La persecución de opositores políticos persiste en Nicaragua y se extiende fuera de sus fronteras

“La persecución contra personas percibidas como opositoras políticas en Nicaragua no solo persiste, sino que se ha convertido en una práctica recurrente y puede extenderse más allá de sus fronteras, exponiendo a personas en el exilio a un alto riesgo de vida e integridad física”, afirmó este viernes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La directora de la División de Operaciones Globales de esa dependencia presentó al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre la situación de las garantías fundamentales en el país centroamericano, alertando de un gran deterioro en el ejercicio de estas.

Maarit Kohonen Sheriff refirió que entre los “opositores” blanco de abusos se incluyen defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes religiosos y laicos.

Kohonen Sheriff especificó que desde marzo pasado, el gobierno nicaragüense ha cancelado la personería jurídica de 18 organizaciones sin fines de lucro, elevando a 5535 el total de organizaciones disueltas arbitrariamente desde 2018, lo que supone más del 80% de las organizaciones registradas hasta 2017.

Se trata, abundó, de un “desmantelamiento devastador del espacio cívico”.

Amenazas a periodistas y al clero

Con respecto a la libertad de prensa, señaló que sigue siendo crítica, detalló que al menos 178 periodistas se han exiliado desde 2018, y agregó que los permanecen en el país enfrentan vigilancia constante, amenazas y censura.

Como ejemplo citó el caso del periodista Leo Cárcamo, detenido arbitrariamente en noviembre de 2024, cuyo paradero permanece desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada.

También denunció restricciones graves a la libertad religiosa, precisando que en Semana Santa, el gobierno prohibió las procesiones religiosas en espacios públicos, limitando las celebraciones al interior de templos.

El clero y los líderes laicos continúan enfrentando amenazas, interrogatorios y exilios forzados.

Poder presidencial sin límites

Además, una nueva Ley Electoral adoptada en marzo ha generado preocupación por la profundización de la concentración del poder en la Presidencia. La normativa elimina mecanismos de participación democrática como el referéndum y el plebiscito, permite el proselitismo en oficinas públicas, y restringe la conformación de partidos políticos a ciudadanos nicaragüenses, excluyendo a personas desnacionalizadas y exiliadas.

Estas reformas, sumadas a la reforma constitucional de enero de 2025, ponen en duda la existencia de un sistema multipartidista funcional. Además, perdura la incertidumbre sobre la fecha de las próximas elecciones presidenciales.

En cuanto al poder judicial, una nueva Ley Orgánica del Poder severamente su independencia.

Kohonen Sheriff explicó que la Presidencia tiene ahora la facultad de proponer al presidente de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de los procesos penales se restringe a discreción de las autoridades.

Detenciones arbitrarias

Los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes también están bajo amenaza con la aprobación de nuevas reformas sin consulta previa ni consentimiento informado, mientras continúan los ataques a sus comunidades, incluyendo asesinatos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.

La funcionaria indicó que al menos 54 personas permanecen detenidas arbitrariamente, incluidas diez personas indígenas. “Las detenciones arbitrarias continúan siendo utilizadas como una herramienta de represión política, consolidando un ambiente de miedo para silenciar las voces críticas”, apuntó Kohonen Sheriff.

Se han documentado trece posibles desapariciones forzadas, y hay denuncias de tortura y condiciones inhumanas de detención. Uno de los casos más preocupantes es el de Aníbal Martín Rivas Reed, de 62 años, con enfermedades graves y cuyo paradero es desconocido desde mayo.

Se niega la entrada al país a ciudadanos nicaragüenses

Además, en lo que va del año, se han registrado 29 casos de personas a quienes se les negó el ingreso a su propio país por motivos políticos, una práctica que ha resultado en la separación de familias y ha afectado gravemente los derechos de los niños.

Kohonen Sheriff sostuvo que Nicaragua continúa alejándose de la cooperación internacional, tras haber notificado su retiro de dos agencias de las Naciones Unidas: la dedicada a la educación y la cultura, y la de los refugiados.

La ONU urgió al gobierno nicaragüense a reanudar el diálogo y retomar su compromiso con los derechos humanos. “Nuestra Oficina reitera su disposición de brindar asistencia técnica con este objetivo”, concluyó Kohonen Sheriff.