La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas

¿Qué hay de nuevo? Con su política de “paz total”, el gobierno colombiano pretende dialogar con todos los grupos armados del país, pero no ha entablado diálogo alguno con el mayor grupo criminal armado del país, las Autodefensas Gaitanistas. Esta brecha es significativa dados los enormes recursos financieros de los gaitanistas y su afán de expansión.

¿Por qué importa? Desde su bastión en la costa atlántica, donde controlan algunas de las principales rutas de narcotráfico del país y las redes de tráfico de migrantes, los gaitanistas ejercen un control coercitivo sobre numerosas comunidades. Si permanecen al margen de las conversaciones de paz, podrían socavar las negociaciones con otros grupos o sacar provecho de su desmovilización. 

¿Qué se debe hacer? Bogotá debe iniciar un proceso de conversaciones con los gaitanistas que se vayan volviendo más sustanciales progresivamente, con el objetivo, en primer lugar, de reducir la violencia contra la población civil y, en segundo lugar, de discutir las condiciones legales para la entrega de armas. Al mismo tiempo, la policía y el ejército deben continuar sus operaciones para proteger a los civiles y presionar al grupo para que entable conversaciones.

Aunque el presidente colombiano Gustavo Petro ha hecho de las conversaciones con grupos armados un objetivo esencial de su gobierno, las poderosas Autodefensas Gaitanistas de Colombia permanecen en gran medida al margen de su iniciativa de “paz total”. Las consecuencias de esto pueden tener un gran impacto. Los gaitanistas (también conocidos como el Clan del Golfo, apelativo que rechazan), integrados inicialmente por combatientes alineados con grupos paramilitares y guerrilleros de Colombia, cuentan ahora con unos 9000 integrantes y son la organización criminal más rica del país. Controlan gran parte de las zonas rurales del norte del país, manejan la mayor parte del narcotráfico y supervisan un extenso tráfico de inmigrantes. Petro esperaba que los gaitanistas lograran ser contenidos a través de diálogos, pero su administración ha tenido dificultades para poner en marcha las negociaciones. Obstáculos legales, desconfianza y las desmedidas expectativas de los cabecillas gaitanistas han frustrado los avances. Las autoridades deben diseñar una estrategia para convencer al grupo de entablar conversaciones destinadas a reducir de inmediato la violencia contra la población civil y, en última instancia, desarmar a la mayor cantidad posible sus miembros, mientras que los presionan a la vez a través de operaciones militares y policiales continuas.

Los gaitanistas preocupan a las autoridades colombianas no sólo porque sus filas están creciendo, sino también porque representan una amenaza a la agenda de “paz total” de Petro. El grupo pone en riesgo todas las negociaciones en curso, incluidos los diálogos del gobierno con la insurgencia de izquierda del Ejército de Liberación Nacional y con dos facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas por el gobierno como Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia. Los gaitanistas se enfrentan con los dos primeros grupos por territorio a lo largo de la costa del Pacífico, cerca de la frontera con Venezuela, alrededor de los principales puertos y en el rico corazón agrícola del país. Es probable que ningún otro grupo armado contemple la posibilidad de deponer las armas mientras los gaitanistas estén asechando para apoderarse de sus antiguos territorios y negocios.

El nuevo estatus de los gaitanistas como potenciales saboteadores de la “paz total” se produce tras casi dos décadas de evolución que los ha llevado a convertirse en una organización compleja y jerárquica que gobierna e impone control social. Fundada en 2007, fusionó a antiguos comandantes paramilitares de derecha con veteranos de movimientos guerrilleros de izquierda. Actualmente, decenas de exintegrantes de las FARC se han unido a los gaitanistas, al igual que cientos de exsoldados. El resultado es una organización con una voluntad de expansión al estilo de los paramilitares, que aplica un nivel de disciplina típico de los movimientos guerrilleros y que opera con la precisión de una empresa multinacional. Está estructurada como un ejército convencional, pero también contrata civiles para desempeñar funciones que incluyen la contabilidad y organización política.

En las zonas que dominan, los gaitanistas son los árbitros de la vida cotidiana y se calcula que obtienen unos $4400 millones de dólares al año por sus actividades en el tráfico de drogas, armas y migrantes y la minería ilegal. Sin embargo, en lugar de depender exclusivamente de una actividad ilícita, han perfeccionado su capacidad para monetizar el control territorial, sobre todo cerca de la costa atlántica, un punto de tránsito clave en el tráfico de cocaína. Gravan a los narcotraficantes, pero también a las compañías mineras multinacionales. Cobran a los grandes terratenientes por “protección” mientras extorsionan a los campesinos, exigiéndoles parte de su producción.

Del mismo modo que regulan las actividades económicas a beneficio propio, los gaitanistas intentan cada vez más moldear a las comunidades y al gobierno local a su imagen. Muchos habitantes de las zonas rurales afirman que ven al grupo, que recluta a gran escala, como la principal y única fuente de empleo en zonas desprovistas de otras oportunidades. Como parte de su intento por cooptar a la población, ponen topes a los precios de los alimentos básicos y reparten regalos a los niños. Pero también aplican técnicas coercitivas. Construyen extensas redes de inteligencia civil y castigan, a veces con violencia, las palabras o acciones que consideren reprochables. Mientras tanto, las juntas de acción comunal electas deben consultar con los gaitanistas sus decisiones, en parte porque dependen del grupo para financiar proyectos como la pavimentación de carreteras o el arreglo de escuelas.

La importancia de los gaitanistas tanto en el crimen como en el conflicto colombiano hace que su participación sea esencial para el éxito de la “paz total” y, al mismo tiempo, complica los esfuerzos para incluirlos. El gobierno ha tenido dificultades para entablar conversaciones con el grupo en medio de protestas del Congreso y la Fiscalía General sobre la perspectiva de negociar con criminales. Si bien el gobierno tiene toda la autoridad que necesita para iniciar conversaciones, el Congreso no le ha dado vía libre para negociar la desmovilización de un grupo criminal ni ofrecerle incentivos para cooperar. Las reformas legislativas necesarias para este fin han resultado difíciles de conseguir, por lo que el gobierno depende en gran medida de los militares para contener a los gaitanistas.

Pero una estrategia puramente militar tiene pocas posibilidades frente a un grupo con los recursos y la experiencia que los gaitanistas han acumulado. Además, el grupo se ha ido volviendo cada vez más temible y audaz. Afirma que se ha transformado en una organización política que representa a los campesinos y a otras personas de las zonas rurales donde la presencia del Estado es escasa y los servicios inexistentes, y sus demandas son más amplias que hace siete años, cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos exploró la posibilidad de negociar con ellos.

En este contexto, el desafío del gobierno será encontrar una manera de incluir a los gaitanistas (o a la mayoría de ellos) bajo el paraguas de la “paz total”, mientras trabaja para proteger a las comunidades vulnerables bajo su control. Como primer paso, la administración de Petro podría establecer un canal de diálogo con el grupo con la esperanza de desarrollar medidas que generen confianza, como poner fin a las amenazas de los gaitanistas contra los líderes de las comunidades locales. Si este paso resulta exitoso, las dos partes podrían poner en marcha iniciativas regionales de reducción de la violencia. Una vez que se haya creado suficiente confianza entre las partes, el objetivo debe ser establecer unas conversaciones abiertas dirigidas a desmovilizar al mayor número posible de gaitanistas. Mientras tanto, la presión militar continua será vital para proteger a los civiles y persuadir al grupo para que se adhiera a un diálogo de buena fe.

Atrincherados en sus bastiones rurales y costeros, es probable que los gaitanistas jueguen un papel central en el crimen y el conflicto colombiano durante los próximos años. Aunque el gobierno tiene limitado espacio de maniobra, puede convencer a algunos sectores del grupo para que deserten y ayuden a proteger a las comunidades que tienen que soportar la peor parte del su poder coercitivo. No es posible garantizar que este esfuerzo tendrá siquiera un éxito moderado, pero si el objetivo es la “paz total”, no queda otra opción más que intentarlo.

Bogotá/Nueva York/Washington/Bruselas, 19 de marzo de 2024

Producto de tres décadas de guerra, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) están compuestas por combatientes de al menos cuatro grupos armados ya desaparecidos, así como por numerosos exsoldados[1]. Con miembros provenientes tanto de las antiguas guerrillas marxistas de Colombia como de las fuerzas paramilitares de derecha, así como del ejército, el grupo tiene presencia en aproximadamente un tercio de los municipios del país. Está involucrado en varios tipos de delitos, en particular el narcotráfico y la extorsión. En términos de número de integrantes y presencia territorial, los gaitanistas constituyen actualmente la mayor operación armada no estatal del país[2]. También son, con casi plena seguridad, el grupo mejor preparado para convertirse en un imperio criminal, con la ambición declarada de dominar toda la costa atlántica y la pacífica, así como las zonas agrícolas más productivas de la Colombia rural[3]. Se calcula que sus filas crecen aproximadamente un 20 por ciento cada seis meses[4].

Los gaitanistas, también conocidos coloquialmente como el Clan del Golfo (apelativo que rechazan), se han convertido en uno de los principales dolores de cabeza del Estado en materia de seguridad[5]. Durante años, bajo sucesivas administraciones, el ejército y la policía de Colombia realizaron ofensivas destinadas a capturar o dar de baja a líderes gaitanistas, las cuales no lograron frenar el crecimiento de la organización. En 2016, el expresidente Juan Manuel Santos los clasificó como un grupo armado organizado parte en el conflicto interno colombiano[6]. Al año siguiente, después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaran un acuerdo de paz con el Estado, los gaitanistas se acercaron al gobierno de Santos buscando conversaciones sobre su desmovilización[7]. El diálogo entre los representantes del grupo y funcionarios estatales finalmente colapsó y los gaitanistas aprovecharon el momento para ocupar el territorio del que las FARC habían salido, iniciando un nuevo período de rápida expansión[8].

Desde 2017, los gaitanistas se han vuelto más grandes, más fuertes y más ricos. Actualmente, son el grupo vinculado al narcotráfico más grande de Colombia, exportando unas veinte toneladas de cocaína al mes en 2021[9]. Podría decirse que son los vencedores en la contienda nacional por hacerse cargo de los negocios criminales abandonados por las FARC, con poder sobre numerosos territorios que alguna vez estuvieron en manos de los rebeldes. En las zonas bajo su control, emplean una combinación de violencia y cooptación para silenciar y disciplinar a la población civil. Al mismo tiempo, su retórica ha adquirido un tono político cada vez más pronunciado. A modo de ejemplo, un exlíder del grupo le dijo a Crisis Group que “algo que la autodefensa [gaitanista] tiene muy claro es que mientras no haya quien controle el territorio, y el Estado no sea capaz, ellos se tienen que quedar y controlar”[10].

Con su control territorial y su disposición para emplear la violencia, los gaitanistas también se han convertido en uno de los principales obstáculos para los esfuerzos del presidente colombiano Gustavo Petro por lograr una “paz total”[1]. La elección de Petro en agosto de 2022 marcó la primera vez que un político de izquierda llegara a la presidencia del país en décadas. Al asumir el cargo, Petro y altos funcionarios de su gobierno argumentaron que poner fin a años de conflicto dependía de negociar no sólo con las insurgencias de izquierda sino también con todos los demás grupos armados y criminales del país. El gobierno también prometió trabajar para remediar las causas que impulsan los ciclos de violencia (desde la pobreza rural hasta la desigualdad masiva)[2].

