El derecho de la naturaleza puede guiar un cambio transformador

Mientras el derecho medioambiental reconoce la naturaleza “como una cosa o un objeto”, cuya explotación tiene cierto límite, los derechos de la naturaleza reconocen a ésta como “un sujeto que merece respeto y protección” en sí mismo porque existen muchos elementos que dependen de estos ecosistemas, como animales o bosques, explicó Constanza Prieto, destacando la diferencia del derecho innovador de la naturaleza.

Constanza Prieto es directora jurídica para América Latina del Earth Law Center, una organización jurídica sin animo de lucro fundada en 2008 que busca trabajar por el derecho medioambiental.

Durante una de las sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Prieto subrayó la importancia de esta legislación, que promueve el respeto a los limites naturales y a los ecosistemas.

Prieto -junto con otros expertos en los derechos de los indígenas- profundizó cómo la gobernanza indígena, el reconocimiento legal y las relaciones con la naturaleza pueden guiar un cambio transformador para las personas y el planeta.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas busca abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo económico, social, cultural y medioambiental de los pueblos indígenas por medio de diversos eventos que permiten la discusión entre agentes de cambio.

La doctora Kelsey Leonard, profesora de Derecho de la Naturaleza (Earth Law) en la Universidad de Waterloo, por su parte, comparó el derecho de la naturaleza con un árbol quetiene muchas ramas, como los derechos de los animales o los derechos indígenas, y que siempre pueden crecer más. Este derecho busca responder a los problemas medioambientales actuales, aportándoles una nueva perspectiva.

De los derechos indígenas hasta el ecocidio

El concepto de la Ley de la Tierra o de la Naturaleza es bastante amplio e involucra diferentes tipos de principios que tienen como objetivo regular la protección y el valor de la naturaleza.

Estos están interconectados y forman parte de distintas ramas como puede ser el derecho indígena, o el ecocidio, que es la criminalización o generación de delitos por destrucción masiva de los ecosistemas, especificó Prieto en una entrevista con Noticias ONU.

Estos derechos tienen una gran relación con los pueblos indígenas y sus derechos, ya que la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza en el mundo empieza con los pueblos indígenas, quienes dependen de esta naturaleza y han sido considerados durante años como sus “guardianes”.

Los derechos del río Marañón tras 20 años de lucha 

A pesar de que los derechos de los indígenas y de la naturaleza se ven como ramas separadas, “están profundamente interconectados”. 

“Con el caso del río Marañón, la Corte precisamente habla de que están explícitamente vinculados. Si se viola, de los derechos del río Marañón, se van a violar los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas”, dijo Prieto, poniendo como ejemplo la demanda contra el Estado, ganada en 2024, por las mujeres del pueblo indígena Kukama en Perú por la protección y los derechos del río debido a vertidos sistemáticos de petróleo.

En cooperación con el Earth Law Center y tras 20 años de lucha, estas mujeres indígenas lograron que el Estado peruano reconociera el derecho del río y nombrara a las comunidades indígenas que dependen de él como sus “guardianes”. 

La destrucción del río Marañón, por los permanentes derrames de petróleo, afecta también los derechos de la comunidad Kukama al “no poder ejercer su autodeterminación, afecta sus tierras y territorios, afecta su vínculo espiritual con el río, y afecta su soberanía alimentaria”, indicó Prieto.

Más allá del paradigma judicial: cambiar la cultura y la mentalidad

Asimismo, para conseguir un cambio es importante transformar el paradigma cultural, si “la gente valora más su vínculo con la naturaleza, va a protegerlo”, sostuvo la directora jurídica.

Esta protección viene muchas veces de los pueblos indígenas. En Ecuador el 90% de los casos que atañen al derecho de la naturaleza, son promovidos por la sociedad civil, no por de la defensoría pública.

En países donde “no hay una sociedad civil fuerte, los derechos tienden a quedarse en el papel. Por ejemplo, Bolivia no ha logrado generar una movilización social, a pesar de ser el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza en su legislación”. Por eso es importante que las personas se involucren en proteger este derecho y que exijan un cambio.

Este cambio de mentalidad en la sociedad también va de la mano con llevar las problemáticas locales a espacios internacionales para darles visibilidad. “Cuando las problemáticas quedan encerradas en las paredes locales las comunidades (…) piensan que no van a ser escuchadas, que no tienen visibilización”.

Dar a estas voces un espacio internacional que las amplifique o catalice, hace posible que se encuentren con gente que comparte su lucha para salir de la lógica de que ‘no se puede lograr un cambio’, y ayuda a que se presiones a los Estados para que actúen  conforme a las leyes.

“Es algo virtuoso que las comunidades puedan catalizar su voz en forma internacional”, concluyó Prieto.