ONU Derechos Humanos: las sanciones de Estados Unidos a los jueces de la CPI corroen la justicia

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha mostrado este viernes por las sanciones impuestos ayer por el Gobierno de los Estados Unidos a los jueces de la Corte Penal Internacional.

Las sanciones son «profundamente corrosivas para el buen gobierno y la debida administración de justicia», ha afirmado Volker Türk.

Las sanciones contra los jueces, anunciadas ayer por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se producen después de que la Corte haya emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, exministro de Defensa, como presuntos perpetradores de crímenes de guerra en relación con el desarrollo de la guerra en Gaza.

La Corte también supervisa un caso de 2020 por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por las fuerzas militares estadounidenses y afganas.

«Me perturba profundamente la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de sancionar a jueces de la Corte Penal Internacional —concretamente a cuatro juezas, de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda— que habían participado en resoluciones sobre la situación en Afganistán o en el Estado de Palestina», afirmó Türk, quien pidió que se reconsideraran y retiraran rápidamente las medidas.

Las sanciones, continúa la declaración, atacan a los jueces por desempeñar sus funciones judiciales, un acto que, según él, va «directamente en contra del respeto al estado de derecho y la igualdad ante la ley, valores que Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo».

Las sanciones socavan la justicia

La declaración sigue un comunicado de prensa del jueves de la CPI, en el que se describen las sanciones como «un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todos los rincones del mundo».

La CPI reforzó su posición el viernes con un comunicado de la Asamblea de los Estados Partes —el órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la corte— en el que rechazaba las sanciones de Estados Unidos, que, según declaró, «corren el riesgo de socavar los esfuerzos mundiales para garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional y erosionan el compromiso compartido con el Estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la preservación de un orden internacional basado en normas».

Matanza de periodistas

Por su parte, la Oficina regional para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados ha condenado la práctica habitual del ejército israelí de asesinar a periodistas en Gaza, que sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

En el último ataque contra el Hospital Al Ahli, en la ciudad de Gaza, en la mañana del 5 de junio, al menos cuatro periodistas murieron y otros tres resultaron heridos. Este es al menos el tercer caso de periodistas aparentemente atacados y asesinados en hospitales. Un ataque contra el complejo médico Nasr en Khan Younis el 7 de abril de 2005 causó la muerte de dos periodistas, y un ataque contra el hospital Al Awda en An Nuseirat causó la muerte de cinco periodistas el 26 de diciembre de 2024.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados está horrorizada por el hecho de que, según informes, los ataques militares israelíes hayan causado la muerte de 18 periodistas solo en mayo de 2025.

Ese organismo ha verificado la muerte de 227 periodistas palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos 197 hombres y 30 mujeres.

El aparente ataque selectivo contra periodistas palestinos en Gaza, junto con la denegación por parte de Israel del acceso de periodistas extranjeros a Gaza durante más de 18 meses, salvo algunas visitas controladas por las Fuerzas de Defensa de Israel, parecen indicar un intento deliberado por parte de Israel de limitar el flujo de información hacia y desde Gaza e impedir la cobertura informativa sobre el impacto de sus ataques y la denegación de asistencia humanitaria.

Dirigir ataques contra personas protegidas, como los periodistas, constituye una violación del derecho internacional humanitario y también un crimen de guerra.

También los hospitales

El ataque contra el hospital Al Ahli el 5 de junio se produjo cuando el ejército israelí atacó hospitales que apenas se habían recuperado de las anteriores rondas de hostilidades.

La conducta del ejército israelí en las hostilidades ha llevado al sistema sanitario de Gaza al borde del colapso total. Las operaciones en el norte de Gaza han dejado fuera de servicio los tres principales hospitales de la provincia y han destruido el único centro de diálisis del norte.

Al mismo tiempo, las órdenes de desplazamiento israelíes y la intensa operación militar en Jan Yunis están impidiendo que los pacientes lleguen a dos de los principales hospitales de la localidad, el Hospital Europeo y el Hospital Al Amal, y las tropas terrestres israelíes están avanzando en las proximidades del Complejo Médico Nasr, el mayor hospital del sur, lo que aumenta el riesgo de que también se vea obligado a cerrar. El hospital Al Aqsa Martyrs, en Deir al Balah, fue atacado tres veces en la mañana del 4 de junio.

Los ataques coordinados, repetidos y extensos contra hospitales, que son instalaciones especialmente protegidas por el derecho internacional humanitario, y la privación de atención sanitaria y médica a quienes la necesitan desesperadamente, indican una indiferencia total hacia la vida y el sufrimiento de la población civil y suscitan preocupación por el incumplimiento intencionado por parte de Israel de su obligación de respetar y proteger a los civiles.