IV Seminario Regional de Desarrollo Social “Protección social y desigualdad: América Latina y el Caribe hacia la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 2025”

La cascada de crisis que ha enfrentado América Latina y el Caribe a partir de la pandemia del COVID-19 en año 2020 generó fuertes deterioros en la pobreza, la desigualdad y el empleo. Aun cuando desde el año 2022 la región ha mostrado una leve tendencia favorable de recuperación de varias dimensiones del desarrollo social inclusivo (CEPAL, 2023[1]), sigue sumida en una doble trampa estructural de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad. La desigualdad es una característica histórica y estructural de esta región, que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica (CEPAL, 2016[2]).

La desigualdad ha estado en el centro del pensamiento y reflexiones de la CEPAL en sus 75 años de vida, contribuyendo desde un análisis a nivel interregional, con los planteamientos sobre las dinámicas centro-periferia en relación con las asimetrías sectoriales del desarrollo económico (CEPAL, 1951[3]), hasta la distribución de los ingresos, la riqueza y el ejercicio de derechos. La heterogeneidad estructural que caracteriza el funcionamiento de los sistemas productivos de los países de la región, en la cual los sectores de baja productividad generan la mayor parte del empleo, es uno de los determinantes de la desigualdad en la región. El mercado del trabajo es el eslabón fundamental que vincula esta estructura productiva con la desigualdad de ingresos. Se ha planteado que esta desigualdad estructural es una barrera importante para el desarrollo de los países de la región, así como para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y el ejercicio de derechos (CEPAL, 2010[4], 2012[5] y 2014[6]). Es, además, ineficiente porque tiene un impacto negativo sobre la productividad, la fiscalidad y la sostenibilidad ambiental (CEPAL, 2018[7]).

Con el planteamiento de la “Matriz de la desigualdad social” (CEPAL, 2016) como marco analítico orientador se argumenta que, junto con el estatus socioeconómico, las desigualdades de bienestar económico y derechos están determinadas por ejes estructurantes como el género, las relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas (incluyendo la desigualdad intergeneracional), el origen étnico-racial, la discapacidad, el estatus migratorio y el territorio (como la segmentación urbana y las desventajas de los sectores rurales), entre otras. Estos ejes se entrecruzan y combinan entre sí, generando una multiplicidad de factores y expresiones de desigualdad (de bienestar y ejercicio de derechos) que se acumulan a lo largo del tiempo.

En contextos de elevada informalidad laboral y desigualdad, con amplios vacíos en los sistemas de protección social que caracterizan a la región, los estratos bajos con frecuencia deben enfrentar la incertidumbre y los choques individuales y colectivos a costa de su bienestar presente y futuro. Esta vulnerabilidad a la pobreza caracteriza a los estratos medios que han logrado salir de la pobreza pero que, como mostró la Pandemia del COVID-19, cualquier choque o crisis socioeconómica puede hacerlos caer en ella, en especial cuando no están suficiente y oportunamente cubiertos por los sistemas de protección social.

Hoy en día existe un amplio reconocimiento de la relevancia de hacer frente a la desigualdad y fomentar la inclusión social. Esto tiene un claro fundamento en el enfoque de derechos y el reconocimiento de las consecuencias negativas que ella tiene en el desarrollo de capacidades y el bienestar individual. Pero también es un objetivo necesario para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, centralidad que se releva de manera clara en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que se recoge en los ejes y líneas de acción de política pública acordados por los países de la región en la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (CEPAL, 2020[8]). Avanzar en la reducción de brechas de desigualdad es clave para alcanzar desarrollo social inclusivo y este es una dimensión consustancial al desarrollo sostenible en la región.

El objetivo de este seminario es promover la reflexión y diálogo para avanzar en el reconocimiento, análisis de las características y dimensionamiento de la desigualdad social en la región camino a la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 2025. Con esto, se busca fortalecer el diseño de políticas públicas que permitan avanzar en el desarrollo social inclusivo y así progresar en el cumplimiento de los objetivos acordados por los países en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.