Más de 53.000 niños, niñas y jóvenes asesinados en América Latina y el Caribe en siete años

En América Latina y el Caribe, la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida y el bienestar de millones de menores de edad. 

Una investigación  de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) revela que más de 53.000 de ellos fueron víctimas de homicidio en la región entre 2015 y 2022.

Más recientemente, entre 2021 y 2022, la tasa de mujeres jóvenes asesinadas se duplicó, situándose en cinco muertes por cada 100.000 habitantes. 

En contraste, la tasa de homicidios entre adolescentes varones disminuyó de 17 a 10 muertes en el mismo período, aunque sigue siendo alta. 

Para las agencias, los homicidios ocurren en un contexto de aumento de la violencia armada en algunas zonas de la región, así como las desigualdades sociales y de género.

Sin embargo, en general, la violencia está presente desde edades muy tempranas. Seis de cada 10 menores de hasta14 años son objeto de algún tipo de castigo violento en el hogar, mientras una de cada cuatro adolescentes experimenta acoso escolar. También crecen los abusos en los entornos digitales.

Los organismos piden políticas públicas sólidas para prevenir y responder a la violencia contra niños y adolescentes.

Se teme por la desaparición o muerte de cientos de personas en medio de informes de naufragios en el Mediterráneo central.

Temen por cientos de migrantes desaparecidos o muertos en el Mediterráneo

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expresó profunda preocupación por varios naufragios ocurridos en el Mediterráneo Central en los últimos días, en los que se teme que cientos de personas estén desaparecidas o hayan perdido la vida.

Las operaciones de búsqueda y rescate se vieron gravemente afectadas por el mal tiempo, incluido el ciclón Harry.

En Lampedusa, Italia, se confirmaron tres muertes, entre ellas las de gemelas de un año, víctimas de hipotermia, y un hombre fallecido tras su llegada. Sobrevivientes informaron que otra embarcación, que zarpó al mismo tiempo desde Sfax, Túnez, no llegó a destino y podría haber naufragado, mientras que en Tobruk, Libia, se teme la muerte de al menos 51 personas.

La OIM advierte que estas tragedias evidencian los riesgos extremos de las redes de tráfico y trata de migrantes, que operan con impunidad y envían personas en barcos sobrecargados e inseguros. 

La organización instó a la comunidad internacional a reforzar la lucha contra estas redes y a intensificar la búsqueda y rescate para salvar vidas en la región.

La sede de la UNRWA en Jerusalén Oriental en ruinas después de ser demolida.

La sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en la Jerusalén Oriental ocupada fue incendiada este domingo por las autoridades israelíes. 

Así lo denunció el responsable de la agencia en un comunicado, días después de que se manifestara contra la demolición de los edificios. 

Philippe Lazzarini lo calificó como una “destrucción sin precedentes” y un ataque contra las Naciones Unidas, mientras intentan desintegrar la condición de los refugiados palestinos y “borrar su historia”. 

“La condición de refugiado debe resolverse mediante una solución política genuina, no mediante actos delictivos”, subrayó el comisionado general de UNRWA.

Corte Penal Internacional

Sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos.

Una experta pide a Estados Unidos retirar sanciones contra la Corte Penal Internacional

Una experta* de las Naciones Unidas pidió a Estados Unidos retirar de inmediato las sanciones impuestas a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional y derogar una orden ejecutiva emitida en febrero de 2025. 

El llamado se produce tras una nueva ronda de sanciones anunciada en diciembre, que eleva a diez el número de funcionarios de la Corte afectados por estas medidas.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados** advirtió que estas sanciones socavan los principios fundamentales de la justicia internacional y envían un mensaje alarmante a las víctimas de crímenes graves, que dependen de la labor de jueces y fiscales para acceder a la verdad y la reparación.

La experta expresó además su preocupación por el impacto de estas medidas en organizaciones no gubernamentales y en las propias víctimas, que podrían temer represalias bajo el régimen de sanciones estadounidense.

Ante la apertura del nuevo año judicial de la Corte Penal Internacional, la relatora instó a la comunidad internacional a reforzar su apoyo político y financiero.

Subrayó que la intimidación o castigo a quienes imparten justicia representa una grave amenaza al Estado de derecho y a la rendición de cuentas a nivel internacional.

*Margaret Satterthwaite es la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

**Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan «procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos». Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).

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