Las restricciones de Israel a la ayuda humanitaria dirigida a los palestinos viola el derecho internacional

El Secretario General de la ONU condenó este miércoles la entrada ilegal de las autoridades israelíes Centro de Salud de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén, ocurrida el 12 de enero, así como la orden de su cierre temporal.

En un comunicado de su portavoz, António Guterres, recalcó que se trata de una propiedad de la ONU en Jerusalén Oriental ocupada, que atiende a cientos de pacientes refugiados palestinos a diario y que, para la mayoría de ellos, representa la única posibilidad de acceder a atención primaria de salud.

La acción se produce tras la incautación israelí del complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah y la aprobación y modificación por la Knesset de la Ley para Poner Fin a las Operaciones de la UNRWA en el Territorio del Estado de Israel.

El 8 de enero pasado, el Secretario General ya había manifestado al primer ministro israelí su profunda preocupación, además de que informó de los acontecimientos a la presidenta de la Asamblea General y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Se suspenderá el suministro de servicios públicos

Guterres también expresó gran inquietud por la información recibida por la UNRWA de que las empresas de servicios públicos pronto dejarán de suministrar electricidad y agua a varias de sus instalaciones en Jerusalén Oriental ocupada.

El titular de la ONU lamentó que las autoridades israelíes hayan seguido adoptando medidas incompatibles con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.

Estas medidas constituyen una transgresión de la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas y un obstáculo para el cumplimiento del claro mandato de la Asamblea General para la continuidad de las operaciones de la UNRWA en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental. 

Como confirmó recientemente la Corte Internacional de Justicia, cualquier acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa contra las propiedades y los bienes de las Naciones Unidas está prohibida en virtud de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, adujo.

Ante este panorama, Guterres urgió al gobierno israelí a tomar medidas inmediatas para devolver y restaurar el complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah y el Centro de Salud de la UNRWA en Jerusalén, así como a garantizar el mantenimiento de los servicios básicos en las instalaciones de la Agencia.

En una segunda comunicación, Guterres calificó el anuncio de la próxima entrada en vigor de la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza como un paso importante, y resaltó el carácter positivo de cualquier iniciativa que contribuya a aliviar el sufrimiento de los civiles, apoye la recuperación y reconstrucción y ayude a avanzar hacia un horizonte político creíble.

Del mismo modo, refrendó su respaldo al fin de la ocupación y a la solución de dos Estados, conforme con las resoluciones de la ONU y del derecho internacional.

Una nueva fase que hace insoportable la vida de los palestinos 

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU* en derechos humanos aseveró hoy que la suspensión por parte de Israel de decenas de asociaciones que brindan asistencia vital en los territorios palestinos ocupados es una violación flagrante del derecho internacional.

En una declaración conjunta, una veintena de relatores especiales explicó que al bloquear la ayuda, Israel empeora las condiciones que ponen en peligro la vida de los palestinos y aumenta la posible responsabilidad penal de los gobernantes israelíes.

“Prohibir que organizaciones que salvan vidas operen en Gaza marca una nueva fase en una política que hace la vida insoportable para una población ya devastada por el genocidio”, declararon los expertos. 

Además, argumentaron, la estrategia creará condiciones que obligarán a los palestinos “a sufrir privaciones crónicas, amenazando su propia supervivencia como grupo y violando aún más la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.

El 30 de diciembre pasado, Israel anunció una nueva “medida de seguridad nacional” que prohíbe a 37 ONG internacionales operar en Gaza y Cisjordania, otorgando a las autoridades israelíes poderes discrecionales para denegar el estatus a esas agencias cuando éstas hayan apoyado procedimientos legales internacionales contra ciudadanos israelíes, hayan participado en boicots o se hayan negado a definir a Israel como un Estado judío y democrático.

No es un acto aislado, sino parte de un ataque sistemático

La normativa debe cesar, dijeron los expertos, aseverando que la prohibición “no es un acto aislado, sino parte de un ataque sistemático contra las operaciones humanitarias en los territorios palestinos ocupados y un paso más en el desmantelamiento deliberado de la ayuda vital para Gaza”.