Sin embargo, a pesar del aparente interés de ambas partes, establecer un diálogo con los gaitanistas es más fácil de decir que de hacer. El grupo ha expresado repetidamente su interés por dialogar con las autoridades. El gobierno de Petro, que está negociando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una facción de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC) y varias bandas urbanas, y que tiene planes de empezar diálogos con otra disidencia conocida como Segunda Marquetalia, ha demostrado que también está dispuesto a dialogar con los gaitanistas. Funcionarios del gobierno sostuvieron reuniones exploratorias con el grupo, pero el esfuerzo se ha estancado debido a obstáculos legales, la hostilidad de la opinión pública y exigencias específicas de los líderes gaitanistas. Como resultado, los gaitanistas son ahora el único de los principales grupos del país que no tiene una línea de comunicación clara con el gobierno y, por tanto, ningún horizonte para las negociaciones. Esto significa que carecen del incentivo que tienen otros grupos para reducir la violencia contra la población civil y limitar sus actividades delictivas. De este modo, este grupo sigue sometiendo a las comunidades, presionando a los grupos rivales y saboteando las conversaciones de paz entre dichos grupos y el gobierno.

Este informe pretende contribuir a una mejor comprensión de los gaitanistas, una organización armada que podría determinar en gran medida el curso de la delincuencia y la violencia en Colombia en los próximos años. También explora las razones para incluirlos en el esfuerzo de “paz total”, una posible estructura para generar confianza y entablar conversaciones, y los pasos que debe dar el gobierno para proteger a la población civil bajo su control, independientemente de que las conversaciones avancen o no. El informe se basa en años de trabajo de Crisis Group para poner fin a los conflictos armados en América Latina, así como en su trabajo sobre Colombia y la iniciativa de “paz total” en particular[3]. Se basa en 175 entrevistas, aproximadamente un tercio de ellas con mujeres; entre las personas entrevistadas se incluyen líderes gaitanistas actuales y retirados, líderes comunitarios, residentes y autoridades locales, oficiales militares y funcionarios gubernamentales, entre otros, en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba y Sucre, así como Bogotá y Medellín.
 

Los gaitanistas surgieron después de la desmovilización de las fuerzas paramilitares de derecha a principios de la década de 2000, aprovechando las oportunidades para ganar dinero que presentaban diversas redes criminales, forjando lazos con funcionarios públicos y explotando los puntos ciegos de las fuerzas de seguridad colombianas. Actualmente los gaitanistas son en parte una empresa criminal, en parte un grupo armado y en parte un conglomerado comercial transfronterizo. La organización ha asimilado décadas de lecciones de los conflictos armados colombianos sobre cómo poner el control del territorio y las comunidades al servicio de los intereses empresariales.

Los orígenes de los gaitanistas se remontan a un movimiento disidente de la antigua insurgencia de izquierda conocida como el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se negó a hacer parte de un programa de desmovilización en 1991 en Córdoba, un departamento del norte de Colombia[1]. Alegando temores por su seguridad personal, estos guerrilleros permanecieron en armas hasta 1996, cuando llegaron a un acuerdo con unas nacientes “autodefensas” locales como forma de protegerse[2]. Los disidentes del EPL depusieron sus armas en un acto público, pero en realidad se unieron a las filas de una fuerza paramilitar que se estaba gestando bajo los auspicios de una acaudalada familia de terratenientes, los Castaño. Los hermanos Carlos y Vicente Castaño, junto con otros autoproclamados líderes, emergieron como jefes de este grupo paramilitar en la década de 1990, el cual más tarde pasó a ser conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia[3]. Este matrimonio entre combatientes de izquierda y derecha creó un núcleo de comandantes que años más tarde conformarían los gaitanistas[4]. 

Durante la década de 1990 y principios de la de 2000, los paramilitares utilizaron tácticas de tierra arrasada para “limpiar” vastas regiones de Colombia de las guerrillas de las FARC. Trabajando directamente con las fuerzas de seguridad del Estado en algunos casos, perpetraron una serie de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra[5]. Mientras expulsaban a las FARC, fueron consolidando sus propios intereses comerciales, entre otras mediante la apropiación de tierras, malversación de contratos con las autoridades estatales y “vacunas”, un tipo de extorsión en la que exigen pagos por protección, que pusieron a prueba la paciencia incluso de sus partidarios[6].

Nominalmente un movimiento contrainsurgente, los paramilitares se aliaron desde el principio con las redes de narcotráfico como una forma de generar ingresos y ampliar su alcance territorial[1]. La riqueza de la familia Castaño provenía en gran parte de su alianza en la década de 1980 con el narcotraficante Pablo Escobar. Con el fin de proteger sus intereses económicos, los hermanos luego cambiaron de bando y colaboraron con las fuerzas de seguridad, proporcionando información que condujo a la muerte de Escobar en 1993[2]. Uno de los comandantes de los paramilitares era Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien aspiraba en convertirse en el principal jefe criminal de la ciudad de Medellín[3]. Años más tarde, en 2017, cuando los gaitanistas y el gobierno colombiano exploraban la posibilidad de entablar conversaciones, intermediarios cercanos a Don Berna sirvieron como portavoces del grupo[4].

Aun así, el narcotráfico no era la única fuente de ingresos para los paramilitares, como tampoco lo ha sido para los gaitanistas. A lo largo de sus diversas fases, estas organizaciones han sido apoyadas y financiadas por ciertos grandes terratenientes y ganaderos que buscaban protección de los ataques de la guerrilla, en particular la apropiación de tierras y los secuestros[5]. Estas alianzas entre sectores de la élite terrateniente y los gaitanistas persisten hoy en algunas partes de Colombia. Como explicó un exintegrante de alto rango del grupo, “los empresarios buscan que las de autodefensas nunca se vayan, porque son ellas quienes garantizan que no vayan a haber atropellos de otros grupos”[6].

A mediados de la década de 1990, sucesivos gobiernos colombianos respaldaron un marco jurídico que permitía la creación de grupos paramilitares de autodefensa como una forma de defenderse de las guerrillas, fomentando la colaboración entre estos grupos, funcionarios estatales y las fuerzas de seguridad[1]. Pero a medida que aumentaba el rechazo público por los crímenes de estos grupos y una sentencia de la Corte Constitucional de 1997 puso límites a las transferencias de armas del Estado a los grupos, los paramilitares comenzaron a perder el respaldo de las autoridades de Bogotá[2]. Las fuerzas de autodefensa fueron proscritas durante el gobierno del presidente conservador Andrés Pastrana, quien asumió el poder en 1998 y comenzó a atacar a los paramilitares en 2000[3].

Fue el presidente Álvaro Uribe, cuyo gobierno inició una importante ofensiva respaldada por EE. UU. contra la guerrilla en 2002, quien abrió el camino para negociar la desmovilización de los principales bloques paramilitares[4]. Para entonces, los paramilitares habían permeado la élite política, y controlaban aproximadamente el 35 por ciento del Congreso, así como cargos regionales de elección popular[5]. Como los paramilitares confiaban en que el apoyo de la legislatura aseguraría un trato judicial favorable, los principales bloques iniciaron negociaciones para discutir un cese de hostilidades y los pasos hacia el desarme antes de que existiera un marco legal para ese fin[6]. En lo que se conoció como el acuerdo de Santa Fe de Ralito, bloques individuales comenzaron a deponer las armas[7]. Mientras tanto, la Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso en 2005, redujo las penas de prisión a cambio de testimonios veraces de miembros de los paramilitares sobre las atrocidades cometidas en el pasado[8].

Más de 30 000 paramilitares se entregaron al Estado, asumiendo que recibirían los beneficios descritos en la nueva ley. Pero el proceso no fue nada sencillo. La Corte Constitucional anuló varios artículos clave de la ley, insistiendo en que las redes paramilitares fueran desmanteladas como condición previa para cualquier reducción de las penas de prisión. El Congreso modificó la ley y la desmovilización pudo continuar[9]. La mayoría de los jefes paramilitares permanecieron libres hasta agosto de 2006, cuando catorce fueron capturados simultáneamente, pero de manera independiente por presuntamente reanudar las actividades delictivas. Luego, el gobierno extraditó a los principales líderes a EE. UU., en una medida que sorprendió tanto a la opinión pública como a los comandantes encarcelados[10].

Los mandos medios, incluida la futura cúpula gaitanista, junto con las bases, tuvieron que conformarse con un limitado programa de reintegración económica y social. Varios futuros gaitanistas regresaron a la vida civil y sobrevivieron a través de iniciativas como la piscicultura y el cultivo de cítricos[11]. Otros combatientes desmovilizados se dedicaron a lo que mejor sabían hacer, formaron empresas de seguridad privada, para ganarse la vida. Pero, como sugirió la Corte Constitucional que podría suceder, las redes paramilitares nunca fueron disueltas por completo. En la ciudad de Barrancabermeja, un oficial militar explicó, “los paramilitares se desmovilizaron, pero nunca salieron realmente. … En papel la desmovilización se hizo, pero el control nunca se soltó”[12].

Los miembros gaitanistas dijeron que acabaron volviendo a la delincuencia debido a la inseguridad[1]. Más de 2000 excombatientes paramilitares han sido asesinados desde su desmovilización, muchos de ellos por represalias de grupos rivales o porque se rehusaron a volver a la vida criminal[2]. Varios altos mandos paramilitares también fueron asesinados durante las primeras fases de las conversaciones con el gobierno, incluido Carlos Castaño en 2004[3]. En algunos casos, los peligros que enfrentaron los excombatientes paramilitares provenían de sus conexiones con las fuerzas de seguridad colombianas. “Cuando el ejército, el DAS [servicio de inteligencia] y policía iban hacer operaciones”, recordó un exparamilitar, “me llamaban a mí a la fundación porque yo era muy conocedor de las zonas, a pedir recomendaciones para los operativos, ahí me gane un poco de enemigos otra vez”[4].

En medio de estas frustraciones por las dificultades para reiniciar una vida civil pacífica, así como los temores de ser extraditados a EE. UU., Vicente Castaño, el exlíder paramilitar, “nos hizo la llamada a retomar las armas” en 2007, relató un exgaitanista[5]. Castaño destacó la importancia de restablecer “el orden y el control” en el corazón del paramilitarismo en Urabá y Córdoba, en el norte de Colombia[6]. Pocos días después de ponerse en contacto con antiguos compañeros, Castaño desapareció; se le da por muerto, aunque su cuerpo nunca ha sido encontrado[7]. 

A pesar de esta pérdida, y posiblemente incluso motivados por ella, los gaitanistas comenzaron a formarse bajo el liderazgo de Daniel Rendón Herrera, o Don Mario, un viejo amigo de Vicente Castaño que había manejado las finanzas de una rama de los paramilitares en el sur de Colombia[8]. Un grupo de antiguos líderes paramilitares se dispuso a reconstruir sus fuerzas. Según Rendón Herrera, convocaron a 26 mandos medios paramilitares, que a su vez recibieron instrucciones de convocar a sus antiguos tenientes[9]. Los comandantes también realizaron un censo en antiguos bastiones paramilitares como los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba y Bolívar, en los que se informó que 12 000 personas entre dieciocho y 25 años expresaron interés en retomar las armas[10].

El nuevo grupo armado se autodenominó Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un nombre que afirmaba la identidad de sus miembros como antiguos paramilitares y evocaba a Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial del partido Liberal cuyo asesinato en 1948 desencadenó una guerra con el partido Conservador[11]. Los gaitanistas adoptaron los antiguos estatutos de las AUC, pero dicen que decidieron modificar dos elementos. En primer lugar, alegando su decepción por la desmovilización paramilitar y su desconfianza en el Estado colombiano, afirman haber decidido abstenerse de firmar contratos con el sector público, a pesar de que éstos habían sido una importante fuente de ingresos para los paramilitares antes de la desmovilización. En segundo lugar, dicen haberse comprometido a poner fin a la común práctica paramilitar de asumir que todos los civiles en áreas controladas por las FARC u otras insurgencias eran simpatizantes del enemigo, “justificando” así la violencia indiscriminada[12].

