Expertos en derechos humanos de la ONU* expresaron este viernes su profunda preocupación por el contenido del fallo del Tribunal Constitucional del Perú que ratifica la “ley de impunidad”, la cual permite la aplicación de prescripción a los crímenes de lesa humanidad.

“Este fallo es un peligroso retroceso”, señalaron los expertos**, quienes enfatizaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles conforme al derecho internacional.

La ley aprobada indica que la prescripción podría aplicarse a dichos crímenes si fueron cometidos antes de la ratificación por parte del Perú del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. 

El grupo de expertos aclaró que la prohibición de la prescripción para los crímenes de lesa humanidad no depende de la ratificación de tratados.

“El principio de legalidad no protege a los perpetradores de atrocidades que ya eran delitos conforme al derecho internacional en ese momento”, añadieron. Las demoras en los procesos tampoco pueden justificar la impunidad frente a violaciones graves.

La nueva ley socava la independencia judicial

En este sentido, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también advirtieron al país sobre la ilegalidad de la ley conforme al derecho internacional.

“El Perú está obligado por las normas del derecho internacional general y por sus compromisos internacionales. Las interpretaciones internas no pueden prevalecer sobre normas diseñadas para proteger a la humanidad de los peores crímenes”, señalaron.

El fallo del Tribunal también ordenó la anulación de decisiones judiciales que desconocen la constitucionalidad de la ley de impunidad.

“Esta decisión socava la independencia judicial e introduce el riesgo de nuevas represalias contra operadores de justicia (policía y fiscales hasta jueces, defensores públicos, abogados y peritos) que ya están siendo atacados por aplicar estándares internacionales vinculantes”, dijeron los expertos.

Los expertos instaron a Perú a armonizar su legislación con los estándares internacionales, garantizar la rendición de cuentas y proteger a los actores judiciales.

“La justicia tardía no debe convertirse en justicia denegada”, concluyeron.

*Los expertos: Bernard  Duhaimerelator especial sobre la verdad, la justicia y la reparación; Morris Tidball-Binzrelator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Margaret Satterthwaiterelator especial sobre la independencia de los magistrados y abogadosGabriella Citroni (presidenta-relatora), Grażyna Baranowska (vicepresidenta), Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed al-ObaidiGrupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

** Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y las Naciones Unidas. 

Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).

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