Expertos instan a Honduras a frenar los desalojos de miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes

Un grupo de expertos independientes en derechos humanos pidió este viernes a Honduras detener inmediatamente la ejecución de más de 1000 órdenes de desalojo que, según la información recibida, afectan a miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes que viven desde hace largo tiempo en los territorios en disputa.

Los expertos expresaron especial preocupación por el Decreto 107-2026, una nueva normativa que, según explicaron, protege determinadas tierras destinadas a actividades agroindustriales, ganaderas, energéticas y turísticas frente a reclamaciones relacionadas con procesos de reforma agraria o derechos ancestrales. Advirtieron además que la legislación fue elaborada sin consultar a las comunidades que podrían verse desplazadas.

“Una ley redactada sin haber realizado una sola consulta a las comunidades que se verán desplazadas no puede servir de base para desalojar a miles de familias”, afirmaron. “Estos desalojos son fáciles de ejecutar, pero casi imposibles de revertir”.

De acuerdo con la información citada por los expertos, al 1 de julio ya se habían emitido más de 1000 órdenes de desalojo y algunas habían comenzado a ejecutarse. Por ello, reclamaron al Gobierno que suspenda nuevos procedimientos y consulte a las comunidades afectadas sobre las reclamaciones territoriales pendientes antes de llevar a cabo cualquier otra medida de este tipo.

La tierra también determina el acceso a los alimentos

Una de las principales preocupaciones planteadas por los expertos es el efecto que la pérdida de las tierras puede tener sobre el derecho a la alimentación. Parte de los terrenos afectados son utilizados por cooperativas y agricultores de subsistencia para cultivar alimentos, por lo que su desalojo podría privar a las familias de recursos productivos esenciales para su supervivencia.

A juicio de los especialistas, esta situación plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de Honduras de respetar, proteger y garantizar ese derecho. La controversia, por tanto, no se limita a quién puede ocupar o utilizar un determinado territorio, sino que puede tener consecuencias directas sobre los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades.

Los expertos señalaron como uno de los casos recientes el desalojo realizado el 6 de julio contra la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, de un territorio ancestral que, según indicaron, había sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como perteneciente a esa comunidad.

Cinco defensores de los derechos humanos garífunas fueron detenidos durante el operativo y posteriormente liberados, aunque continúan enfrentando procesos penales por usurpación agravada, de acuerdo con el comunicado. Los expertos pidieron investigaciones rápidas sobre los actos de violencia ocurridos durante el desalojo y reclamaron que se aplique íntegramente la sentencia de 2023 de la Corte Interamericana relativa al territorio ancestral de San Juan, así como otras decisiones pendientes sobre derechos territoriales en Honduras.

También citaron el caso de más de 40 familias campesinas desalojadas el 6 de agosto de la comunidad de El Tulito, en Choluteca, en aplicación del mismo decreto. Según la información recibida por los especialistas, las disputas por la tierra han estado acompañadas de episodios de violencia y las personas defensoras de los derechos humanos continúan enfrentándose a represalias por su trabajo.

Preocupación por la violencia y la criminalización

Los expertos también vincularon la situación de los desalojos con un contexto más amplio de violencia en torno a los conflictos por la tierra. En una comunicación enviada al Gobierno hondureño plantearon, entre otras cuestiones, la necesidad de realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente y eficaz sobre el asesinato de 20 personas ocurrido el 21 de mayo en Rigores, Colón.

Según la información recogida en esa comunicación, los atacantes presuntamente vestían uniformes policiales y militares. Ocho de las víctimas pertenecían a organizaciones campesinas que habían denunciado la destrucción y confiscación de sus propiedades por parte de la policía días antes. Los expertos solicitaron que se esclarezcan los hechos y que las personas responsables rindan cuentas.

Asimismo, instaron a las empresas involucradas en las disputas territoriales a aplicar procesos sólidos de diligencia debida en materia de derechos humanos y a evitar que las comunidades y quienes defienden sus derechos sean expuestos a riesgos indebidos, incluido el posible uso indebido del derecho penal.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se cierran deliberadamente todas las vías legales a través de las cuales una familia campesina, indígena o afrodescendiente de Honduras pueda impugnar el despojo”, afirmaron.

Los especialistas reclamaron al Gobierno hondureño suspender los nuevos desalojos, consultar a las comunidades sobre las reclamaciones territoriales pendientes e investigar los episodios de violencia denunciados. También pidieron garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana relacionadas con los derechos sobre la tierra en el país.

Los firmantes son relatores especiales y miembros de grupos de trabajo de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos especializados, entre otros ámbitos, en los derechos de los campesinos, la vivienda, la alimentación, las ejecuciones extrajudiciales, la libertad de asociación, los defensores de derechos humanos y las empresas y los derechos humanos. Ejercen sus funciones a título individual, son independientes y sus opiniones no representan necesariamente las de las Naciones Unidas ni las de la Oficina de Derechos Humanos.