Con el apoyo de terratenientes amigos y grandes comerciantes locales, quienes adelantaron dinero en efectivo para pagar los salarios mientras los gaitanistas lograban restablecer sus actividades ilícitas, el grupo comenzó a reclutar y rearmarse[13]. En las zonas que comenzaron a reocupar, primero en Urabá y Córdoba, los comandantes gaitanistas locales obligaban a un miembro de cada familia a asistir a una sesión de capacitación sobre “qué hacer si otro grupo armado llega a atropellar”[14]. Cuando Don Mario fue capturado en San Pedro de Urabá, Antioquia, en 2009, el grupo afirmaba tener 6000 miembros[15]. 

Tras la detención de Don Mario, Dairo Úsuga, alias Otoniel, se convirtió en el nuevo líder y presidió más de una década de expansión continua. Reclutado por primera vez por el EPL cuando era niño, Otoniel trajo consigo a varios otros exguerrilleros al núcleo del liderazgo gaitanista. Durante este tiempo, la organización creció en parte creando alianzas con grupos criminales a lo largo y ancho de la costa atlántica, los cuales operaban con cierta autonomía, pero respondían (y casi con seguridad compartían ganancias con) el liderazgo gaitanista[16]. Este modelo presentaba riesgos para la cohesión del grupo, de los cuales el principal fue el surgimiento de una facción disidente conocida como los Caparrapos. A partir de 2016, los gaitanistas se enfrentaron con esta facción en la región del Bajo Cauca, derrotándolo sólo cinco años después[17]. 

Bajo Otoniel, los gaitanistas también intentaron crear una identidad más política, revisaron los estatutos internos que rigen la estructura y los objetivos del grupo, diseñaron una bandera, compusieron un himno y una oración, y redactaron un conjunto de ideales políticos[18]. El grupo se describió a sí mismo como una fuerza de autodefensa para “defender las clases media y baja sin atropellar a los ricos”[19].

Gran parte de lo que se conoce sobre las posibles posiciones de negociación de los gaitanistas proviene de este momento en la historia del grupo y de un intento previo de diálogo en 2017 y 2018, bajo el expresidente Santos, el cual fracasó porque el grupo criminal rechazó los términos judiciales ofrecidos y el gobierno no logró convencer al Congreso y a la Fiscalía General de la Nación para que permitiera condiciones más favorables[1]. En ese momento, la cúpula gaitanista estaba bajo una fuerte presión militar como resultado de la campaña militar Agamenón, que empezó en 2015, y las conversaciones comenzaron con el entendimiento de que sólo discutirían las condiciones para la desmovilización, las cuales posteriormente se plasmarían en una ley. En el transcurso de 28 reuniones, las partes abordaron la cuestión de las confesiones de altos mandos gaitanistas sobre atrocidades y participación en mercados ilícitos a cambio de una reducción penas[2]. La administración Santos también buscó garantías de que el grupo estaba en capacidad de cumplir sus promesas de desmovilizar a su base, así como proporcionar información sobre colaboradores en el gobierno, el ejército y otros sectores[3].

Citando los altos índices de asesinatos de excombatientes de dos grupos predecesores, el EPL y los paramilitares, los gaitanistas insistieron en que la seguridad de sus miembros tras la desmovilización era su principal prioridad[1]. Asimismo, argumentaron que muchos de sus miembros habían regresado a las armas debido a las dificultades económicas en la vida civil. En respuesta, el gobierno de Santos propuso un proceso de desmovilización regional, comenzando en los bastiones del grupo y desplazándose gradualmente a otras áreas[2]. A pesar de los avances, para entonces el gobierno de Santos había perdido parte de su base de apoyo en el Congreso, y la ley final de sometimiento a la justicia aprobada en 2018 incluía penas más largas y menos concesiones de las previstas. Esta oferta no llenó las expectativas gaitanistas y el proceso fracasó[3].

Después de estas negociaciones inconclusas, la administración del presidente Iván Duque continuó la ofensiva militar y policial iniciada por su predecesor, lo que llevó al arresto de Otoniel en 2021 y a su extradición a EE. UU. apenas unas semanas después. Desde entonces, la mayor parte del antiguo círculo de confianza de Otoniel también ha sido capturado o asesinado. Sin embargo, el grupo también se ha vuelto más unido y jerárquico, con una clara cadena de mando bajo el liderazgo de Jobanis Ávila Villadiego, alias Javier o Chiquito Malo[4].

La elección del presidente Petro en segunda vuelta contra Rodolfo Hernández en junio de 2022 supuso un drástico cambio en la forma en la que Colombia aborda el conflicto. Petro obtuvo un gran respaldo en las zonas rurales afectadas por el conflicto, en parte gracias a su promesa de iniciar conversaciones con los grupos armados y criminales que dominan y aterrorizan partes del país. Su promesa contrastaba radicalmente con la política de su predecesor, el presidente Iván Duque, quien había centrado su campaña presidencial en las críticas contra el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, firmado dos años antes de que asumiera el cargo. Una vez en la presidencia, Duque se opuso en gran medida a dialogar con grupos armados[1]. 

Tras la victoria de Petro en las urnas, las organizaciones armadas reaccionaron casi de inmediato ante la perspectiva de diálogo que se les presentaba. La violencia se disparó en los dos meses transcurridos entre el triunfo de Petro en la segunda vuelta y su toma de posesión, a medida que los grupos luchaban por fortalecer sus posiciones de negociación, ganar territorio y purgar de la población civil a presuntos colaboradores de sus enemigos[2].

Los gaitanistas tenían grandes esperanzas puestas en Petro, un excombatiente del desmovilizado movimiento guerrillero urbano M-19. En algunas zonas, les aconsejaron a los habitantes que votaran por Petro, en una mezcla de optimismo y cinismo, anhelando que llevara a cabo las negociaciones, pero también porque, según explicó un analista local, “como él es un exguerrillero, [si es elegido] los terratenientes van a estar más dispuestos a colaborarles [a los gaitanistas]” para proteger sus intereses[1].

Según algunos informes, los gaitanistas creían que la administración de Petro estaba dispuesta a ofrecerles sustanciales incentivos para que depusieran las armas. Personas cercanas a la campaña de Petro (aunque no oficialmente vinculadas a esta) ingresaron en varias ocasiones a prisiones colombianas y hablaron con reclusos cercanos al grupo. En estas conversaciones, los participantes discutieron la posibilidad de que los gaitanistas obtuvieran una reducción de penas a través de un sistema de justicia transicional bajo el nuevo gobierno de Petro[1]. Los dirigentes gaitanistas se sintieron atraídos por parte de lo planteado durante estas reuniones privadas y públicamente durante la campaña electoral que sentían iba dirigido a ellos. Entre esto se incluía la idea del “perdón social”, en el que los delincuentes podrían reintegrarse a la vida civil a cambio de un testimonio veraz sobre sus crímenes y una pena de cárcel limitada[2]. Los líderes del grupo asumieron estas conversaciones iniciales eran compromisos firmes, y más tarde se quejaron de haber sido “engañados” por el gobierno[3].

Los gaitanistas respondieron al llamado inicial de Danilo Rueda, quien en ese momento se desempeñaba como alto comisionado para la Paz del gobierno de Petro, en el que les pedía a todos los grupos armados abstenerse de cometer asesinatos, torturas y desapariciones forzadas como gesto de buena voluntad[4]. Personas cercanas al grupo explicaron a Crisis Group que, si bien no era realista esperar una desmovilización, reducir la violencia era posible[5]. Cuando Petro asumió el cargo el 7 de agosto de 2022, los gaitanistas anunciaron un cese unilateral de acciones ofensivas contra los militares que, según dicen, sigue vigente hasta el día de hoy[6]. El gobierno sostuvo unas pocas reuniones con los gaitanistas a finales de 2022[7]. Poco después, el grupo nombró a un abogado y a otros dos facilitadores civiles para que los representaran en las conversaciones con funcionarios del gobierno de Petro[8].

Estos gestos iniciales despertaron el optimismo entre los civiles que residen en los bastiones gaitanistas y, hasta el día de hoy, el apoyo popular a las conversaciones en estas zonas parece alto. Como lo expresó un líder campesino en una zona productora de coca, “si negociamos con ellos, no perdemos nada. Es necesario. Es posible, y es urgente. La salida negociada de las FARC fue una bendición para esta región, pero aún más sería la salida de este grupo”[9]. Al mismo tiempo, sin embargo, los residentes reportan que los gaitanistas empezaron a dominarlos de manera más cercana desde el comienzo de la iniciativa de “paz total”, ya que el grupo intentaba demostrar el alcance de su control territorial y social[10]. Un líder afrocolombiano en Montes de María, cerca de la costa atlántica, explicó:

Apenas habló Petro de la paz total, de inmediato hubo un cambio en el territorio. El grupo siempre estuvo, pero no como después de esa fecha. … El conflicto cambió. Hay más acoso a los liderazgos, más reclutamiento, más política, más presencia, más presión financiera [extorsión][11].

Las comunicaciones entre el gobierno y los gaitanistas avanzaron lentamente en los primeros meses del gobierno de Petro, hasta que el Congreso aprobó una legislación que establecía un marco para conversaciones formales, conocida como la Ley de Paz Total[12]. Rueda había argumentado que el Estado debe estar preparado para negociar con todos los grupos armados y criminales, ya que todos habían surgido de la misma historia de conflicto violento. Sin embargo, el gobierno encontró una fuerte oposición en el Congreso a la idea de dialogar con grupos criminales que no fueran considerados insurgencias tradicionales con ideologías definidas[13]. En un intento por permitir que dicho diálogo se lleve a cabo, la nueva ley autoriza al gobierno a discutir una gama limitada de cuestiones sociales y legales con “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, una nueva categoría jurídica que agrupa a una variedad de grupos, desde los gaitanistas hasta pandillas urbanas. El gobierno prometió apoyar nuevas leyes que permitan la desmovilización masiva de grupos criminales organizados, entre las que se encuentra la conocida coloquialmente como la Ley de Sometimiento[14].

Al introducir el “crimen de alto impacto” como una nueva clasificación jurídica, el gobierno de Petro consolidó la antigua diferenciación que establece la ley colombiana entre organizaciones políticas y criminales. Desde 2012, la Constitución colombiana distingue entre grupos que luchan por causas políticas y otros que persiguen el enriquecimiento personal, y solo los primeros pueden ser objeto de negociaciones en materia de reforma política y social (ver Anexo B). Esta distinción es independiente de la cuestión de si un grupo cumple con los estándares definidos en las normas jurídicas internacionales para ser considerado parte en un conflicto armado interno (lo que depende del novel de cohesión organizacional y del grado de participación en combates sostenidos) y, por lo tanto, puede ser objeto de ataques letales con base en dicho estatus. Los gaitanistas, argumenta la administración de Petro, son parte en un conflicto armado, pero no pueden ser considerados actores políticos.

El 31 de diciembre de 2022, Petro decretó el cese al fuego con cinco grupos, entre ellos los gaitanistas, como gesto de confianza para un futuro diálogo[1]. Sin embargo, dada la diferenciación entre insurgencias y grupos criminales de alto impacto en la Ley de Paz Total, la Fiscalía General objetó, diciendo que los decretos para estos últimos serían ilegales, y se negó a levantar las órdenes de captura contra potenciales negociadores gaitanistas, lo que sí hizo para representantes de otros grupos armados[2]. Los militares, por su parte, recibieron instrucciones contradictorias. La presidencia les dijo que cesaran las hostilidades ante los gaitanistas, pero la Procuraduría General les dijo que no lo hicieran o podrían enfrentar procesos disciplinarios por incumplimiento del deber[3]. Las instrucciones contradictorias básicamente congelaban las operaciones contra los gaitanistas y otros grupos criminales, excepto cuando fueran sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia[4]. 

