Tres días después del asesinato de dos líderes sociales y cuatro personas más en una carretera de Norte de Santander, dos misiones internacionales y la Conferencia Episcopal de Colombia emitieron un comunicado conjunto en el que advierten sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en la región del Catatumbo y exigen respeto al Derecho Internacional Humanitario.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal expresaron su “profunda preocupación por el grave deterioro de la situación de seguridad” en la región y denunciaron que los grupos armados han convertido a la población civil en blanco de sus disputas territoriales. Líderes comunitarios, dignatarios de juntas de acción comunal y autoridades locales figuran entre los más afectados, generando lo que el documento describe como “consecuencias humanitarias inaceptables”.
Las tres entidades hicieron un doble llamado: a los actores armados ilegales, para que acaten sin condiciones el derecho internacional, recordando que “la protección y el respeto absoluto a la población civil no está sujeta a interpretación ni a cumplimiento discrecional”, y al Estado colombiano, para que garantice la protección efectiva de los habitantes del territorio.
Seis muertos en un ataque
El comunicado se produce días después de que el martes 19 de mayo un grupo armado interceptara una camioneta de la Unidad Nacional de Protección en la vereda Oropoma, sobre la vía que conecta Ábrego con Ocaña. Seis personas murieron en el ataque, entre ellas Freiman David Velásquez Benítez e Iván Stiven Camacho Castillo, integrantes de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo.
Según medios locales, Velásquez ya había sobrevivido un atentado en enero de este año y contaba con esquema de seguridad precisamente por las amenazas que recibía. La Policía Nacional atribuyó el crimen al frente Camilo Torres Restrepo del ELN.
Una crisis que comenzó hace 16 meses y no se detiene
Desplazados del Catatumbo llegan al Estadio General Santander de Cúcuta. (Archivo)
La violencia en el Catatumbo se desbordó el 16 de enero de 2025, cuando el ELN lanzó una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control de territorios estratégicos y economías ilícitas en esta zona fronteriza con Venezuela. Para mediados de 2025, más de 64.000 personas habían sido desplazadas y más de 12.000 confinadas. A comienzos de 2026 la cifra total de desplazados rozaba las 100.000 personas, aproximadamente la mitad de la población de toda la región.
Los grupos armados incorporaron drones de ataque y artefactos explosivos improvisados, lo que ha transformado amplias zonas rurales en territorios de altísimo riesgo para los civiles.
Los líderes sociales, blanco sistemático
El asesinato de Velásquez y Camacho se inscribe en una tendencia que los organismos de derechos humanos llevan meses denunciando.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 24 denuncias de homicidio de defensores de derechos humanos y 32 denuncias de masacres que están en proceso de verificación en el primer trimestre de 2026.
Según Indepaz, una ONG que lleva un seguimiento de las masacres, en lo que va de 2026 fueron asesinados 61 líderes sociales en Colombia.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).
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