La falta de fondos causa el cierre de tres oficinas de derechos humanos en Colombia

Colombia vive un momento marcado por la violencia, la presencia de grupos armados ilegales y el riesgo que enfrentan defensores de las garantías fundamentales y líderes sociales, señaló este jueves la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en la presentación de su más reciente informe sobre la situación de esos derechos en el país.

En ese contexto, el trabajo que lleva a cabo esa dependencia se hace más necesario; sin embargo, la falta de recursos la obligará a cerrar tres de sus oficinas en esa nación, disminuyendo así su presencia en el terreno.

En su exposición del informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la directora de la División de Operaciones Globales de la Oficina explicó que esa dependencia ha hecho un trabajo de articulación de cooperación técnica y acompañamiento estratégico, pero agregó que desde julio de 2023, su capacidad ha disminuido debido a la crisis de liquidez del presupuesto ordinario de ONU.

“Además, en 2025, se han registrado la finalización o significativa reducción de contribuciones financieras de algunos donantes.  Como consecuencia, en los próximos tres meses tendremos que cerrar tres Oficinas de terreno -Medellín, Neiva y Villavicencio – que cubren ocho departamentos, y prescindir de casi la mitad del personal (46 profesionales)”, precisó Maarit Kohonen Sheriff.

Esta reducción ocurre precisamente “cuando la contribución de la Oficina a la prevención de la violencia es más necesaria que nunca”, dijo.

Los efectos ya son tangibles

Pese a que los cierres se anunciaron apenas la semana pasada, ya se observa el impacto negativo en la comunidades colombianas, aseguró la funcionaria, destacando la angustia de personas que han incluso llorado al conocer la medida.

Entre esos efectos, Kohonen Sheriff subrayó la reducción de la protección en áreas donde la presencia de actores armados no estatales representa una amenaza para las personas defensoras de derechos humanos.

Además, la funcionaria refirió la limitación de la asistencia técnica a la Policía para prevenir el uso excesivo de la fuerza, entre otras consecuencias.

El informe plantea al gobierno colombiano una serie de recomendaciones entre las que destaca la necesidad de asegurar el financiamiento que hace falta para mantener su labor en el país, alertando de la necesidad de que la ONU acompañe procesos claves para la paz y los derechos humanos.

Hace también una exhortación a los donantes internacionales: “Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para garantizar el apoyo adecuado la Oficina del Alto Comisionada, para continuar desempeñando el papel único y esencial de acompañamiento y asesoría técnica en Colombia, especialmente ante las restricciones presupuestarias actuales”, recalcó Kohonen Sheriff.

Reforzar el respaldo a la implementación del Acuerdo de Paz

Por otra parte, el informe ratifica el compromiso de esa dependencia con Colombia y urge a reforzar el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, firmado en 2016.

El texto propone reforzar la estructura institucional responsable de implementar el Acuerdo de Paz, especialmente en lo que respecta a las garantías de no repetición.

También subraya la necesidad de desarrollar políticas de seguridad diferenciadas, que consideren enfoques territoriales, étnicos y de género, con el fin de desmantelar organizaciones criminales que siguen operando en varias regiones del país.

Responder a las propuestas de las víctimas

Otra recomendación importante se dirige a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la que insta a incluir proyectos restaurativos en sus sentencias, que respondan no solo a los daños sufridos, sino también a las propuestas de las víctimas.

Asimismo, la Oficina de Derechos Humanos destaca la urgencia de reformar el sistema de protección para defensores de derechos humanos, y recomienda que la sociedad civil participe en el diseño de esa reforma.

Otra prioridad identificada en el informe es la necesidad de una reforma profunda de la Policía Nacional y la legislación sobre inteligencia, para que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, el informe subraya que se debe acelerar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad surgida del Acuerdo de Paz como pieza clave para esclarecer hechos del conflicto armado, promover la convivencia y sentar las bases de una paz duradera.

La ONU mantiene su compromiso

Finalmente, ONU Derechos Humanos reitera su disposición a seguir trabajando de la mano con las instituciones colombianas.

A través de su presencia en el país, ofrece asesoría técnica y metodológica para fortalecer la justicia transicional, garantizar la reparación integral a las víctimas y consolidar una cultura de paz.

En un momento en que persisten amenazas a la estabilidad en varias zonas de Colombia, el llamado de la ONU busca mantener el enfoque en la defensa de los derechos humanos como pilar fundamental para la paz sostenible.