En marzo de 2023, los ministros de Justicia y del Interior presentaron un proyecto de Ley de Sometimiento que establecía las disposiciones para regular la desmovilización masiva de grupos criminales. La ley planteaba penas de prisión de seis a ocho años para miembros de grupos criminales que cumplieran con las condiciones del proceso y participaran en actividades de justicia restaurativa como servicio comunitario. El proyecto de ley también permitiría la amnistía y legalización de un pequeño porcentaje del dinero mal habido[5]. Sin embargo, personas cercanas a los gaitanistas dicen que la ley no era aceptable para ellos y no ofrecía suficientes incentivos para que el grupo (o cualquier otra organización criminal) depusiera las armas[6]. Los legisladores también encontraron mucho que criticar en el proyecto de ley y lo archivaron en junio. Las posibilidades de que se reactive son escasas[7]. 

Incluso antes de que la ley se hundiera en el Congreso, las relaciones con los gaitanistas se habían deteriorado notablemente. El gobierno se quejó de que sus facilitadores en la contraparte no habían mantenido la confidencialidad en las conversaciones[8]. Por su parte, los gaitanistas alegaron que sus interlocutores estatales simpatizaban más con los movimientos guerrilleros que con ellos. Las tensiones estallaron el 19 de marzo cuando Petro suspendió el alto al fuego antes mencionado con los gaitanistas, diciendo que el grupo estaba detrás del sabotaje de infraestructuras públicas, incluido un ataque contra un acueducto y varios camiones, como parte de una protesta de mineros informales en la región central del país[9]. Los gaitanistas cuestionaron esta afirmación, argumentando que el ELN (también activo en la zona) era el responsable. Poco después, el ejército reactivó una serie de campañas contra líderes gaitanistas[10]. Éstas siguen en marcha. En febrero, Petro declaró que “si no son capaces de desmantelarse, serán destruidos por el Estado”[11].

El contacto entre el gobierno y el grupo cesó en los días posteriores a la suspensión del alto al fuego. La administración Petro también se retractó de las resoluciones legales que habían acreditado a los facilitadores civiles de los gaitanistas para entablar diálogos con el gobierno[12]. A finales de 2023, funcionarios dijeron que estaban buscando un canal más directo con el grupo que les permitiera evaluar su posición frente a posibles conversaciones sobre temas como derechos a la tierra, fosas comunes, migración a través del Tapón del Darién y el medio ambiente, entre otros[13]. 

Varios congresistas cercanos al gobierno han contemplado otras vías legales que hagan posible la desmovilización masiva de los gaitanistas desde que se archivó el proyecto de ley de sometimiento en 2023. Una de las propuestas modificaría la Ley de Justicia y Paz de 2005, que, como se ha señalado, ofrecía penas de prisión reducidas (de cinco a ocho años) a los excombatientes. A pesar de los límites a las penas, la Ley de Justicia y Paz prevé que la Fiscalía General continúe investigando los delitos de forma indefinida. Los excombatientes bajo la jurisdicción de esta ley se quejan de que esta cláusula representa una constante desventaja, ya que, por ejemplo, las personas bajo investigación a menudo no pueden acceder a empleos. El proyecto de reforma a la ley tendría como objetivo limitar las investigaciones judiciales a diez años, de modo que los excombatientes puedan tener un horizonte para la finalización de los procedimientos judiciales en su contra y proceder con su integración social y económica[1].

La enmienda propuesta también permitiría que los beneficios de la ley (incluida la amnistía para las bases a cambio de testimonios) se apliquen a “terceros” involucrados en actividades ilícitas, incluso si no son combatientes, con el fin de ayudar a desentrañar esas redes y siempre y cuando no hayan estado implicados en graves abusos de los derechos humanos. Con esto se podría ayudar a garantizar que los inversores y las empresas involucradas en el narcotráfico no permanezcan activas, simplemente buscando nuevas fuentes de protección armada una vez que los gaitanistas cesen sus actividades.

Sin embargo, una ley no es una condición previa esencial para que se lleven a cabo conversaciones preliminares. Anteriores gobiernos colombianos iniciaron conversaciones con los gaitanistas y sus predecesores sin la legislación necesaria para proceder con la desmovilización. En enero, el nuevo alto comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, reiteró su disposición a entablar conversaciones limitadas con el objetivo de acabar con los negocios ilegales del grupo, siempre y cuando el grupo aceptara no matarlo[2]. En un comunicado, los gaitanistas respondieron que el alto comisionado comenzó mal con sus declaraciones[3]. Desde marzo, dijo un alto funcionario colombiano, “no tenemos ninguna negociación” entre las dos partes[4].

Estos tímidos avances y retrocesos con los gaitanistas contrastan con el empeño de la administración Petro por avanzar en las conversaciones con los dos grupos que contempla la Ley de Paz Total, la guerrilla del ELN y el EMC, una facción disidente de las extintas FARC[5]. El gobierno mantiene un alto al fuego bilateral con estos dos grupos. A principios de febrero, el alto comisionado para la paz anunció un plan para iniciar conversaciones con una segunda facción de las disidencias, conocida como Segunda Marquetalia[6].

Los muy reales obstáculos para entablar un diálogo con los gaitanistas tienen importantes ramificaciones para el gobierno. Mientras se mantengan firmemente al margen de las conversaciones de “paz total”, los gaitanistas pueden arruinar la perspectiva de acuerdos con otros grupos armados. El temor a que estos se apoderen de territorios o ataquen a los combatientes de otros grupos permea estas otras negociaciones, y probablemente sea suficiente para impedir que otras organizaciones se desarmen[7]. De hecho, en cada ronda de conversaciones entre el gobierno y el ELN, la insurgencia ha exhortado al gobierno de Petro a enfrentar a los gaitanistas, en particular en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Chocó, Catatumbo y Cesar[8]. Las autoridades colombianas han desplegado tropas en estas áreas, pero el ejército ha tenido cuidado de calibrar su respuesta: al no poder atacar al ELN debido a un alto al fuego bilateral, se muestra reacio a atacar únicamente a los gaitanistas, lo que potencialmente le permitiría a la guerrilla consolidar sus posiciones[9]. La población civil paga el precio, ya que esencialmente se deja que los grupos armados luchen entre sí.

Mientras tanto, los gaitanistas dominan la costa norte del país, donde muchos residentes expresan su exasperación por la aparente exclusión del grupo del proceso de “paz total”[10]. La violencia no sólo se deriva de las acciones de los gaitanistas, sino también de los movimientos de los grupos rivales. Los frentes del ELN han llevado a cabo varios “paros armados”, en los que confinan a las personas en sus hogares durante días para evitar incursiones gaitanistas[11]. Estas acciones tienen consecuencias humanitarias: limitan el suministro de alimentos, cortan el acceso a la atención médica y, a menudo, cierran escuelas. Como reconoció un funcionario de la administración de Petro, “es un gran problema para la paz total tener este actor [los gaitanistas] activo”[12].

Al considerar cómo y si se debe intentar incluir a los gaitanistas en el marco de la “paz total”, es importante tener una visión clara de lo que hace el grupo y de cómo opera. Según su propia retórica, las Autodefensas Gaitanistas son una “organización política de resistencia civil armada” que busca el “control territorial, social, económico y militar” como “base para generar significativos cambios” en las desigualdades estructurales, la corrupción y la injusticia[1]. Los elaborados estatutos y la plataforma política del grupo prometen que luchará contra todos los demás grupos armados “generadores de violencia” (incluidos, según los términos de estos materiales, los militares), representará a poblaciones olvidadas, controlará espacios cívicos, defenderá el medio ambiente, vigilará el comportamiento de los funcionarios públicos, erradicará la violencia sexual y mejorará el acceso a la educación, la vivienda y el deporte, entre otras cosas[2].

Sin embargo, los residentes señalan que la vida bajo el control de los gaitanistas tiene poco que ver con lo que promete su plataforma y, según muchos testimonios, se ha vuelto más difícil desde que se puso en marcha el esfuerzo de “paz total”. 

Los gaitanistas abiertamente reclutan para tres tipos de funciones: soldados rasos, administradores y políticos[1]. Todos estos puestos reciben un salario, por lo general igual o mayor al salario mínimo, entre $185 y $275 dólares mensuales para un puesto de nivel inicial, incluso si los salarios a veces llegan tarde o incompletos[2]. En palabras de un excomandante, “la gente ve a la organización también como una fuente de empleo que les paga para poder sacar a la familia adelante”[3].

Los gaitanistas reclutan a muchas personas, pero también son selectivos a la hora de integrarlas en sus filas. Por regla general, prefieren reclutar “hombres nuevos” (jóvenes y sin experiencia) que puedan asimilarse fácilmente a su programa cultural y político[4]. Pero hay otros dos grupos que también son importantes fuentes de reclutas. Personas cercanas al grupo dicen que cientos de exmiembros de las FARC se han unido desde el acuerdo de paz de 2016, muchos de ellos con conocimiento de las rutas de tráfico, habilidades con armas y explosivos, u otra experiencia útil[5]. 

En los lugares donde operan, los gaitanistas actúan como regidores y árbitros de la vida económica cotidiana. Establecen reglas, recaudan impuestos y determinan qué empresas pueden operar y dónde. Los líderes del grupo dicen que cobran impuestos a empresas formales, incluidos contratistas del sector público, grandes terratenientes y multinacionales, mientras que las actividades ilícitas del grupo van desde el narcotráfico hasta la minería y el tráfico de migrantes y armas[1]. El control y la regulación de la economía local por parte de la organización es tan amplia que en algunas regiones, los residentes se refieren a la red de influencia gaitanista como “la empresa”[2]. Fuentes de seguridad estadounidenses estiman los ingresos anuales del grupo en $4400 millones de dólares[3]. Esta suma equivale aproximadamente a un mes de exportaciones de Colombia[4]. 

La relación de los gaitanistas con los terratenientes fue fundamental desde sus inicios y sigue siendo una fuente importante de vitalidad del grupo. A cambio de que protejan su propiedad privada y mantengan a raya a otras fuerzas amenazantes (ya sean insurgentes de izquierda o delincuentes urbanos), partes de las élites terratenientes y empresariales regionales en ciertas áreas han respaldado continuamente al grupo. También han buscado su ayuda. “Existe una simbiosis con la clase empresarial”, explicó una persona cercana a la organización[1]. Estas poderosas figuras consideran que los gaitanistas están mejor equipados que el Estado para controlar la delincuencia común, regular la extorsión e impedir los secuestros y la ocupación de tierras por parte de la guerrilla[2]. 

Actualmente, la alianza con las élites terratenientes adopta varias formas. Una es la prestación de “servicios” a empresas que contratan a los gaitanistas para proteger, por ejemplo, grandes extensiones de plantaciones de palma de aceite o fincas ganaderas[3]. Los terratenientes en ciertos entornos han fomentado su presencia y pagan su impuesto de protección para contrarrestar a otros grupos armados. En el Cesar, ganaderos y comerciantes denunciaron que la extorsión y los secuestros por parte del ELN han llegado a tal punto que “algunos se pusieron en contacto con los paramilitares [gaitanistas] en la zona, para garantizar la seguridad”[4]. 