Los relatores detallaron que en la Franja de Gaza, “los supervivientes del genocidio luchan contra el invierno, la grave inseguridad alimentaria, la desnutrición y el colapso de los sistemas de salud y educación en el contexto de los graves daños ambientales causados ​​por la agresión israelí”.

Añadieron que ese castigo colectivo se impone entre ataques continuos contra el personal y las instalaciones humanitarias y la obstrucción de los convoyes de ayuda.

También reportaron que desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado a más de 500 trabajadores humanitarios y al menos a 1500 trabajadores de la salud, y han intimidado, acosado y llevado a cabo campañas de desprestigio contra el personal humanitario. La UNRWA ha sido el objetivo más visible, pero no el único, recordaron.

Los relatores refirieron que hasta el 31 de diciembre de 2025, seguían bloqueados casi 50 millones de dólares en ayuda vital en medio de repetidas violaciones del alto el fuego, incluida la expansión de las fuerzas israelíes a más de la mitad de Gaza, los continuos ataques aéreos y bombardeos que han matado a más de 400 palestinos en menos de tres meses. 

Genocidio sin testigos

“Hemos entrado en una nueva fase en la que Israel y sus partidarios han llegado a la etapa del genocidio sin testigos”, recalcaron los expertos, aludiendo a los asesinatos de periodistas, a su expulsión de la Franja Gaza o a la denegación para que entren a ese territorio. 

Esta situación, sumada a que las organizaciones humanitarias están paralizadas o han sido expulsadas, y a la engañosa sensación global de ‘alto el fuego’ ha dado pie a que se cometan “atrocidades sin escrutinio público”.

Sin palabras para describir lo que ocurre 

A principios de diciembre, las agencias de la ONU y las ONG solo pudieron entregar 14.600 tiendas de campaña para 85.000 personas, dejando a 1,3 millones de palestinos sin refugio adecuado para el invierno. Varias personas, incluidos seis niños, ya han muerto por hipotermia, ahogamiento o lesiones relacionadas con el frío.

“No quedan palabras para describir en lo que se ha convertido Gaza”, enfatizaron los expertos, y reiteraron que el ejército israelí no tiene derecho legal a bloquear la ayuda ni a imponer requisitos coercitivos a las organizaciones humanitarias.

“La ocupación es y sigue siendo ilegal según el derecho internacional. La única manera de remediar esta deficiencia legal es descolonizar Palestina y poner fin al control de Israel sobre las vidas y las tierras palestinas”.

Inaceptable que un Estado acusado de crímenes bloquee la ayuda

En este contexto, instaron a los Estados, en particular a aquellos con influencia, a tomar provisiones inmediatas para garantizar la entrada incondicional de ayuda humanitaria en Gaza. “Es inaceptable que un Estado acusado de crímenes internacionales y que mantiene una ocupación ilegal bloquee el acceso a la ayuda vital en territorio ocupado”.

Asimismo, advirtieron que otros líderes estatales podrían incurrir en responsabilidad si no toman todas las medidas a su alcance para prevenir nuevos actos de genocidio.

Poner fin a la ocupación ilegal y las prácticas de apartheid de Israel sigue siendo la única manera de garantizar una paz duradera en la región, pero los Estados deben trabajar para eliminar todos los obstáculos a la acción humanitaria y garantizar un acceso seguro, sostenido y sin restricciones a través de corredores terrestres y marítimos supervisados ​​por la ONU, puntualizaron los expertos.

*Los expertos y relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor conjunto de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes del Consejo encargados de la investigación y el monitoreo de la situación de los derechos humanos. Las personas titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertas y expertos independientes en derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas las regiones del mundo. No son personal de las Naciones Unidas y son independientes de cualquier gobierno u organización. Actúan a título personal y no reciben remuneración por su labor.