UNRWA califica de “indignante” la nueva ley israelí que restringe sus operaciones

El Comisionado General de la Agencia para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, calificó de “indignante” la nueva legislación aprobada por el Parlamento israelí contra la Agencia, al considerar que vulnera el derecho internacional, socava el mandato otorgado por la Asamblea General y contradice las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En una contundente declaración, Lazzarini afirmó que la ley representa “un ataque directo al sistema multilateral” y una “rechazo inaceptable” de las obligaciones de Israel como Estado miembro de las Naciones Unidas.

La legislación retira la inmunidad diplomática a la Agencia, autoriza el corte de suministros esenciales, como agua, electricidad, combustible y comunicaciones, a UNRWA, y otorga al Gobierno israelí la facultad de expropiar propiedades de la ONU en Jerusalén Oriental, incluidas la sede de la Agencia y su principal centro de formación profesional.

“Esto constituye una clara violación de las obligaciones del Estado de Israel en virtud del derecho internacional”, señaló.

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó el lunes en segunda y tercera lecturas una enmienda al proyecto de ley que entró en vigor en enero 2025, que prohibió las operaciones de la UNRWA en Jerusalén Oriental ocupada y suspendió todo contacto entre funcionarios israelíes y la Agencia, alegando una supuesta conexión entre sus trabajadores y Hamás. 

La nueva enmienda fue obtuvo 59 votos a favor y 7 en contra. 

Las autoridades israelíes han impedido a la Agencia llevar directamente cualquier tipo de ayuda humanitaria a Gaza, incluidos alimentos, durante casi diez meses (desde el 2 de marzo de 2025) y no han concedido al personal internacional de UNRWA visados ni permisos para entrar en el territorio palestino ocupado, incluida Gaza, desde finales de enero de 2025.

Campaña para desacreditar a UNRWA

“La nueva legislación supone un nuevo golpe al sistema multilateral”, dijo Lazzarini, denunciando que forma parte de una “campaña sistemática y continua para desacreditar a la UNRWA” y, con ello, obstaculizar la prestación de asistencia a millones de refugiados palestinos. 

La Corte Internacional de Justicia determinó en octubre que Israel no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamás, ni tampoco ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la Agencia.

El Comisionado General recordó que ese tribunal reiteró que Israel está obligado a facilitar las operaciones de la UNRWA, no a obstaculizarlas. “Esta nueva legislación supone un rechazo inaceptable de las conclusiones de la CIJ”, subrayó.

La Agencia está obligada por una resolución de la Asamblea General a proporcionar educación, atención sanitaria y otros servicios a unos seis millones de refugiados palestinos registrados que se encuentran en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, así como en Jordania, Siria y Líbano. Está financiada por los Estados miembros de las Naciones Unidas y donantes privados.

Lazzarini denunció también acciones recientes sobre el terreno que, a su juicio, evidencian un “desprecio reiterado” por el derecho internacional. Entre ellas, mencionó el asalto por parte de autoridades israelíes al complejo de UNRWA en Jerusalén Oriental, donde fue retirada la bandera de la ONU, así como el cierre forzoso de escuelas de la Agencia en la ciudad en mayo, privando a cientos de niños refugiados palestinos de su derecho a la educación.

El responsable de la Agencia insistió en que los derechos de los refugiados palestinos existen independientemente de la UNRWA, en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, así como de resoluciones de la Asamblea General, incluida la resolución 194 de 1948. “Incluso si la UNRWA dejara de existir, esos derechos perdurarían”, subrayó.

“Un grave precedente”

Finalmente, Lazzarini advirtió de que la legislación también contradice la obligación de los Estados miembros de la ONU de respetar la independencia de la ONU y sus privilegios e inmunidades. “Esto sienta un grave precedente para otras situaciones de conflicto en las que los gobiernos puedan desear eliminar la presencia inconveniente de la ONU”.

Por lo tanto, no solo se dirige contra la UNRWA, sino contra cualquier persona o entidad que pida el cumplimiento del derecho internacional y una solución política pacífica. Si no se rechazan los intentos de intimidar y socavar a la ONU en los territorios palestinos ocupados, se acabará comprometiendo la labor humanitaria y de derechos humanos en todo el mundo.