Por supuesto, no todo el mundo está dispuesto a pagar los impuestos de protección impuestos por los gaitanistas. El propietario de una finca en Antioquia explicó: “La extorsión es el agobio que tiene la gente. En marzo, pagamos la cuota anual, y en agosto pidieron plata otra vez, y noviembre otra vez. Volvieron ese marzo otra vez pidiendo”[5]. El cobro de protección de los gaitanistas depende de la cantidad de ganado en las fincas o de las hectáreas cultivadas. A lo largo de las rutas de tráfico de migrantes en el Tapón del Darién, han establecido reglas e impuestos para quienes participan en el traslado de personas hacia el norte[6]. También pueden beneficiarse de las operaciones de tráfico ya sea como propietarios plenos o parciales[7].

En muchos casos, obligan tanto ricos como a campesinos y propietarios de pequeñas empresas a pagar extorsiones. Líderes campesinos del Cesar explicaron que el grupo exige a los productores de leche que paguen una tarifa por cada cantina que producen, lo que les deja muy pocas ganancias para subsistir[8]. En La Guajira, una región en el norte del país donde su población, mayoritariamente indígena, tiene altos niveles de desnutrición, el grupo ha obligado a los campesinos a proporcionarle alimentos, incluidos productos de sus cultivos y ganado[9]. Admiten que a menudo se exige a los contratistas que aporten dinero para poder llevar a cabo la construcción de carreteras, acueductos u otros proyectos, lo que deja menos fondos disponibles para completar estas obras con el estándar adecuado[10]. 

En ocasiones, la complicidad de los gaitanistas con empresas involucradas en grandes proyectos de construcción va incluso más allá. Las comunidades denuncian haber sido amenazadas o incluso desplazadas por la fuerza por personas vinculadas a la organización, ya sea para permitir el avance de grandes inversiones o para beneficiarse del aumento del precio de la tierra. En el caso de un importante proyecto de infraestructura, familias de las comunidades pobres de la zona en cuestión dicen que fueron expulsadas de sus hogares. Un residente dijo:

Un día llegamos a la parcela y había siete hombres armados [gaitanistas], nos tocó atenderlos, tuvimos que cocinar para ellos y todo. Finalmente, no pudimos regresar. Es una forma de despojarnos[1]. 

Los gaitanistas dicen que una de sus principales fuentes de ingresos es el impuesto que cobran a las empresas multinacionales, particularmente del sector minero[2]. Dicen que cobran este dinero para compensar por el daño ambiental causado por los grandes proyectos de infraestructura ante los cuales el gobierno no hace nada, aunque hay poca evidencia de que hagan algo para mitigar dicho impacto[3]. Estos pagos, además, envían el mensaje a las comunidades de que la empresa ha cumplido las condiciones de operación impuestas por los gaitanistas y que la deben dejar en paz o podrían enfrentar violentas represalias[4].

Las operaciones militares de los gaitanistas revelan que intentan ampliar su participación en la minería, tanto legal como ilegal[5]. En el sur de Bolívar, donde controlan grandes franjas de tierra a lo largo del río Magdalena, han estado presionando para ingresar a áreas controladas por el ELN y el EMC en la Serranía de San Lucas, que es rica en yacimientos de oro[6]. En 2023 también estallaron enfrentamientos entre el ELN y los gaitanistas a lo largo del corredor rico en carbón del departamento de Cesar y en Segovia, una ciudad situada en una importante región minera del departamento de Antioquia[7]. 

A menudo se describe a los gaitanistas como la mayor organización narcotraficante de Colombia, una descripción que simplifica en exceso su papel y a la vez deja de describir de manera precisa la relevancia que tienen en la configuración del comercio global de cocaína. Con operaciones a lo largo de la costa atlántica del país y en todos sus principales puertos, son los actores más poderosos en una industria que no podría existir sin sus servicios. Los líderes del grupo insisten en que la organización no trafica cocaína, sino que grava a las numerosas organizaciones que lo hacen[1]. Su papel, sin embargo, tiene un mayor alcance y abarca varias funciones esenciales. La organización establece las reglas del comercio, garantiza la entrega del producto a los traficantes internacionales y restringe la participación de otros en el negocio de las drogas; tiene una participación mayoritaria en el mercado para facilitar las exportaciones de cocaína de Colombia.

Desde que las extintas FARC abandonaron el mercado de narcóticos, los grupos armados y criminales de Colombia han preferido en gran medida que traficantes externos asuman los riesgos de la compra y el transporte de drogas, mientras ellos actúan como autoridades locales, regulando el negocio y proporcionando seguridad a los productores. La guerrilla de las FARC en su momento fue pionera en este modelo, convirtiéndose en la mayor organización con capacidad para garantizar el suministro de droga a compradores internacionales[2]. Funcionarios de seguridad coinciden en que los gaitanistas han adoptado este mismo enfoque[3]. Un habitante de una ruta de narcotráfico explicó: “El narco es otro. Las AGC le prestan seguridad, mandan el producto, aseguran la mercancía, y responden por el dinero”[4]. 

La regulación gaitanista comienza en los cultivos de coca[1]. La organización imparte directrices a los cultivadores sobre cuánta coca deben sembrar y en dónde[2]. Al menos en algunas zonas, el grupo controla los insumos para los cultivos, incluidos los fertilizantes (para las plantas) y amoníaco (para la refinación)[3]. Una vez cosechadas las hojas de coca, muchos cultivadores realizan el primer paso en el proceso para transformar las hojas en pasta de coca, la cual tiene un precio fijo también establecido por el grupo. Aunque la organización no compra la pasta de coca, según la mayoría de las fuentes, sí controla qué compradores pueden hacerlo[4]. El grupo cobra una tarifa, calculada por gramo, por la venta de pasta[5]. Los laboratorios que transforman la pasta en cocaína también gozan de protección de los gaitanistas[6].

En este punto, el producto ingresa a un sistema de tráfico resguardado y garantizado por los gaitanistas. En un mercado saturado, la capacidad del grupo para garantizar el transporte del producto desde el interior de Colombia hasta alta mar es lo que lo diferencia de otros proveedores, según un excomandante:

¿Cuál es la parte más costosa, en cuanto a precio y riesgos, para el narco? Es el transporte. Entonces, si se puede sacar con seguridad y cerca de la salida, prefieren hacerlo, así sea un poco más costoso[7].

Los gaitanistas son los “dueños de las rutas” a lo largo de la costa atlántica, incluidas las vías fluviales, principales carreteras y rutas marítimas[8]. Esta región goza de una infraestructura mucho mejor que la costa pacífica y la Amazonía de Colombia, lo que reduce sustancialmente los costos de exportación. En los últimos años, también han obtenido acceso a las rutas marítimas del Pacífico desde el departamento noroccidental del Chocó. En estas áreas, el control gaitanista es en gran medida indiscutible, lo que reduce los riesgos para los compradores externos. (Las circunstancias son diferentes en otros territorios, particularmente a lo largo de la costa sur del Pacífico.)

Las fuerzas gaitanistas ofrecen servicios de protección especializados en cada paso del proceso. Según un habitante de una zona cercana al Golfo de Morrosquillo, vía clave de salida al mar, el grupo está “dividido en dos brazos, el brazo militar, los llamados ‘fuera del agua’”, que ejercen control sobre el territorio y la población local, “y el brazo de seguridad al narco, ‘los del agua’”[9]. Desde costas permeables como ésta, entregan el producto a compradores en alta mar, donde grupos criminales transnacionales se hacen cargo del tráfico, sobre todo hacia Norteamérica y Europa. Los carteles mexicanos son los principales compradores de la ruta estadounidense, mientras que grupos criminales albaneses y de otros países europeos manejan los envíos hacia Europa[10]. En los principales puertos, los gaitanistas también tienen miembros disponibles para garantizar que la carga se embarque en buques portacontenedores para llegar a compradores en el extranjero[11].

Las fuerzas de seguridad afirman que los gaitanistas también influyen en el tráfico de drogas en las zonas urbanas de Colombia[1]. En la mayoría de los casos, subcontratan a grupos criminales locales para la venta al público, pero garantizan la entrega segura del producto y se quedan con una parte de las ventas[2]. En total, se estima que ganan unos $3300 millones de dólares al año por su papel en el negocio de las drogas[3].

La corrupción en las fuerzas de seguridad colombianas es fundamental para la capacidad de los gaitanistas de garantizar el tránsito seguro de la coca y la cocaína, un hecho que los militares y los policías admiten abiertamente[1]. El ejército tiene “mucha permeabilidad”, dijo un oficial de alto rango[2]. Los líderes de la policía reconocen desafíos similares y a menudo rotan al personal más rápidamente en áreas bajo su dominio[3]. Aunque no hay evidencia de que los gaitanistas tengan influencia en todo el sistema de estas instituciones de seguridad, según informes, el grupo logra acuerdos ad hoc con oficiales regionales del ejército y la policía, por ejemplo con los que supervisan las carreteras y otras rutas de tráfico[4]. Un exintegrante gaitanista de alto rango afirmó: “Siempre tenía más miembros de la fuerza pública en la nómina que integrantes propios. … Siempre, y sin duda, sigue igual”[5]. De hecho, el grupo presuntamente paga regularmente a un gran número de agentes de seguridad[6]. Otro exintegrante gaitanista explicó:

[Las fuerzas de seguridad] cobran por la entrada de la gasolina casi en todas partes, los laboratorios tienen que pagarles. Cobran por el transporte por todas esas vías principales, les toca [a los narcos] pagar a la policía cuando llegan a los puertos, cobran a los narcos cualquier informe de inteligencia [en el que aparezcan], les cobran para no investigarlos. A los que menos les interesa acabar con el narcotráfico es a la fuerza pública[7].

Además de este tipo de corrupción, los gaitanistas han construido otras defensas contra las operaciones de seguridad dirigidas contra sus negocios. Las redes de inteligencia civil del grupo sirven como un sistema de alerta temprana, con tenderos, taxistas y residentes locales preparados para alertar al grupo sobre patrullas militares[8]. Los negocios ilícitos del grupo también están estratégicamente disgregados, de modo que la captura de cualquier individuo en la cadena de suministro de drogas sólo dará una visión limitada de la operación de narcotráfico[9].

La capacidad de garantizar el transporte y la carga ha consolidado la relación entre los gaitanistas y los “narcoinversionistas” que proporcionan el capital y el crédito para asegurar un suministro constante de droga[10]. Estos inversionistas (residentes tanto en Colombia como en el exterior) contratan a traficantes externos que compran y mueven la cocaína por el territorio colombiano y más allá, con protección de la organización. También deciden cuándo y dónde incentivar el cultivo de coca, por ejemplo ofreciendo préstamos o pagando por adelantado la primera cosecha[11]. Exintegrantes del grupo hablan de estos individuos como personas que ejercen una enorme influencia y, en algunos casos, expresan temor a discutir el tema más detalladamente[12]. 

La dinámica actual del mercado de la coca ofrece una idea de cuán dominantes se han vuelto los gaitanistas. A partir de la segunda mitad de 2022 y hasta 2023, los precios de la coca en gran parte de Colombia (excepto en las zonas bajo su control) se desplomaron, llegando al 30 por ciento de los niveles anteriores[13]. Una explicación es la sobreoferta: simplemente hay demasiada coca que demanda global de esta droga. Pero la situación era diferente en las zonas controladas por los gaitanistas. En esas zonas, el precio pagado a los cultivadores de coca se ha mantenido estable, y las incautaciones indican que grandes cantidades del producto están saliendo de las costas colombianas[14]. Esta estabilidad de precios probablemente sea un reflejo de las marcadas preferencias de los compradores internacionales. Mientras otros grupos armados luchan por encontrar compradores para el producto de los territorios que controlan, los gaitanistas se han convertido en los garantes más confiables de la cocaína para los clientes internacionales, debido a sus elaborados sistemas regulatorios y de seguridad, así como al control de las rutas que ejercen.

Aunque dicen representar los intereses de las comunidades pobres que controlan, los métodos de los gaitanistas son inherentemente coercitivos. Gracias a los años de experiencia que tienen sus miembros que fueron paramilitares y guerrilleros, disponen de un sofisticado repertorio de estrategias para incrustarse en las comunidades y luego usar la violencia y el miedo para garantizar el cumplimiento de sus órdenes. La mezcla exacta de coerción y cooptación varía según el nivel de control del grupo. 

Los gaitanistas dicen que buscan controlar las costas atlántica y pacífica, así como el corazón económico de Colombia, y parecen estar esforzándose para lograr ese objetivo[1]. El grupo “está expandiéndose constantemente”, señaló un militar. “Está llenando vacíos”[2]. Entre 2019 y 2023, el alcance de la organización creció de 213 municipios a 392[3]. Más allá de estas áreas, el grupo puede traficar y ejecutar operaciones específicas en muchas de las principales ciudades, incluidas áreas controladas por grupos rivales[4]. Están avanzando hacia nuevos territorios en Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Cesar, La Guajira, Catatumbo, Meta, Casanare y Vichada. Como dijo un alto funcionario electo, “lo que hoy son los gaitanistas es sólo un adelanto de lo que podrían llegar a ser, por su trayectoria [actual]”[5].

En estos frentes, residentes y fuentes militares dicen que los gaitanistas envían a sus combatientes más experimentados a luchar con sus rivales[6]. Las tropas gaitanistas en estos lugares son competentes y están extremadamente bien armadas, a menudo portando armas de reciente fabricación en EE. UU.[7]. Las incursiones iniciales en zonas pobladas a menudo resultan en desplazamientos forzados o confinamientos, ya que los civiles buscan evitar resultar en el medio de enfrentamientos o purgas de residentes sospechosos de aliarse con grupos enemigos[8].

Mientras llevan a cabo estos ataques, los gaitanistas suelen tomar medidas para ganarse a las comunidades que pretenden controlar. En marcado contraste con los paramilitares que los precedieron, los cuales a menudo entraban en una zona convocando a los residentes para amenazarlos, ellos prometen apoyar obras públicas, proporcionar empleos remunerados, dar regalos a los niños y entregar mercados a los necesitados[1]. “Llegan no como asesinos, sino ofreciendo ayudar, arreglar, regalar. Hasta que la gente dice, ‘aquí no viene el Estado pero en cambio están los paracos [paramilitares], haciendo todo lo que debería hacer un Estado’”, explicó un líder social[2]. Otras promesas incluyen acabar con los delitos menores y la delincuencia. “A algunos les parece un paraíso cuando llegan las AGC”, dijo un clérigo en Chocó, “porque dicen a la comunidad: no vamos a extorsionar, no va a haber más robos”[3].

Pero esas primeras impresiones a menudo son desmentidas por una realidad más sombría que emerge con el tiempo. Los residentes afirman que, a medida que los gaitanistas consolidan su control, asesinan o intimidan a personas que consideran indeseables: a menudo, consumidores de drogas, ladrones, personas LGBT y líderes sociales que se oponen abiertamente al grupo. En el sur del Cesar varios cadáveres han sido encontrados con notas firmadas por los gaitanistas ofreciendo razones como “por ladrón”[4].

Los civiles acusados de colaborar con grupos enemigos enfrentan la amenaza directa de violencia. En una incursión en Briceño, Antioquia, en diciembre de 2023, combatientes gaitanistas dijeron a los habitantes que no habían venido a atacar a la población civil, pero agregaron que atacarían a cualquiera acusado de colaborar con miembros de las disidencias de las FARC; gran parte de la pequeña población del municipio, que ha vivido bajo control de las disidencias desde 2017, posteriormente huyó por temor a ser estigmatizada como enemiga[5]. En el sur de Bolívar, un tendero describió una situación en la que combatientes de un grupo compraron un refresco y miembros de los gaitanistas acusaron al comerciante de colaboración[6]. En La Guajira, un departamento del nororiente donde la organización buscan desafiar el control del ELN, recientemente se han encontrado víctimas de asesinatos desmembradas y exhibidas en público. Según un observador, el grupo busca demostrar su capacidad para causar terror y al hacerlo “la comunidad va a sentir más terror, y entre más terror hay más control”[7].

Una vez que los gaitanistas establecen su control militar de una zona, la mayor parte de su actividad se desplaza hacia la vigilancia de la población civil. Tras haber demostrado su capacidad para eliminar a quienes consideren necesario, no hay necesidad de mucha fuerza adicional. Los habitantes de Montes de María, por ejemplo, explican que los gaitanistas sólo necesitan patrullar ocasionalmente para ejercer su autoridad[1]. En cambio, el grupo a menudo comienza a construir una red de inteligencia. Las mujeres y los jóvenes (incluidos niños) son algunos de los reclutados, e incluso son preferidos por su capacidad para moverse libremente en la comunidad y pasar información[2]. Los habitantes saben que pueden ser denunciados ante los comandantes locales por violar cualquiera de las numerosas reglas que llegan a establecer:  repetir chismes, hablar mal del grupo o violar los toques de queda. “Ya no hay machete, pero si se equivoca uno, pa’ monte arriba [a ver al grupo]”, en palabras de un líder social[3]. 

Residentes y observadores internacionales describen la estrategia gaitanista como orientada a destruir las autoridades y lealtades existentes dentro de la comunidad para reconstruirlas de una manera que sirvan a los intereses del grupo[4]. Suelen intentar primero cultivar aliados entre dos grupos: las juntas de acción comunal, que son órganos cívicos electos responsables de la gobernanza local, y líderes sociales reconocidos. Intentan cooptar a esas personas, en algunos casos con la promesa de fondos o proyectos compartidos, y en otros casos a través de amenazas de desplazamiento o violencia si no acceden[5]. 

Simplemente para sobrevivir, muchos residentes se resignan a colaborar con los gaitanistas. En zonas rurales de los departamentos de Cesar y Magdalena, explicó un activista local:

Cuando entran los paramilitares, la comunidad toma partido [se ponen de su lado]. Es la tendencia desde el primer momento, llevados por el miedo. … Y les ponen a trabajar. Les abren camino, dan provisiones, manejan sus carros, llevan su gente[6].

Incluso mientras siembran miedo, se valen del reclutamiento, y la promesa de remuneración, para atraer a las familias locales a su lado. Por ejemplo, residentes del Chocó, donde los gaitanistas se han expandido continuamente desde 2020, afirman que el grupo a veces paga los salarios mensuales en la plaza del pueblo, a la vista de la población[7]. Algunos residentes han expresado agrado por la estricta cultura militar de los gaitanistas, que incluye requerirle a los reclutas que marchen al amanecer y exigirles a sus integrantes que eviten el consumo de drogas y las relaciones sexuales con personas de su mismo sexo[8]. El reclutamiento no se limita a los hombres. Las mujeres jóvenes también son atraídas al grupo y a los círculos que lo rodean, ya sea directamente como nuevas reclutas o como “novias” de los combatientes. La línea entre las relaciones consensuales y la coerción es a menudo difusa. Jóvenes del sur de Córdoba recordaron que miembros del grupo pasaban frecuentemente por sus localidades y se llevaban a dos o tres niñas, “como si fuera su derecho”[9]. En otra zona de Córdoba, algunas mujeres contaron que varias vecinas se fueron del centro de la ciudad para ejercer el trabajo sexual en zonas rurales donde los gaitanistas tienen campamentos, como una forma de ganar lo suficiente para mantener a sus hijos[10].

Al mismo tiempo, los gaitanistas en ocasiones llevan a cabo mejoras en las comunidades. Han pavimentado tramos de carreteras, instalado redes de energía solar o proporcionado servicios sanitarios básicos[11]. En el sur de Córdoba, el grupo comenzó recientemente a poner topes a los precios de los productos básicos para garantizar que los alimentos sean asequibles a pesar de la inflación[12]. En resumen, ya sea usando garrotes o zanahorias, y a veces usando ambos, el grupo establece su dominio en la vida de la comunidad[13].              

A medida que los gaitanistas consolidan su control en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, destacan dos tipos específicos de juego de poder. En primer lugar, se convierten en las autoridades judiciales de hecho. Cualquiera puede acercarse al punto de su barrio, quien comunicará su preocupación o disputa a los comandantes gaitanistas locales. Estos jefes locales deciden entonces cómo resolver el problema. La violencia doméstica, por ejemplo, conlleva una multa de unos $125 dólares en el sur de Córdoba, mientras que una pelea en un lugar público cuesta alrededor de $250 dólares[1]. En ocasiones, las multas van acompañadas de trabajo comunitario. Los habitantes también pueden acercarse al grupo para cobrar préstamos en mora, con el entendido de que los gaitanistas se quedarán con el 40 por ciento de la suma recuperada[2]. Las juntas de acción comunal, los políticos electos y las autoridades étnicas afirman estar obligados a coordinarse con los gaitanistas para resolver disputas[3]. Las poblaciones indígenas, que tienen el derecho constitucional de administrar su propia justicia, dicen que conservan la libertad de hacerlo, siempre que se les mantenga informados[4].

El segundo tipo de influencia es aún más impactante: buscan infiltrarse, apoderarse o, en su defecto, sustituir las organizaciones de la sociedad civil. Los líderes sociales de Montes de María, por ejemplo, dicen que siempre deben alertar a las autoridades gaitanistas antes de convocar una reunión o corren el riesgo de ser acusados de trabajar en contra del grupo[1]. El grupo envía observadores a estas reuniones cuando se llevan a cabo[2]. Los líderes comunitarios que sean considerados desleales al grupo se enfrentan a multas, escrutinio del uso de sus teléfonos móviles o amenazas directas de violencia[3]. En Córdoba, los líderes de varias organizaciones campesinas que se negaron a colaborar con los gaitanistas han sido amenazados por nombre propio en panfletos, y al menos dos líderes sociales sufrieron atentados durante el último año[4].

Más allá de la infiltración está la competencia: organizaciones sociales de larga trayectoria afirman estar perdiendo terreno frente a grupos que gozan del respaldo gaitanista[5]. Para empezar, estos últimos cuentan con más financiación para, en palabras de un líder social, “resolver los problemas de la gente”[6]. Por ejemplo, un grupo de ayuda cuyos líderes celebran la presencia gaitanista en Urabá entrega mercados (donados por supermercados locales a petición de la organización) a poblaciones indígenas remotas[7]. Según un organizador cívico en Montes de María, “los eventos culturales están patrocinados por ellos, por las AGC. … A través de la JAC [junta de acción comunal], a todos los niños les mandaron regalos. Dan mercados, o matan una vaca y reparten la carne. Nosotros [la sociedad civil independiente] hemos perdido esta capacidad y el permiso para organizarnos”[8]. Los gaitanistas incluso han empezado a convocar a funcionarios de agencias de desarrollo rural a reuniones como condición para poder operar en la región del Bajo Cauca. Los funcionarios se han negado a asistir a estas reuniones, pero en ocasiones se han visto obligados a suspender proyectos por la presión gaitanista[9].

A pesar de que el gobierno de Petro ha intentado reducir los niveles de conflicto, desde que asumió el poder, los gaitanistas han ampliado y consolidado su control en el norte del país y más allá. Al hacerlo, no sólo han reforzado su control coercitivo sobre las comunidades, sino que también han ejercido presión sobre otras organizaciones armadas que están en conversaciones con el gobierno, lo que representa obstáculos para un fin negociado del conflicto con esos grupos. 

