La resolución del Consejo de Seguridad viola el derecho de autodeterminación palestino, advierte experta

Una experta independiente de la ONU ha expresado grave preocupación por la adopción de la Resolución 2803 por parte del Consejo de Seguridad, advirtiendo que va en contra del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, al tiempo que consolida la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado.

“Acojo con satisfacción la renovada atención del Consejo de Seguridad sobre Gaza y la necesidad urgente de un alto al fuego permanente”, dijo Francesca Albanese*, la relatora especial** sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.

Pero a continuación expresó su “profunda perplejidad”.

“Pese a los horrores de los últimos dos años y la jurisprudencia clara de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo ha optado por no basar su respuesta en el mismo cuerpo de derecho que está obligado a defender: el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación, el derecho que rige el uso de la fuerza, el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas”.

Y añadió: “el Artículo 24(2) de la Carta de la ONU deja claro que, en el desempeño de sus funciones, el Consejo ‘actuará de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas'””.

Traición al pueblo palestino

Para Albanese, en lugar de trazar un camino hacia el fin de la ocupación, la resolución corre el riesgo de afianzar el control externo sobre la gobernanza, las fronteras, la seguridad y la reconstrucción de Gaza.

En ese sentido, asegura que “la resolución traiciona al pueblo que dice proteger”.

La resolución fue adoptada el lunes (17) con 13 votos a favor y dos abstenciones de Rusia y China.

La resolución, según la experta, consolida las asimetrías de poder al disponer un mandato, el de ‘asegurar las fronteras’, ‘proteger a los civiles’ y ‘desmantelar armas’, que se centra casi exclusivamente en desarmar a los grupos armados palestinos mientras no hace nada para acabar con la causa principal de la violencia: el asedio ilegal continuo de Israel, la ocupación, la segregación racial y el apartheid, y la limpieza étnica“, dijo.

Por otro lado, Albanese declara que “no es legal” crear “una fuerza militar que responde a una llamada ‘Junta de Paz’ presidida por el presidente de los Estados Unidos, parte activa en este conflicto que ha proporcionado continuamente apoyo militar, económico y diplomático a la Potencia ocupante ilegal, no es legal”.

Descarado intento de imponer los intereses de EE. UU. e Israel

“Es un descarado intento de imponer, mediante la amenaza de fuerza continuada contra una población virtualmente indefensa, los intereses de Estados Unidos e Israel, lisa y llanamente”.

Y añade: “En esencia, dejará a Palestina en manos de una administración títere, asignando a Estados Unidos, que es cómplice del genocidio, como el nuevo administrador de la prisión al aire libre que Israel ya ha establecido”.

Albanese recordó que la Corte Internacional de Justicia es clara: la autodeterminación es un derecho inalienable del pueblo palestino y la ONU y todos los Estados tienen la obligación de asistir en su realización.

“Esto solo puede comenzar con la retirada inmediata e incondicional de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado. Reemplazar un administrador abusivo por otro no es autodeterminación, es ilegal”, aseguró.

La relatora reflexiona que “marginar el derecho internacional hace a la ONU cómplice, socava la Carta de la ONU y solo puede conducir a una ‘intensificación de la carnicería humana'”.

Cualquier plan político depende del éxito de la UNRWA

En un discurso paralelo, Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, alertó sobre la crítica situación de este organismo.

Subrayó que, mientras la Asamblea General vota la renovación del mandato de la UNRWA, es imperativo que este venga acompañado de financiación adecuada. Advirtió que cualquier plan político para Gaza y el territorio ocupado depende del éxito de la Agencia.

Lazzarini desmintió la percepción errónea de que la UNRWA ha dejado de operar en Gaza, destacando que sus 12,000 empleados siguen siendo el principal proveedor de servicios públicos. La Agencia ofrece el 40% de la atención primaria de salud, gestiona servicios de agua y saneamiento, y proporciona educación presencial y online a cientos de miles de niños, integrando apoyo psicosocial.

El comisionado general denunció que la UNRWA está siendo deliberadamente socavada mediante una virulenta desinformación y leyes israelíes que bloquean su ayuda, acciones que la Corte Internacional de Justicia ha ordenado levantar.

Esta campaña ha estrangulado su financiación, creando un déficit de 200 millones de dólares que pone en riesgo la continuidad de sus servicios vitales para millones de refugiados en toda la región.

Finalmente, Lazzarini hizo un enérgico llamamiento a los Estados miembros para que defiendan a la Agencia de los intentos de marginarla, provean fondos urgentes y exijan rendición de cuentas por los ataques que han costado la vida a más de 380 de sus colegas en Gaza.

*Los relatores especiales, expertos independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, que constituyen el mayor cuerpo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

**Francesca Albanese: relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967.