Los influencers del fusil | Noticias ONU

El hijo de María * un día no volvió a la casa. “Mi hijo salió de la casa cuando yo no estaba, con una mochila y se fue. Luego me enteré de que estaba reclutado”**. Buscando una explicación, María revisó su cuenta de Facebook. “Encontré una conversación con una supuesta novia que le decía que se iba a un grupo armado”.

El caso del hijo de María no es único. Las redes sociales se han convertido en una nueva puerta de entrada a los grupos armados y las organizaciones criminales en Colombia.

En los vídeos de TikTok, se muestran fiestas, dinero, tenis caros, camionetas, motocicletas. Abundan el emoticono de la hoja verde de trébol, en referencia a la coca, el ninja con la cara cubierta es el guerrillero, el fajo de dinero y la bandera de Colombia.

Al otro lado de la pantalla, hay adolescentes con chancletas gastadas, de familias humildes, a menudo desestructuradas y que viven en las zonas más remotas de Colombia.

“Los atrae una motocicleta de alto cilindraje. Los atrae ser alguien visto poderosamente en el territorio. Y la forma de acceder a esas motos, ellos creen que es a partir de la vinculación a los grupos y también está muy ligado a la producción de coca, porque lo ven como una forma de ascenso”, explica Mario * profesor de una escuela rural.

Asegura que algunos de sus alumnos no conocen otra cosa que una violencia cotidiana, ya normalizada en muchos sectores.

“Por allá esto por ahora se está complicando un poquito, porque ya se está empezando a ver el conflicto armado”, dice un joven de un territorio en zona de conflicto. “Empiezan a disparar otra vez, y existe el miedo a que nos recluten”, añade una chica. “Entró la tanqueta al pueblo, el conflicto armado y justamente dañaron la casa de un compañero mío y por eso entramos en virtualidad [en las clases]”.

Una estrategia de engaño

Diana* es docente en el Cauca y ha tratado durante 25 años con esta realidad.

“Enfrentan una pobreza extrema, viven en territorios donde el Estado no garantiza los derechos básicos como salud, educación, protección. Entonces, en este vacío, los grupos armados se presentan como una opción no legítima, pero sí cercana a ellos, que ofrece comida, dinero, reconocimiento, una aparente familia”, explica.

“Es una estrategia de engaño donde a través de imágenes, canciones, videos muestran, un panorama que puede resultar muy atractivo para niños y niñas que tienen unas carencias económicas, sociales, culturales, muy fuertes. Les ofrecen salarios fijos, les ofrecen alimento, incluso cirugías estéticas para las niñas”, explica Carlos Alberto De La Torre, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.

Cumbia, reguetón y corridos son la banda sonora que enaltece la lucha armada. Los guerrilleros solo necesitan un celular para convertirse en influencers.

Según un informe reciente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el país se han identificado 146 cuentas o perfiles en redes sociales, que son utilizadas por integrantes de grupos armados para promover la vinculación y reclutar menores de edad a sus filas.

“Entonces estos mensajes se convierten en un espejismo de escape. Los vídeos están diseñados con la música que ellos escuchan, con corridos mexicanos que hablan de poder, de armas, de drogas”, dice la maestra del Cauca. “Estas imágenes y sonidos de camaradería, armas, dinero, motos, autos alta gama, generan en ellos una narrativa aspiracional que seduce a estos chicos que son vulnerables. Esta modalidad de reclutamiento digital representa en estos territorios apartados una amenaza silenciosa”, puntualiza.

Más de cien alegaciones de reclutamiento en 2025

Cauca, donde vive Diana, es el departamento con mayor probabilidad de ciber reclutamiento.

Las redes son solo parte de un problema más amplio. En el primer trimestre de 2025, ONU Derechos Humanos recibió 118 alegaciones de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, de las que verificó 51 casos. Entre 2019 y 2024, al menos 1206 han sido víctimas de reclutamiento entre 2019 y 2024, de acuerdo con cifras del informe dael Secretario General de Naciones Unidas sobre niñez y conflicto armado. En 2024 se verificaron 450 casos, un aumento del 64 % con respecto al año anterior.

La Oficina dice que las cifras reales son mucho más altas. 

“Hay un nivel de subregistro altísimo” en el país y la cifra real es “muchísimo mayor”, porque no siempre hay mecanismos de denuncia o porque muchas veces el reclutamiento se normaliza. “Las familias tienen temor porque los grupos les dicen que si denuncian ya no van a poder tener contacto y ya no van a poder ver a sus hijos”, explica De la Torre.

Cuando las familias callan, los primeros en notar la ausencia suelen ser los profesores. “Cuando un chico no llega, el profe empieza a indagar, llama a los padres. En estas zonas lo más probable es que haya sido reclutado o que esté trabajando en cultivos de coca. El profesor investiga, y cuando determina que fue reclutado, intenta activar la ruta institucional. Pero el acceso es muy difícil”, detalla Diana.

Un problema histórico

El reclutamiento de niños y adolescentes  ha sido una constante en el conflicto de Colombia. Las estimaciones de la Comisión de la Verdad indican que en el periodo de 1990 a 2017
entre 27.101 y 40.828 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de esta violencia.

Hace ocho años el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP firmaron un acuerdo de paz, que ha alcanzado progresos notables.

Sin embargo, la retirada de las FARC de algunas regiones creó un vacío de poder que llenaron otros grupos armados, que se disputan las economías ilícitas.

