Las ejecuciones aumentaron en 2025 pese a que la pena de muerte no ayuda a combatir el crimen

La abolición universal de la pena de muerte es una tendencia generalizada desde hace muchos años en el mundo; sin embargo, en 2025 se registró un pronunciado aumento en el número de ejecuciones, lideradas por el incremento en la aplicación de la condena capital en unos pocos países que aún mantienen ese castigo en sus legislaciones.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación al respecto este lunes, sobre todo por las condenas a muerte en los casos de delitos que no cumplen con el umbral de gravedad que exige el derecho internacional.

Volker Türk denunció, además, la ejecución continua de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y el persistente secretismo en torno a esas ejecuciones.

Violación del derecho internacional

Según el máximo responsable de velar por las garantías fundamentales, el aumento se debe principalmente al creciente número de ejecuciones por delitos relacionados con drogas que no implican asesinato premeditado, lo que no solo viola el derecho internacional, sino que también es ineficaz para desalentar la comisión de crímenes.

Los datos de la Oficina de la ONU indican que en Irán fueron ejecutadas al menos 1500 personas en 2025, el 47% condenadas por delitos relacionados con drogas. 

“La magnitud y la frecuencia de las ejecuciones indican un uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado, con un impacto desproporcionado en las minorías y los migrantes”, apuntó Türk.

En Arabia Saudita, las ejecuciones sumaron por lo menos 356, superando el récord establecido en 2024. El 78% de las sentencias estuvieron relacionadas con drogas. El país árabe reanudó las ejecuciones en 2022.

“Al menos dos de los ejecutados en Arabia Saudita fueron condenados por delitos que cometieron cuando eran menores de edad, lo que plantea serias dudas con respecto a los derechos de los niños en particular”, subrayó el Alto Comisionado.

Ejecución por gas en Estados Unidos

En Estados Unidos, se ejecutó a 47 personas en 2025, la cifra más alta en 16 años. La muerte por gas, que se aplicó por primera vez en ese país en 2024, se ha extendido, generando preocupaciones sobre tortura o castigo cruel.

Las ejecuciones públicas continuaron en Afganistán, en violación del derecho internacional. El 11 de abril del año pasado, cuatro personas condenadas por asesinato fueron ejecutadas por familiares de sus víctimas en estadios deportivos en las provincias de Badghis, Nimruz y Farah. Desde agosto de 2021, las autoridades de facto han llevado a cabo varias ejecuciones públicas.

En Somalia se ejecutó a 24 personas y en Singapur a 17, mientras que en China y Corea del Norte, ese castigo sigue rodeado de secretismo, lo que dificulta la obtención de cifras precisas. 

En Bielorrusia, el catálogo de delitos punibles con la pena de muerte se ha ampliado recientemente en virtud de la legislación sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo.

Propuestas legislativas contra los palestinos

En Israel, existen actualmente varias propuestas legislativas que buscan ampliar el uso de la pena de muerte mediante la introducción de disposiciones de pena capital obligatoria aplicables exclusivamente a los palestinos. 

En este sentido, el Alto Comisionado advirtió que la medida violaría el derecho de los palestinos a un juicio justo, además de otras transgresiones de las leyes internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 

Las ejecuciones llevadas a cabo por Hamas en Gaza también constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos.

Medidas alentadoras

No obstante el aumento de las ejecuciones, Türk destacó que varios países adoptaron medidas alentadoras en 2025. 

Vietnam redujo el número de delitos punibles con la pena de muerte. Pakistán abolió ese castigo para dos delitos no letales, aunque la mantuvo para otros 29.

Zimbabue abolió la pena de muerte para los delitos comunes el 31 de diciembre de 2024, mientras que Kenya inició una revisión legislativa de del castigo capital.