25 años del 11/S: el legado de una lucha antiterrorista que ha puesto en jaque los derechos humanos, aseguran expertos

Veinticinco años después de que cuatro aviones secuestrados segaran la vida de casi 3000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, el mundo sigue pagando las consecuencias de una respuesta que, en palabras de un grupo de expertos independientes* de la ONU, ha llevado el derecho internacional “más allá de su punto de ruptura”. 

En un extenso comunicado, una treintena de relatores** de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos rinde tributo “a los miles víctimas que perdieron la vida, sus familias y las comunidades cuyas vidas cambiaron para siempre por aquellos actos horribles de violencia”.

Los expertos extienden su reconocimiento a “los millones de otras víctimas en todo el mundo de atentados terroristas, de respuestas antiterroristas excesivas y de conflictos librados en nombre de la lucha contra el terrorismo”, recordando así que el 11-S abrió una era de violencia global que sigue cobrándose vidas.

Del dolor a la violación sistemática

La declaración enumera los abusos cometidos en nombre de la seguridad: “Guerras de agresión. Ocupaciones ilegales. Innumerables crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y alegaciones plausibles de genocidio. Asesinatos disfrazados de ‘asesinatos selectivos’. Tortura disfrazada de ‘interrogatorio’. Secuestros transfronterizos, entregas extraordinarias y represión transnacional. Detención secreta y desapariciones forzadas. Juicios militares injustos y tribunales especiales, incluido Guantánamo”.

En el comunicado, los expertos advierten de que muchas de estas prácticas “se han vuelto casi rutinarias en algunos países”, con el abuso politizado de leyes antiterroristas y de “extremismo” cada vez más amplias, detenciones arbitrarias, denegación de juicios justos y la conversión de leyes de emergencia temporales en permanentes.

Las tecnologías emergentes, señala el texto, actúan como “facilitadores clave” de estas violaciones: drones, vigilancia masiva, software espía, sistemas biométricos e inteligencia artificial. “La automatización de los sistemas de armas plantea riesgos elevados para el derecho a la vida y puede socavar la rendición de cuentas”, advierten los relatores, que instan a las empresas a respetar los derechos humanos en todo el ciclo de vida de estas tecnologías.

El precio para la sociedad civil

También hablan del extenso impacto sobre la sociedad civil. Las medidas antiterroristas han servido para “atacar, acosar, intimidar, amenazar y silenciar” a defensores de derechos humanos, periodistas, disidentes, académicos, artistas, ONG, minorías, pueblos indígenas, campesinos y migrantes. 

“El espacio cívico se ha erosionado mediante restricciones injustificadas de la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y el derecho a participar en los asuntos públicos”, denuncia la declaración.

La sobrerregulación de las organizaciones sin ánimo de lucro, a través de leyes de financiación, nuevos delitos, las sanciones bancarias y el exceso de cumplimiento, ha impedido la acción humanitaria imparcial en zonas de conflicto, “impidiendo la asistencia a civiles y socavando los derechos económicos, sociales y culturales”. 

Incluso el Consejo de Seguridad, dicen los expertos, “ha sido parte del problema” al exigir a todos los Estados medidas altamente intrusivas “sin definir el terrorismo, garantizar salvaguardias ni aplicar eficazmente el derecho internacional”.

Además, “las medidas antiterroristas han violado los derechos de grupos vulnerables“, subraya el texto, que menciona a los niños —a los que no se reconoce como víctimas de grupos terroristas, ni se considera su interés superior, ni se les ofrece rehabilitación y reintegración—, a las mujeres, y a los grupos perfilados por su religión, raza o etnia.

La brecha de la rendición de cuentas

La declaración también señala el fracaso a la hora de rendir cuentas por las violaciones cometidas en nombre de la lucha antiterrorista. 

“La impunidad ha alimentado contraproducentemente el terrorismo y la inseguridad“, afirma el texto, que recuerda cómo la agresión de 2003 en Irak contribuyó a la expansión del Estado Islámico. “Las violaciones estatales no solo no pueden derrotar al terrorismo, sino que pueden engendrarlo. También niegan la justicia a las víctimas del terrorismo”.

Los expertos lanzan una paradoja que invita a la reflexión: “Se han gastado billones de dólares en respuestas altamente securitizadas, pero el terrorismo está más extendido, en más lugares, que antes del 11-S”. 

Esta paradoja exige un cambio de paradigma: “El mundo debe financiar adecuadamente iniciativas a largo plazo para prevenir el terrorismo, priorizando la resolución de conflictos y la construcción de paz, la buena gobernanza y la inclusión política, el estado de derecho, el desarrollo sostenible, la asistencia humanitaria y los derechos humanos para todos”.

Un llamamiento a la cordura

La declaración concluye con una serie de peticiones a los Estados: 

• revisar las leyes y prácticas antiterroristas para cumplir con el derecho internacional
• establecer mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas
• proteger y asistir tanto a las víctimas del terrorismo como a las de las medidas antiterroristas ilegales

*Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos son conocidos como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben remuneración por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos desempeñan sus funciones a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la Oficina de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los de sus autores y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas ni los de la Oficina de Derechos Humanos.

**En este enlace encontrará los expertos y las expertas firmantes del comunidado.