Se necesita con urgencia una estrategia para contrarrestar el poder y la influencia de los gaitanistas, pero idearla no será fácil. En su esfuerzo por detener al grupo y a la vez hacer realidad sus ambiciones de una “paz total”, el gobierno se topa con la dura realidad de que el Estado colombiano no tiene mucho que ofrecer para incitar a los integrantes del grupo a que renuncien a sus lucrativas fuentes de ingresos ilícitos. El Estado también tiene la responsabilidad de proteger a las comunidades vulnerables bajo el dominio del grupo.

Una forma de afrontar estos desafíos en cualquier posible diálogo con el grupo es diseñar un enfoque escalonado, basado en la construcción progresiva de medidas de confianza y, al mismo tiempo, producir mejoras concretas en las condiciones de seguridad de las comunidades. Los funcionarios deben comenzar por trabajar con el grupo para reducir los niveles de conflicto y daño humanitario en las comunidades afectadas a cambio de detener las operaciones ofensivas. Luego podrían procurar una desmovilización gradual más completa. La presión militar y policial sobre el grupo seguirá siendo indispensable, ya que contribuirá a garantizar que los gaitanistas sientan la necesidad de ceder, si las fuerzas de seguridad hacen más para garantizar que sus operaciones protejan a los civiles atrapados en el fuego cruzado. 

Los argumentos a favor de entablar conversaciones con los gaitanistas se basan principalmente en la necesidad: sin un acuerdo, o una serie de acuerdos, es difícil imaginar cómo Bogotá podría responder de forma duradera a las necesidades humanitarias de las comunidades bajo el control del grupo o desactivar el desafío que el grupo representa para los esfuerzos de “paz total”. Esta lógica, a su vez, se basa en la valoración de que, si las partes se sentaran a la mesa, estas conversaciones podrían de hecho llegar a producir cambios sustanciales. Como el grupo tiene una cadena de mando disciplinada, y emplea la intimidación de manera modulada e intencional, cualquier acuerdo que se alcance con sus dirigentes para aflojar el control coercitivo de los gaitanistas (algo que pide a gritos la población civil de las regiones más afectadas) tiene posibilidades de prosperar. 

Sin embargo, alcanzar tales acuerdos será un reto. Al tratar de conseguir que el grupo haga concesiones, la coreografía en torno a las discusiones será importante. Bogotá debe adoptar un enfoque secuencial en las conversaciones, con avances basados en reducciones cuantificables de la violencia. El primer paso debe ser establecer un canal confiable de comunicación. Se podría pedir a los gaitanistas que designen “portavoces” que los representen en las conversaciones exploratorias. Serían personas fiables, cercanas al grupo y en quienes la dirigencia gaitanista pueda confiar, pero que no tengan órdenes de captura pendientes[1]. El gobierno debe aprovechar estas conversaciones para comprender mejor las expectativas y prioridades del grupo en relación con los diálogos. Aunque probablemente el principal objetivo del grupo sea un alto al fuego que proteja sus operaciones de la presión militar, estas “conversaciones sobre conversaciones” preliminares serían una oportunidad para que el gobierno exponga que sólo podrá ofrecer pasos en esta dirección después de que haya un proceso de creación de confianza exitoso.

En segundo lugar, si tras evaluar las expectativas del grupo parece haber un margen para avanzar, el gobierno podría pedir a los gaitanistas que den pruebas de su buena fe mediante gestos que supongan una mejora palpable de las condiciones de seguridad de los civiles que viven en las zonas bajo su control. Se les podría pedir que tomen medidas tales como: garantizar el libre acceso de organismos humanitarios independientes e instituciones estatales a estos lugares; abstenerse de intimidar o coaccionar a los líderes sociales; revelar la ubicación de fosas comunes y personas desaparecidas; y poner fin a las desapariciones forzadas. Correspondería al gobierno juzgar si el grupo ha satisfecho los criterios acordados, según su valoración de las mejoras en la seguridad humana en las zonas en cuestión. A cambio de este tipo de medidas, el gobierno podría hacer gestos recíprocos, por ejemplo, moderando su discurso contra el grupo, una exigencia reiterada de los gaitanistas para generar confianza[2].

En tercer lugar, y sólo una vez que estos primeros pasos resulten provechosos, ambas partes deben empezar a trabajar en proyectos piloto regionales para una reducción integral de la violencia[3]. Comenzando por las áreas donde la autoridad de la organización no es disputada por otros grupos ilegales y por lo tanto se siente más segura, los gaitanistas deben reducir sus medidas de control social coercitivo. El grupo debe, por ejemplo: eliminar los toques de queda y las restricciones de circulación, dejar de castigar a los habitantes con violencia y retirar a los combatientes de las zonas pobladas[4]. A cambio, el gobierno podría suspender los bombardeos aéreos en estas zonas, reservando para la cuarta fase una mayor reducción de las operaciones militares.

En cuarto lugar, y siempre y cuando ambas partes demuestren consistentemente buena fe, las autoridades y los gaitanistas podrían acordar ceses al fuego adaptados a cada región, que es probablemente el mayor logro que los gaitanistas quisieran sacar de unas conversaciones, aparte de un paquete de desmovilización. Los términos de estos acuerdos deben ser distintos de los que el gobierno acordó con el ELN y el EMC. En esos casos, los altos al fuego ofrecen un alivio de las operaciones militares ofensivas en todo el país, mientras permiten que las fuerzas de seguridad puedan seguir arrestando a integrantes del grupo por su participación en actividades criminales[1]. Estos ceses al fuego han reducido los enfrentamientos entre los grupos insurgentes y el ejército, pero no está tan claro si sus medidas para la protección civil (en esencia, un compromiso mutuo de respetar el derecho internacional humanitario) han reducido la violencia contra la población civil[2].

En contraste, en el caso de los gaitanistas, el objetivo central de los ceses al fuego debe ser garantizar la protección de los civiles. Los términos deben especificar exactamente qué se entiende por protección, en lugar de basarse en normas internacionales generales, que dejan demasiado espacio para distintos tipos de interpretación. Entre las acciones que deben estar expresamente prohibidas se encuentran el reclutamiento de menores de edad, la extorsión, el secuestro, las amenazas o la violencia contra líderes sociales, el uso de explosivos o minas terrestres y el confinamiento forzado de la población civil[3]. Como incentivo, el gobierno podría ir más allá de la restricción a los ataques aéreos y limitar otros tipos de operaciones ofensivas, como los ataques a campamentos o a grupos de combatientes. Sin embargo, debe conservar la libertad de atacar las actividades económicas ilícitas a través de sólidas investigaciones criminales y realizar arrestos por imputaciones penales (ver más en la Sección V.C), así como proteger a los civiles, incluso mediante patrullajes regulares y haciendo presencia en las áreas gaitanistas.

Como parte de cualquier posible alto al fuego regional, el gobierno también podría intentar detener los combates entre los gaitanistas y otros grupos armados con los que Bogotá está negociando. Buena parte de la violencia que afecta a los civiles en la actualidad se deriva de las disputas territoriales entre los gaitanistas y el ELN en Chocó, sur de Bolívar y Antioquia, así como de los enfrentamientos del grupo con el EMC en Antioquia. Trabajando en paralelo a través de diálogos independientes con los grupos armados, el gobierno podría tratar de conseguir treguas, garantizar el acceso humanitario y congelar las líneas de batalla[4]. De manera aún más ambiciosa, el gobierno podría trabajar para establecer zonas desmilitarizadas entre grupos armados enfrentados entre sí[5].

Incluso mientras trabaja para entablar conversaciones que busquen la reducción de la violencia y ceses al fuego regionales, el gobierno debe continuar presionando al Congreso para que apruebe una legislación que establezca una ruta legal para el desarme y la desmovilización criminal a gran escala. Las conversaciones iniciales con los gaitanistas para explorar sus intereses en la paz tendrán que dar forma a estos esfuerzos al determinar lo que el grupo requeriría para considerar la desmovilización. Es posible que al menos una parte de las bases del grupo quiera regresar con sus familias, mientras que los altos mandos que enfrentan graves repercusiones judiciales podrían estar interesados en deponer las armas a cambio de una reducción de sus condenas. El gobierno debe encontrar una combinación de incentivos, incluida alguna forma de indulgencia judicial, lo suficientemente atractiva como para desvincular a un número significativo de combatientes del grupo y, al mismo tiempo, garantizar testimonios veraces, reparaciones por parte del grupo y sentencias judiciales aceptables para las víctimas, la opinión pública y el Congreso.

Para que se promulgue una ley que lo permita, el gobierno tendrá casi con toda seguridad que conseguir hacer una amplia coalición en el Congreso, que debe incluir fuerzas conservadoras estrechamente ligadas a las elites terratenientes que en el pasado han prestado apoyo (tácito o de otro tipo) a las fuerzas paramilitares, algunos de cuyos miembros ayudaron más tarde a fundar a los gaitanistas[1]. 

El gobierno tendrá que mantenerse firme en ciertos estándares mínimos para la desmovilización, aprendiendo de la amplia experiencia del Estado colombiano en este ámbito. Por un lado, uno de los pilares de cualquier marco de desmovilización sin duda será requerir que los miembros gaitanistas proporcionen testimonios veraces de sus crímenes para poder acceder a sentencias reducidas, como fue el caso de los paramilitares que depusieron las armas bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005[1]. Por otra parte, ese proceso no logró desmantelar completamente la infraestructura criminal de estas fuerzas, en particular sus conexiones con negocios formales, rutas de tráfico e infraestructura de lavado de dinero, lo que permitió a los grupos sucesores reanudar sus operaciones ilegales.

Aunque el desmantelamiento total de las redes criminales afiliadas a los gaitanistas probablemente sea una perspectiva remota, es una aspiración necesaria, y el gobierno debe pensar en cómo puede avanzar lo máximo posible en esta dirección. Como en el pasado, el proceso de desmovilización alentaría a los comandantes gaitanistas a compartir información sobre sus socios comerciales como parte de un acuerdo para reducir las penas de prisión; en el mismo sentido, los integrantes compartirían información sobre rutas, compradores y conexiones internacionales, así como políticos, empresarios, funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en el comercio de bienes ilícitos. Por supuesto, habría problemas de seguridad: los miembros que revelen esta información pueden necesitar asistencia del gobierno para mantener un perfil bajo, así como protección física, dado el alto riesgo de represalias por parte de los terceros implicados.

El gobierno también necesitaría autoridad para tratar con las empresas e individuos que operan y son, en última instancia, los beneficiarios del narcotráfico. El proyecto de modificación a la Ley de Justicia y Paz de 2005, mencionado anteriormente, ofrecería a los empresarios vinculados a la delincuencia la posibilidad de reducir sus penas de prisión a cambio de información[2]. Si estos cómplices del sector privado deciden no participar, el Estado debe intentar reunir las pruebas necesarias para procesarlos por su papel en la facilitación de los mercados ilegales y la violencia. Los activos de origen criminal confiscados podrían destinarse a la reparación de las víctimas y al desarrollo comunitario para ayudar a las ciudades y municipios que han sufrido las consecuencias del conflicto armado.

Alinear estas exigencias con las expectativas gaitanistas no será fácil. Aunque los líderes del grupo hacen especial énfasis en garantizar la seguridad de los combatientes desmovilizados, su lista completa de demandas es mucho más larga. A diferencia del intento anterior de diálogo en 2017, actualmente el grupo se niega a ser tratado como una organización criminal, señalando lo que han dicho son sus objetivos políticos y buscando una negociación sobre temas políticos y sociales que van más allá de lo que permite la legislación actual[1]. El grupo insiste en que “no va a haber un ‘sometimiento’” al sistema judicial ordinario[2]. En cambio, afirman buscar una “justicia transicional”, definida a grandes rasgos como una amplia amnistía para los combatientes que no hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, combinada con penas reducidas y alternativas para los comandantes que los mantengan fuera de prisión[3].

