Rusia: Nueva ley impone una “muerte cívica” a críticos del Gobierno en el extranjero

Una nueva ley rusa permitirá imponer amplias restricciones económicas, administrativas y civiles a ciudadanos que viven fuera del país, incluidos críticos del Gobierno y voces contrarias a la guerra, advirtió este jueves Mariana Katzarova, relatora especial* sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia.

La experta señaló que la legislación representa una nueva herramienta de presión contra los rusos en el exilio y profundiza tanto la represión dentro del país como la que se ejerce más allá de sus fronteras. El comunicado que recoge sus declaraciones describe las consecuencias de la medida como una forma de “muerte cívica” para las personas afectadas.

La nueva legislación fue firmada el 4 de agosto por el presidente Vladimir Putin y establece “medidas restrictivas temporales” para personas que se encuentren fuera de Rusia y que, según las autoridades, estén eludiendo el cumplimiento de una sanción. El Ministerio de Justicia mantendrá una lista pública de rusos en el extranjero con condenas penales pendientes de cumplimiento o sancionados por determinadas infracciones administrativas.

De los pasaportes a las cuentas bancarias

Las personas incluidas en esa lista podrán quedar sometidas a 14 categorías de restricciones que abarcan numerosos aspectos de su vida cotidiana. Entre ellas figuran la congelación de fondos y propiedades, la suspensión de licencias y acreditaciones, la anulación de firmas electrónicas y la pérdida de acceso a los servicios digitales del Estado.

Las medidas también afectan servicios consulares como la expedición y renovación de pasaportes y el registro de matrimonios y cambios de nombre. A ello se suman restricciones para conducir y registrar vehículos, realizar operaciones inmobiliarias y actos notariales, otorgar poderes, obtener créditos, trabajar por cuenta propia o acceder a servicios bancarios de manera remota.

Aunque las autoridades presentan la legislación como un mecanismo para garantizar “la inevitabilidad del castigo”, Katzarova advirtió que su aplicación no se limita a condenas penales. También puede activarse por infracciones administrativas que la relatora considera políticamente motivadas, incluidas las relacionadas con las normas sobre “agentes extranjeros”, “organizaciones indeseables” y la censura vinculada a la guerra, como las disposiciones contra la “desacreditación de las fuerzas armadas” y las denominadas “noticias falsas” sobre el ejército. También abarca llamados a imponer sanciones o expresiones consideradas contrarias a la “integridad territorial” de Rusia.

Según la experta, los tribunales rusos han utilizado estas disposiciones desde 2022 para castigar a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas contra la guerra. Katzarova recordó además que Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, se refirió a las personas a las que se dirige la medida como “extremistas” y “traidores a la patria”.

La relatora expresó especial preocupación por la falta de garantías en el procedimiento: ningún tribunal decide quién es incluido en la lista y la persona afectada no es notificada ni escuchada. Además, pese a que las restricciones son calificadas como “temporales”, la legislación no establece un límite de tiempo para su aplicación.

Una “severa forma de represión transnacional”

Katzarova sostuvo que, en la práctica, la legislación supone un castigo dirigido de manera masiva contra críticos del Gobierno y voces contrarias a la guerra, diseñado para hacer insostenible su vida fuera de Rusia. Según explicó, las personas afectadas conservarían las obligaciones derivadas de la ciudadanía, pero perderían buena parte de los derechos y servicios asociados a ella, quedando en una situación que describió como apatridia de facto.

La experta recordó que Rusia continúa sujeta a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pidió a las autoridades derogar la nueva legislación y anular las condenas dictadas en ausencia de los acusados en casos políticamente motivados.

También instó a otros Estados a considerar la ley como una “severa forma de represión transnacional” y pidió que los países que acogen a ciudadanos rusos en situación de riesgo garanticen que puedan obtener y renovar documentos de identidad y de viaje, regularizar su residencia y conservar el acceso al empleo y a los servicios bancarios. Asimismo, solicitó que estas personas no sean devueltas por la fuerza a Rusia y que otros Estados no den efecto jurídico a las designaciones realizadas al amparo de la nueva legislación.

“La protección plena de los críticos del Gobierno, los defensores de derechos humanos y las voces contra la guerra en el exilio es fundamental para la supervivencia de la sociedad civil rusa”, afirmó Katzarova.

*Los relatores especiales, los expertos independientes y los grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan «Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos». Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no forman parte del personal de la ONU y no perciben ningún salario por su labor. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos desempeñan sus funciones a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACDH y la ONU. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o la OACDH.