante la Asamblea.

«El alto el fuego no se está respetando, las detenciones políticas se han convertido en una herramienta de represión, se están violando sistemáticamente las disposiciones clave del acuerdo de paz y las fuerzas gubernamentales están llevando a cabo bombardeos aéreos en zonas civiles. Todos los indicadores apuntan a un retroceso hacia otra guerra mortal».

Se intensifican los combates

La Comisión señaló que los combates se han intensificado desde marzo, lo que ha provocado el desplazamiento interno de más de 370.000 civiles y ha empujado a muchos más a los países vecinos.

En todo Sudán del Sur, casi 2,6 millones de personas siguen desplazadas, además de unos 600.000 refugiados, en su mayoría procedentes de Sudán.

«El sufrimiento del pueblo de Sudán del Sur no es un daño colateral, sino la consecuencia directa del fracaso político», afirmó la presidenta de la comisión, Yasmin Sooka.

«Una vez más, se bombardea a la población civil, se viola a las mujeres, se desplaza a los niños y se les recluta a la fuerza para combatir, y comunidades enteras viven con miedo: todo ello es una trágica repetición del doloroso pasado de Sudán del Sur. Esta guerra contra el pueblo de Sudán del Sur es provocada por el hombre y se puede evitar».

Los investigadores destacaron la creciente complejidad del conflicto, en el que las luchas por el poder político se entremezclan con las tensiones étnicas y los agravios locales.

Las reorganizaciones gubernamentales y los nombramientos partidistas han profundizado la desconfianza entre los signatarios del Acuerdo de Paz Revitalizado de 2018, mientras que los combates localizados se están explotando para obtener beneficios políticos y militares.

Miles de millones desviados, «mientras la población pasa hambre»

El comisario Carlos Castresana Fernández relacionó la crisis con la corrupción: «Se han desviado miles de millones en ingresos petroleros mientras la población pasa hambre. Los hospitales no tienen medicamentos, las escuelas no tienen profesores y los soldados no cobran, mientras que las élites se enriquecen mediante contratos opacos y acuerdos extrapresupuestarios. La corrupción no es un efecto secundario del conflicto, es uno de sus motores», afirmó.

El informe de la Comisión también detalla la violencia sexual, el reclutamiento forzoso de niños y las ejecuciones extrajudiciales que se siguen produciendo, con la complicidad de las autoridades nacionales en algunos casos.

Las instituciones del Estado de derecho siguen sin contar con la financiación necesaria y las promesas de reformar las competencias en materia de detención no se han cumplido en su mayor parte.

Los investigadores pidieron a las Naciones Unidas, la Unión Africana y los socios regionales que garanticen la rendición de cuentas, aceleren el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur e involucren a la clase política en un proceso inclusivo.

Los apretones de manos no bastan

«La paz no se logrará con palabras ni apretones de manos», afirmó Sooka. «Se logrará con acciones concretas: poniendo fin a la impunidad, protegiendo a la población civil y creando instituciones que sirvan al pueblo, no al poder. La justicia y la rendición de cuentas no deben seguir siendo promesas aplazadas. La comunidad internacional debe ir más allá de las expresiones de preocupación y pasar a la acción concreta y coordinada. De lo contrario, el sufrimiento no hará más que intensificarse».

La Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016, es un organismo independiente encargado de investigar las violaciones de los derechos humanos en el país. Su mandato se ha renovado anualmente y sus miembros prestan servicio sin recibir ningún salario.

Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).

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