La inteligencia artificial comienza a incorporarse a distintas etapas de los procesos electorales en América Latina, desde el monitoreo de la desinformación hasta la revisión de los gastos de campaña y la atención de las consultas ciudadanas.
Durante un diálogo regional organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), autoridades electorales de Chile, México y Panamá compartieron las medidas que están adoptando para aprovechar estas herramientas sin comprometer la transparencia, la protección de los datos ni la confianza de los votantes.
Sus experiencias muestran que la tecnología puede ayudar a procesar cantidades de información que resultarían difíciles de revisar manualmente, detectar riesgos en las plataformas digitales y hacer más eficientes algunas tareas administrativas.
Sin embargo, los participantes coincidieron en que no debe reemplazar las decisiones de las autoridades electorales y que su utilización requiere reglas claras, controles y personal capacitado.
Reglas antes de incorporar nuevas herramientas
México ha establecido principios para orientar el desarrollo, la compra y la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el Instituto Nacional Electoral. También ha creado cursos obligatorios para que su personal comprenda cómo funcionan estas tecnologías y cuáles son sus límites.
La consejera electoral Norma de la Cruz explicó que la incorporación de la IA no responde simplemente a una tendencia tecnológica, sino a la necesidad de proteger los principios que rigen las elecciones.
“No fue porque está de moda. Esto es parte de un proceso de gobernanza para responder cómo incorporamos esta tecnología sin comprometer los principios de certeza, transparencia, protección de datos, derechos humanos y control democrático”, afirmó.
El organismo también mantiene un registro de las herramientas que utiliza, evalúa sus resultados y exige que una persona revise las decisiones o los productos generados con inteligencia artificial.
Estas medidas coinciden con una guía elaborada por el PNUD y el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, basada en la experiencia de Naciones Unidas en asistencia electoral en más de 100 países y territorios.
El documento señala que la inteligencia artificial puede utilizarse para depurar registros de votantes, detectar duplicados, revisar documentos, responder consultas ciudadanas, analizar gastos de campaña e identificar anomalías o amenazas digitales.
No obstante, advierte que no toda tarea que pueda automatizarse debería quedar en manos de un sistema.
En un proceso electoral, incluso un error aparentemente pequeño puede tener consecuencias importantes: excluir a una persona del registro de votantes, señalar incorrectamente una irregularidad, exponer datos sensibles o alimentar dudas sobre la credibilidad de los resultados.
Por ello, la guía recomienda evaluar cada herramienta antes de adoptarla, probarla en condiciones reales, explicar cómo funciona y establecer quién responde cuando se equivoca.
Las decisiones que afecten el derecho al voto, la elegibilidad de una candidatura o los resultados electorales deben seguir siendo revisables y atribuibles a personas e instituciones.
El documento también llama a proteger especialmente los datos biométricos y electorales, vigilar los sesgos contra mujeres, minorías, personas con discapacidad y comunidades poco representadas, y reducir la dependencia de proveedores privados cuyos sistemas no siempre pueden ser examinados por las autoridades.
La supervisión humana, añade, es indispensable, pero no basta por sí sola. El personal debe contar con formación, tiempo y capacidad técnica para cuestionar los resultados de la herramienta, en lugar de limitarse a validarlos automáticamente.
La violencia política en las plataformas digitales afecta especialmente a las candidatas y a otras mujeres que participan en la vida pública.
Detectando la violencia política digital
En Chile, por ejemplo, el Servicio Electoral utiliza desde 2020 sistemas de monitoreo para analizar las conversaciones sobre los comicios y detectar posibles amenazas contra la institución y el proceso electoral.
El seguimiento reveló además que la violencia política en las plataformas digitales afecta especialmente a las candidatas y a otras mujeres que participan en la vida pública.
La presidenta del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, anunció que el país se prepara para inaugurar un observatorio dedicado a este fenómeno.
“Esta sistematización de información, este conocimiento, nos permite avanzar en mejor legislación, en mejores políticas públicas”, señaló.
La iniciativa buscará generar herramientas para seguir la violencia política digital y facilitar que la experiencia pueda aplicarse en otros países.
“Estos son fenómenos globales, no son fenómenos nacionales, y necesitamos esa colaboración”, añadió.
Chile también analiza incorporar procesos automatizados a la fiscalización de los gastos de campaña. Estas herramientas podrían revisar grandes volúmenes de documentos y cuentas, aunque los resultados seguirían sujetos a una comprobación humana.
Los sistemas de IA pueden ayudar en el análisis de datos, toma de decisiones, automatización y optimización.
Escuchar qué ocurre en las redes
Panamá fue uno de los primeros países de la región en establecer una unidad especializada en el monitoreo digital de las elecciones.
El Tribunal Electoral emplea herramientas de monitoreo digital para realizar una escucha activa de las redes sociales, identificar desinformación y detectar campañas sucias o actos de violencia digital que posteriormente pueden ser remitidos a las unidades responsables de investigarlos.
Su directora ejecutiva, Yara Campo, destacó que la tecnología también ofrece oportunidades para revisar las listas de votantes, reforzar la seguridad, fiscalizar el financiamiento político y responder preguntas sencillas de la ciudadanía.
No obstante, advirtió que la inteligencia artificial puede facilitar una microsegmentación electoral cada vez más precisa de los mensajes políticos.
“Puedes estar manipulando para que el elector escuche lo que quiere escuchar y se incline hacia la elección de determinado candidato o candidata”, explicó.
Evitar nuevas desigualdades
El diálogo también puso de relieve que la adopción de estas herramientas depende de las capacidades reales de los organismos electorales.
Las restricciones presupuestarias, la falta de personal especializado y la dependencia de proveedores tecnológicos externos pueden limitar la capacidad de las instituciones para evaluar, controlar y sostener los sistemas que adquieren.
A esto se suman la brecha digital y los posibles sesgos culturales y lingüísticos de tecnologías que muchas veces fueron desarrolladas fuera de América Latina.
De la Cruz, de México, advirtió que no todas las personas de la región tienen el mismo acceso a la información y a las tecnologías, y que estos desequilibrios deben tenerse en cuenta antes de incorporar nuevas herramientas a la relación entre las autoridades y la ciudadanía.
También señaló que los organismos electorales no pueden permitirse invertir en sistemas que no comprendan o que no puedan mantener a largo plazo, ya que una mala decisión tecnológica puede terminar afectando la credibilidad de la institución o del propio proceso electoral.
Por ello, el PNUD recomienda que las autoridades comiencen por determinar qué problema necesitan resolver y evalúen si la inteligencia artificial es realmente la herramienta adecuada.
Su uso, sostiene, debe contribuir a elecciones más inclusivas, transparentes y confiables, y no adoptarse únicamente porque la tecnología esté disponible.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).
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