“Ahora hay más de ocho conflictos armados internos entre grupos cada vez más fragmentados. Necesitan jóvenes para mantener el control del territorio, la capacidad de fuego y las economías ilícitas”, dice De La Torre.

Los grupos están presentes incluso en las escuelas. “Almacenan comida en la escuela, usan el baño y la cocina. A veces obligan al profesor a cocinarles. Se asoman por las ventanas mientras damos clase”, relata Laura**. El Informe del Secretario General sobre niñez y conflictos armados verificó también un aumento en el uso de escuelas para fines militares y en el ataque de escuelas y hospitales.

Cuando los jóvenes llegan a los campamentos, muchas veces en veredas remotas u otros departamentos, quedan totalmente aislados.

“La realidad dista profundamente de la promesa que les venden en redes sociales”, alerta Diana. “Lo que comienza como una ilusión de poder y reconocimiento termina siendo una experiencia marcada por el miedo, el abuso y la pérdida de la infancia. Muchos son usados como carne de cañón”.

Los jóvenes no tienen la preparación militar que exige su organización, pero son obligados a portar almas, a vigilar los cultivos ilícitos, a participar de sus enfrentamientos sin entrenamiento y protección. Muchos de ellos, detalla la profesora, son sometidos a castigos físicos y a explotación sexual.

El reclutamiento por parte de grupos armados es un fenómeno rural y afecta especialmente a indígenas y afrodescendientes.

El 48,3% de los casos, que son 260 de los que la Oficina documentó, se concentran en los pueblos indígenas.

La Oficina señala que esto tiene un impacto muy fuerte “en la cultura, la identidad y los procesos organizativos de los pueblos”.  “Es una forma realmente donde el exterminio de los pueblos cultural y físicamente está avanzando”, añade De la Torre.

En los videos en las redes sociales, las mujeres son presentadas como un premio más para los guerrilleros.

El 39,7% de los de los casos de reclutamiento son niñas. “Una vez fui abusada sexualmente por integrantes de un grupo. Luego esos hombres del grupo me buscaban cada fin de semana y me llevaban obligada a una zona para ser violada nuevamente por otros hombres”, narró Sofía** a la Oficina.

Diana recuerda el caso de una alumna de 16 años, brillante y carismática. Desapareció y seis meses después llamó a su madre para decirle que estaba bien y que había conocido a un joven que la cuidaba. Poco tiempo después, su cuerpo fue hallado en otro departamento.

“Era una chica líder, con muchas aspiraciones. Se dejó llevar por una falsa expectativa y nunca intentó salir. Fue muy triste ver su cuerpo regresar al pueblo. Y ahí es donde aparecen las culpas en todos los sectores”, dice Diana, con la voz entrecortada.

La respuesta de las redes sociales

La Oficina de Derechos Humanos ha contactado a Meta y TikTok para pedir medidas. Aunque se han cerrado cuentas, otras nuevas aparecen sin cesar.

“Es clave que fortalezcan su coordinación con las instituciones del Estado, como la Fiscalía, para facilitar investigaciones contra quienes están detrás de esta estrategia mediática”, afirma De La Torre.

La ONU pide a las plataformas que asignen recursos para equipos locales capaces de identificar y moderar contenido, evitando que las redes se conviertan en cajas de resonancia para los grupos armados.

UNICEF, por su parte, apoya a escuelas rurales para convertirlas en espacios seguros y garantizar que los niños completen su educación. En 2024, más de 13.651 niñas, niños y adolescentes, y 4424 jóvenes, padres, madres y cuidadores, así como funcionarios públicos, participaron en talleres de estrategias de prevención de reclutamiento y atención a víctimas.

Los que regresan

Tras las familias, las escuelas son las primeras en notar la ausencia y las primeras en recibir a quienes regresan.

“Muchos no hablan. Otros intentan impresionar a sus compañeros, diciendo que fueron valientes. Mantienen un nivel de fantasía. Se presentan como si no hubieran fracasado, sino vivido una experiencia”, expone Mario.

Diana insiste en que la escuela debe desmontar esa narrativa falsa y ofrecer un futuro digno. “Es un diálogo constante. Hay que abrir su mirada para que vean que hay otras posibilidades”, añade Mario, quien asegura que también hay historias felices: “Transformaciones de vida completas, pero no puedo contarlas”.

No puede contarlas para proteger a sus alumnos. Profesores como Mario y Diana trabajan con pasión en zonas de alto riesgo. Otros deben irse, amenazados directa o indirectamente. “Desde la educación se pueden cambiar vidas. Por eso algunos se quedan. Pero los grupos buscan la manera de sacar a los maestros que se convierten en obstáculos”, advierte Diana.

Los docentes piden una respuesta estructural. “Falta una política pública que garantice acceso a la educación para que los niños que han logrado desvincularse tengan acceso y de esto puedan tomar ejemplo los demás chicos para que la escuela se vea como un espacio de sanación. Se necesitan recursos, formación docente, articulación con un sistema de justicia. Retomar las clases para ellos no es fácil, es prácticamente reconstruir un proyecto de vida que fue interrumpido por esa guerra. Y dependiendo cómo se haya presentado la situación, puede ser o un riesgo para los demás compañeros o también puede ser la salvación para muchos otros”, concluye Diana.

*Nombres cambiados por motivos de protección

** Testimonios recopilados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia

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