Mientras 27.000 participantes deliberan en Bakú sobre cómo alojar a un mundo de 2800 millones de personas sin hogar digno, dos voces vienen a recordar desde la experiencia y la investigación que el problema no es solo de ladrillos, sino de poder.
“La crisis no se trata solo de cuántas viviendas se construyen, sino también de dónde se construyen y de quién se las puede permitir”, resume Paula Sevilla, del International Institute for Environment and Development (IIED). Un diagnóstico que conecta directamente con las críticas de la arquitecta e investigadora colombiana Gynna Millán: “El modelo de ciudad inteligente es una construcción del Norte Global para vender más tecnología, y no necesariamente llega a la mayoría de la población”.
Ambas expertas coinciden en que el enfoque predominante para resolver la emergencia habitacional ha fracasado. Para Sevilla, la obsesión por aumentar el parque inmobiliario no resuelve la exclusión. “Muchas de las poblaciones más vulnerables no tienen acceso a los mecanismos de financiamiento formal”, explica, reivindicando el papel de la sociedad civil para mapear asentamientos informales y movilizar recursos alternativos.
Tecnología para qué
En la misma línea, Millán cuestiona la tecnología como solución mágica: “La tecnología es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta que hacemos? ¿Es para tener más control sobre los ciudadanos o para que las comunidades puedan acceder a los datos y mejorar su hábitat?”.
Millán, que trabaja con redes populares en Colombia, denuncia que el concepto de “ciudad inteligente” que se vende como el futuro deja fuera a los barrios informales, donde vive más del 60% de la población en muchas ciudades latinoamericanas.
“No es por una limitación técnica, es por una elección. No hay voluntad de que esa tecnología llegue a ellos“, sentencia. Un diagnóstico que se agrava en el contexto actual: la guerra en Oriente Medio, el cambio climático y la inflación global están encareciendo los materiales y expulsando a millones de sus hogares.
Ambas coinciden en que el epicentro de la solución debe ser la comunidad y la protección de sus derechos.
“Nada de esto sirve si las personas están en riesgo de desahucio o de desplazamiento“, advierte Sevilla.
Su propuesta pasa por reconocer el financiamiento colectivo que ya organizan redes como Slum Dwellers International y por proteger el espacio cívico para denunciar los abusos.
Millán, por su parte, apuesta por redirigir la pregunta: “¿Cómo usamos la tecnología para que los ciudadanos diseñen sus planes de barrio?”.
En un foro donde se discute el futuro de la vivienda, ambas expertas lanzan un mensaje claro: sin democracia urbana y sin empoderamiento comunitario, ninguna ciudad será realmente habitable para la mayoría.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).
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