La política de Estados Unidos de enviar migrantes a terceros países los expone a tortura y graves abusos, advierten expertos

Los acuerdos de Estados Unidos para trasladar migrantes y solicitantes de asilo a terceros países están creando una cadena de riesgos que puede continuar mucho después de que esas personas abandonen territorio estadounidense, advirtieron este lunes expertos independientes de derechos humanos de la ONU*.

El llamado esquema de externalización migratoria se ha extendido a más de 35 países y territorios** algunos de los cuales, según los expertos**, carecen de sistemas de asilo, infraestructura de acogida o servicios suficientes para proteger a las personas que reciben.

“Los daños causados por este esquema del Gobierno de Estados Unidos ya no son hipotéticos”, afirmaron los expertos, que señalaron riesgos de tortura y malos tratos, desapariciones forzadas y violaciones del principio de no devolución.

Ese principio, prohíbe enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.

Al menos 23.000 personas trasladadas

Según los expertos, Estados Unidos ha enviado al menos a 23.000 nacionales de terceros países a 29 países y territorios, mediante acuerdos que afectan tanto a solicitantes de asilo como a migrantes que se encuentran en distintas etapas de sus procesos migratorios.

También cuestionaron la falta de transparencia de esos arreglos, que, indicaron, quedan en gran medida fuera de la supervisión pública y del monitoreo independiente de derechos humanos.

Entre los riesgos documentados mencionaron la detención arbitraria o incomunicada, la falta de asistencia jurídica y debido proceso, la separación de familias, la trata de personas, la discriminación y la falta de acceso a vivienda, atención sanitaria y otros servicios básicos.

Los expertos manifestaron especial preocupación por niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT, defensores de derechos humanos y personas apátridas, entre otros grupos en situaciones de especial vulnerabilidad.

En algunos casos, señalaron, los migrantes son enviados a países con los que no tienen ningún vínculo y donde pueden encontrarse nuevamente expuestos a violencia o discriminación.

El riesgo de una cadena de expulsiones

La preocupación no termina necesariamente en el primer traslado. Algunos de los acuerdos, explicaron, permiten que el país receptor mantenga a las personas solo temporalmente y posteriormente las expulse a otro Estado.

Según los expertos, esto puede generar una cadena de devoluciones que termine llevando a una persona de regreso al país del que huyó, incluso cuando allí pueda correr peligro.

También advirtieron que un retorno no puede considerarse voluntario cuando una persona carece de estatus legal, medios de subsistencia, asesoramiento jurídico independiente o una alternativa real a regresar.

“Los Estados no pueden desentenderse contractualmente de sus obligaciones jurídicas internacionales”, señalaron.

De acuerdo con los expertos, tanto el país que realiza el traslado como el que recibe al migrante mantienen sus responsabilidades conforme al derecho internacional. Un Estado que ayude a otro a llevar a cabo actuaciones que vulneren el principio de no devolución u otras obligaciones de derechos humanos también podría incurrir en responsabilidad internacional, añadieron.

Piden suspender los acuerdos

Los expertos pidieron a los Estados y territorios involucrados suspender estos acuerdos, garantizar procedimientos de asilo justos y eficaces y establecer mecanismos de supervisión independiente y rendición de cuentas.

También se refirieron al papel de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuya asistencia a refugiados y migrantes consideraron fundamental, pero advirtieron que su participación debe estar acompañada de una estricta diligencia debida en materia de derechos humanos y no contribuir a legitimar acuerdos que puedan conducir a violaciones.

“Los derechos humanos deben situarse en el centro de la gobernanza migratoria y no ser sacrificados en aras de la disuasión”, afirmaron.

Los expertos han contactado a Estados Unidos y a los 35 países y territorios involucrados, así como al Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y a la OIM.

* Los expertos:

• Gehad Madi, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.

• Pau Pérez Sales, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

• George Katrougalos, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

• Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados.

• Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

• Grażyna Baranowska (Presidenta-Relatora), Ana Lorena Delgadillo Pérez (Vicepresidenta), Aua Baldé, Gabriella Citroni y Mohamed Al Obaidi, integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

• Katarina Schwarz, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas.

• Claudia Flores (Presidenta), Ivana Krstić (Vicepresidenta), Dorothy Estrada-Tanck, Haina Lu y Laura Nyirinkindi, integrantes del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

• Cecilia M. Bailliet, Experta Independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional.

• Graeme Reid, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

• Leopoldo Maldonado Gutiérrez, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

• Mariângela Batista Galvão Simão, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

• Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

• Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

• Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Mecanismo Especial

• Selma Sassi, Relatora Especial sobre los refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes en África, Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Los relatores especiales/expertos independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.

**Antigua y Barbuda, Belice, Burundi, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, Costa Rica, República Democrática del Congo, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Ghana, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Liberia, Libia, México, República de Moldova, Palaos, Panamá, Paraguay, Polonia, Ruanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Sierra Leona, Sudán del Sur, Uganda, Uzbekistán y Kosovo (Nota: toda referencia a Kosovo debe entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).