La visión maximalista de los gaitanistas sobre lo que podrían generar las conversaciones va incluso más allá, buscando que la organización mantenga su estructura y sus actividades comerciales ilícitas. Una persona cercana al grupo explicó: “El gobierno tiene que entender que estas economías no van a desaparecer, pero lo que necesitamos es una mutación para hacerlas menos violentas”[4]. Según el grupo, algunas de sus operaciones (aunque no el narcotráfico) podrían salir a la luz y legalizarse. Por ejemplo, las minas controladas o reguladas por ellos podrían reestructurarse formalmente como cooperativas comunitarias. Los primeros acercamientos de la administración Petro a los gaitanistas apuntaron en esta dirección, aunque es evidente que existen límites en cuanto a lo lejos que podría o estaría dispuesta a llegar[5].

Incluso si hay avances en la formulación de reglas para la desmovilización gaitanista, Bogotá también debe mantener la visión clara sobre los límites de lo que se puede lograr por medio de una negociación. Una desmovilización a gran escala puede incluir a un gran número de sus miembros, pero los combatientes, empresarios y/o funcionarios estatales que no deseen renunciar a los medios de vida ilícitos podrían simplemente continuar con sus actividades, unirse a otras organizaciones criminales o crear nuevas. Además, la posibilidad de reincidencia es alta. Cualquier desmovilización debe ir acompañada de la judicialización de quienes retomen las armas, así como de esfuerzos de seguridad para continuar combatiendo las actividades ilícitas y operaciones militares en respuesta a cualquier amenaza armada. 

Aunque el diálogo puede lograr avances importantes hacia la reducción de la violencia, las operaciones de seguridad siguen siendo esenciales para salvaguardar a las comunidades, ejercer presión para que los gaitanistas cedan, combatir las actividades económicas ilegales y luchar contra la corrupción que la fomenta.

Proteger a las poblaciones vulnerables en zonas que hoy están firmemente bajo la su influencia debe ser la prioridad. En este sentido, la policía y el ejército pueden establecer objetivos operativos que se centren directamente en la seguridad pública y el bienestar. Las comunidades en las zonas controladas por los gaitanistas a menudo se encuentran aisladas de las instituciones estatales y resultan dependiendo de alguna forma del grupo armado. Las fuerzas de seguridad deben tratar de poner fin a este aislamiento; sus objetivos deben incluir crear espacios para que las instituciones civiles establezcan un punto de apoyo en las áreas gaitanistas y garantizar que la población tenga una fuente de protección estatal, en línea con lo que se describe a continuación, de manera que “le arrebate la base social a los gaitanistas”, en las palabras de un funcionario[1].

Sin embargo, crear las condiciones para una mayor protección civil requiere un cambio en los tipos de operaciones realizadas por el ejército. Desde que el gobierno suspendió el cese al fuego con el grupo en marzo de 2023, la actividad militar contra los gaitanistas ha aumentado considerablemente, y es probable que continúe expandiéndose bajo un nuevo Comando Conjunto respaldado por 30 000 soldados activos, capacidades aéreas y apoyo e inteligencia internacional[2]. El comando parece decidido a atacar al grupo no sólo a lo largo de sus frentes de expansión, sino también al interior de sus zonas de influencia en los próximos meses[3]. No hay duda de que estas operaciones puedan desempeñar un papel importante a la hora de empujar a los gaitanistas a entablar conversaciones con el gobierno. Pero hay que tener cuidado al realizar operaciones de corta duración, como capturas selectivas, que pueden exponer a los civiles a acusaciones de filtrar información crítica a los militares. El grupo puede tomar represalias violentas contra los que considere sospechosos una vez que los soldados hayan abandonado el área. Como ha sugerido Crisis Group en el pasado, este tipo de operaciones ofensivas de precisión deben emplearse con moderación[4]. 

En cambio, el ejército y la policía deben intentar llevar a cabo despliegues a más largo plazo en áreas críticas. Además de proteger a la población de posibles daños, estos despliegues también permitirían la prestación de servicios estatales de forma más segura. El Ministerio de Defensa, por su parte, podría abrir más canales para que las comunidades en peligro denuncien delitos de forma anónima, ayudando así a gestionar el riesgo de represalias de los grupos armados[5]. A mediano y largo plazo, Colombia debe considerar ampliar la policía rural con el fin de garantizar una presencia estable de las fuerzas públicas en estas áreas. La planificación de este tipo de medidas de seguridad a largo plazo será aún más crucial si el gobierno avanza en las conversaciones para la desmovilización con los gaitanistas y otras organizaciones armadas.

A la vez que priorizan la protección a la población civil, las fuerzas de seguridad deben continuar reforzando sus operaciones dirigidas contra los principales intereses ilícitos del grupo. La cúpula militar ha dado indicaciones claras de que la lucha contra las economías criminales seguirá siendo una prioridad del gobierno[1]. La administración de Petro se está centrando, acertadamente, en atacar los niveles más altos de la cadena de valor ilícita, donde se obtienen los mayores beneficios, mediante la captura de cabecillas (particularmente aquellos involucrados en las finanzas), la incautación de armas, drogas y dinero, y el desmantelamiento de laboratorios de procesamiento de cocaína[2]. Colombia puede fortalecer estas operaciones aprovechando las lecciones históricas de lo que ha funcionado contra los gaitanistas. Por ejemplo, la campaña Agamenón, que fue fundamental para persuadir al grupo a explorar la desmovilización durante la administración Santos, se basó exclusivamente en unidades verificadas internacionalmente y fuerzas de países socios[3].

Independientemente de que ese modelo pueda transponerse por completo al presente o no, resulta esencial prestar mayor atención a los riesgos que plantean la infiltración y la corrupción al interior de la policía y el ejército. Dichos esfuerzos mejorarían las perspectivas de éxito de las misiones y al mismo tiempo servirían para crear vínculos de confianza duraderos entre el Estado y las comunidades, que necesitan saber que las fuerzas de seguridad están de su lado[4]. Del mismo modo, desplegar más recursos para el trabajo de contrainteligencia y para judicializar a los corruptos en el sector de la seguridad sería una inversión útil[5].

La presión militar puede llevar a algunos combatientes gaitanistas a querer deponer las armas de manera individual. Incluso, mientras el Congreso redacta la legislación necesaria para gestionar un proceso a gran escala, el gobierno aún puede mejorar y ampliar los programas de desmovilización individual existentes, los cuales han ayudado a miles de excombatientes a abandonar varios grupos y deponer las armas[1]. Los combatientes en este tipo de procesos se entregan a las autoridades a título personal, desertando del grupo y no como parte de un acuerdo con sus líderes. Hasta que se establezca un marco legal para el desarme criminal a gran escala, estos programas individuales podrían modificarse para hacerlos más adecuados para aquellos que estén dispuestos a aprovecharlos[2]. 

Los paquetes de desmovilización deben ser diversos, con un amplio abanico de rutas hacia la vida civil. Las personas que hayan desempeñado funciones políticas o administrativas en las filas gaitanistas deben ser elegibles para una amnistía si no han cometido abusos graves contra los derechos humanos, con paquetes de desmovilización que incluyan asistencia para conseguir empleos lícitos u oportunidades educativas adaptadas a su experiencia[1]. Ya sean antiguos administradores o combatientes, no todos los miembros del grupo radicados en zonas rurales querrán quedarse en el campo o convertirse en agricultores, una de las opciones que típicamente ofrecen los programas de reincorporación[2]. La agencia colombiana encargada de la reintegración de excombatientes necesita suficientes recursos y flexibilidad para diseñar una gama más amplia de programas. También podría apoyarse en la experiencia de los paramilitares desmovilizados para construir un programa orientado a los combatientes gaitanistas.

Mientras tanto, la seguridad física sigue siendo un enorme desafío para los excombatientes de todos los grupos[3]. Los responsables de las muertes de excombatientes son a menudo, aunque no siempre, los mismos grupos armados y criminales que abandonaron, o un grupo rival de la misma región. El gobierno debe buscar compromisos con respecto a la seguridad de los excombatientes en todas las conversaciones que se están llevando a cabo actualmente y las que se vayan a realizar en el futuro con grupos armados y al mismo tiempo reservar recursos para aquellos casos en los que se necesite asistencia gubernamental para brindar la protección necesaria. 

Los gaitanistas surgieron tras la desmovilización paramilitar y se han expandido mediante la coerción armada. Pero gran parte de su éxito radica que llenan los vacíos dejados por el Estado (desde seguridad hasta justicia y regulación económica y social) en muchas zonas de Colombia. 

A medida que el gobierno avanza con diversos procesos de paz, debe aprovechar las oportunidades para ampliar la presencia de las instituciones estatales, particularmente en las zonas rurales. Un primer paso vital sería revitalizar la implementación del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. El acuerdo incluye compromisos para ampliar los servicios públicos, reformar las economías rurales y reducir la brecha entre la Colombia urbana y la rural. Aunque la administración de Petro ha dicho que apoya plenamente este proceso, un panel multipartidista encontró que el ritmo parece haberse desacelerado en su primer año, en gran parte debido a problemas de gestión[1]. Cumplir con las disposiciones del anterior acuerdo de paz es esencial para abordar la desigualdad y dar credibilidad a los nuevos acuerdos.

Desde su posición dominante en el mundo criminal de Colombia, los gaitanistas representan una sofisticada amenaza. Están organizados, fuertemente armados y arraigados, y aprovechan la experiencia de innumerables excombatientes. Ejercen un control asfixiante sobre la vida cotidiana de las comunidades en los lugares que dominan, extrayendo rentas de negocios legales e ilegales. El presidente Petro ha invertido gran parte de su capital político en poder reactivar las negociaciones con todos los grupos armados de Colombia. Considerados un grupo criminal más que una insurgencia política, los gaitanistas se han mantenido al margen de las conversaciones. Pero para que la “paz total” pueda tener éxito, será necesario integrarlos a las conversaciones. 

Nada en este proceso será fácil, pero avanzar paso a paso puede ayudar a que el desafío sea menos intimidante. Eso se traduce en unas medidas iniciales para generar confianza, que conduzcan a esfuerzos más amplios para negociar ceses al fuego regionales que llegado el momento permitan abordar el espinoso tema de la desmovilización. El gobierno no puede intentar dar el último paso (desmantelar a los gaitanistas y a sus redes) sin una nueva legislación. Si se logra establecer una vía legal, el Estado aún enfrentaría dificultades para ofrecer incentivos suficientes que convenzan a los excombatientes a dejar las actividades criminales de manera permanente y al mismo tiempo hagan justicia para las víctimas y no ofendan a la opinión pública. Coordinar estas iniciativas de diálogo con una continua presión militar, policial y judicial probablemente sea fundamental para garantizar que el grupo sienta la necesidad de dialogar, y para garantizar una mayor protección de los civiles que viven bajo el violento yugo del grupo.

A pesar de la magnitud de los desafíos en el horizonte, los argumentos para persistir en los esfuerzos de desmovilización del grupo siguen siendo contundentes. Los grupos armados colombianos han demostrado ser notablemente resistentes frente a las operaciones militares que buscan destruirlos. Las comunidades rurales en áreas con una fuerte presencia gaitanista respaldan las conversaciones de forma abrumadora. Además, el resultado de las negociaciones de paz con otros grupos armados se fundamenta en la percepción de que, si abandonan la lucha, los gaitanistas no serán los principales beneficiarios. El destino de la “paz total” bien puede depender actualmente de la posibilidad de un logro con el único de los principales grupos que hasta ahora se ha pasado por alto.

Bogotá/Nueva York/Washington/Bruselas, 19 de marzo de 2024