Sin mejoras en derechos humanos, Venezuela enfrenta una mayor represión, advierte la ONU

La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue sin mostrar avances, advirtió este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al presentar una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Desde su último informe en junio, el país ha registrado un aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y una creciente presión social y económica sobre la población.

Según Türk, la adopción reciente de leyes que otorgan amplios poderes de emergencia al Gobierno, cuyo contenido no ha sido publicado, impide cualquier evaluación independiente sobre su compatibilidad con el derecho internacional.

Represión del espacio cívico

“La represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas”, señaló el Alto Comisionado, quien alertó sobre una creciente militarización de la vida pública y el riesgo de un aumento de la violencia en un contexto ya marcado por altos niveles de criminalidad.

Su Oficina ha recibido denuncias sobre el reclutamiento forzado de personas para la Milicia Bolivariana, incluidos adolescentes y personas mayores.

Türk calificó de “profundamente preocupantes” los informes sobre la promoción de denuncias entre familiares, vecinos y compañeros de trabajo mediante una aplicación estatal, una práctica que, dijo, fomenta el miedo, la desconfianza y la autocensura. Asimismo, recordó que la ley de supervisión de ONG aprobada el año pasado sigue obstaculizando el trabajo seguro e independiente de la sociedad civil.

Periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios continúan enfrentando amenazas, hostigamiento y detenciones arbitrarias. Muchos se han visto forzados a abandonar el país. “Cuando los defensores y los periodistas se van, la verdad y la rendición de cuentas se van con ellos”, afirmó.

El Alto Comisionado denunció que varios periodistas siguen detenidos de forma arbitraria y que cientos de personas permanecen encarceladas por motivos políticos. La reciente detención del secretario general del principal sindicato del país, añadió, envió un “mensaje intimidante” a los trabajadores. También expresó su preocupación por el uso de leyes antiterroristas vagas y amplias, que abren la puerta a graves abusos.

Personas incomunicadas, con falta de alimentos y medicinas

Las condiciones de detención siguen siendo críticas, con falta de alimentos, medicinas y visitas familiares. La Oficina del Alto Comisionado ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales de 2024, incluido el reciente fallecimiento del político opositor Alfredo Díaz, cuyo estado de salud se habría deteriorado gravemente bajo custodia.

Türk también alertó sobre el aumento de traslados de detenidos a lugares desconocidos, algunos de los cuales podrían constituir desapariciones forzadas. En centros como El Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, se sigue manteniendo a personas incomunicadas, sin acceso a abogados ni familiares.

Aunque reconoció la liberación de al menos 51 personas desde su último informe, el Alto Comisionado instó a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos cívicos, así como de sus familiares y de varios adolescentes aún bajo custodia tras las elecciones.

Presión extranjera financiera y militar

El informe también abordó la grave crisis socioeconómica que enfrenta la población. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación podría alcanzar el 270% en 2025, mientras que el salario mínimo mensual es más de mil veces inferior al costo de la canasta básica de alimentos. Muchas familias deben elegir entre comprar comida o medicinas, en un contexto de acceso limitado a educación y salud.

Türk expresó además su preocupación por el impacto de las sanciones sectoriales amplias sobre los sectores más vulnerables y pidió que sean reevaluadas y levantadas.

Expresó su profunda preocupación por el impacto en los derechos fundamentales del aumento de la presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela. Advirtió que la historia demuestra que, cuando las tensiones y la confrontación se intensifican, quienes más sufren son las personas comunes, y no quienes detentan el poder.

En ese contexto, instó a las autoridades estadounidenses a recurrir a mecanismos consolidados de aplicación de la ley para hacer frente al narcotráfico, en lugar de medidas que puedan agravar la situación humanitaria y de derechos de la población venezolana.

Asimismo, instó a los Estados que acogen a migrantes y refugiados venezolanos a garantizar su protección internacional.

Finalmente, lamentó que la Oficina del Alto Comisionado ya no cuente con personal internacional en Venezuela, pese a los intentos por restablecer su presencia. “El sufrimiento del pueblo venezolano debe terminar”, concluyó, reiterando su disposición al diálogo constructivo con las autoridades.