Myanmar: revelan torturas sistemáticas y violencia sexual en centros de detención

En su informe anual publicado este martes, el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar (IIMM) afirmó haber logrado “avances importantes” en la documentación de crímenes y la identificación de responsables, incluidos comandantes de las fuerzas de seguridad que supervisan estos centros.

Myanmar cayó en una guerra civil tras el golpe militar de febrero de 2021 y la detención de líderes civiles, como el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La toma del poder desencadenó protestas masivas, una violenta represión contra la disidencia y un movimiento armado de resistencia nacional.

Evidencia significativa

Los crímenes detallados en el informe incluyen quemaduras en genitales, otras formas de violencia sexual y ejecuciones sumarias de combatientes capturados o civiles acusados de ser informantes.

“Hemos recopilado pruebas contundentes, incluidos testimonios de testigos, que demuestran tortura sistemática en los centros de detención de Myanmar“, declaró Nicholas Koumjian, jefe del mecanismo. “Hemos avanzado en identificar a los perpetradores, incluidos los comandantes que supervisan estos lugares, y estamos listos para apoyar a cualquier jurisdicción dispuesta a enjuiciar estos crímenes”.

Responsabilidad de mando

El informe abarca desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025 y se basa en más de 1300 fuentes, incluyendo casi 600 testimonios de testigos, fotos, videos, documentos, mapas y pruebas forenses.

También detalla investigaciones sobre ataques aéreos contra escuelas, viviendas y hospitales, incluidos incidentes posteriores al terremoto de marzo de 2025, mientras aún continuaban las labores de rescate.

Los investigadores, respaldados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, analizan la estructura de la Fuerza Aérea de Myanmar y su cadena de mando para identificar a los responsables de estos ataques.

Además, se han abierto nuevas investigaciones sobre atrocidades en el estado de Rakhine, donde el ejército y el grupo étnico Ejército de Arakan luchan por el control, junto con pesquisas en curso por crímenes contra los rohingya en 2016 y 2017.

Rendición de cuentas internacional

Las pruebas recopiladas ya han respaldado procesos ante la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y en Argentina.

Contribuyeron a que la Fiscalía de la CPI solicitara en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Min Aung Hlaing, líder militar de Myanmar, y a que un tribunal federal argentino emitiera en febrero de 2025 órdenes contra él y otras 24 personas.

“Nuestro informe muestra un aumento continuo en la frecuencia y brutalidad de las atrocidades en Myanmar”, señaló Koumjian. “Trabajamos para que llegue el día en que los perpetradores respondan ante la justicia”.

Crisis en espiral

Los combates entre el ejército, fuerzas prodemocráticas y grupos étnicos armados han desplazado a millones y sumido al país en una profunda crisis política, económica y humanitaria.

Además, Myanmar sigue enfrentando las secuelas de las operaciones militares de 2017 contra la minoría musulmana rohingya en Rakhine, calificadas entonces por la ONU como “un ejemplo de libro de limpieza étnica”. Cientos de miles huyeron a Bangladesh, donde la mayoría sigue en hacinados campos de refugiados.

Presiones financieras

Los investigadores advierten que su trabajo se ve afectado por la crisis de liquidez de la ONU, que redujo su presupuesto de 2025 a solo 73% del monto aprobado y requerirá un recorte del 20% en personal en 2026.

Para enfrentar estos desafíos —como la falta de acceso directo a testigos, riesgos de seguridad y ciberataques— el equipo ha adoptado un Plan Estratégico trienal, enfocado en fortalecer su resiliencia operativa y capacidad.