Aislar a los opositores detenidos en Venezuela equivale a desaparición forzada, asegura la Misión Independiente

El Gobierno de Venezuela debe cesar de inmediato la detención de sus opositores, o de quienes percibe como tales, en condiciones de aislamiento e incomunicación, declaró este miércoles la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela*.

La Misión expresó profunda preocupación por esta práctica que, según señaló, a menudo equivale a desapariciones forzadas, así como por la falta generalizada de protección judicial efectiva.

El organismo indicó que las detenciones selectivas forman parte de un “plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar a figuras de la oposición”, o a quienes son percibidos como tales, incluidos los defensores de los derechos humanos, y para infundir miedo en la población.

“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional,” afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La Misión señala a los cuerpos de seguridad como responsables

La Misión señaló que los responsables de llevar a cabo esta práctica son los cuerpos de seguridad del Estado, en connivencia con el Ministerio Público. En este sentido, se refirió al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

“Además, los juzgados penales y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son cómplices al asegurar la impunidad de estos crímenes y graves violaciones a los derechos humanos”, añadió.

Según la Misión, la falta de funcionamiento “eficaz” de los mecanismos de protección legal es “alarmante” y confirma la ausencia de un verdadero Estado de Derecho y cita como ejemplo la ineficiencia de la institución del habeas corpus**, el cual considera “un mecanismo de protección fundamental contra las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el riesgo de torturas”.

La Misión dijo haber investigado y corroborado en los últimos meses al menos 20 casos en los que los recursos de habeas corpus no fueron recibidos, fueron rechazados o no obtuvieron respuesta.

Además, de los 13 casos en los que la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos ha concedido medidas cautelares en 2025, en nueve explícitamente se registra la falta de efectividad del recurso de habeas corpus.

“La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad,” dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión.

Venezuela debe liberar a los detenidos arbitrariamente

La Misión exigió la liberación sin condiciones de todos los detenidos arbitrariamente, e instó a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad personal de todas las personas bajo su custodia.

También instó a Consejo de Derechos Humanos y sus Estados miembros a que mantengan su observación y vigilancia ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en Venezuela.

* El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014.

Los miembros de la Misión  fueron designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de la ONU brinda apoyo a la Misión, sus miembros actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la ONU.

** Derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse.