Experto denuncia la injusticia ambiental en México
Un experto en derechos humanos y sustancias tóxicas* advirtió tras una visita a México sobre la proliferación de las llamadas “zonas de sacrificio” debido al crecimiento industrial.
Se trata de zonas con severa degradación ecológica donde se prioriza el desarrollo económico sobre la salud de los habitantes y el ecosistema.
Marcos Orellana calificó de “alentador” que el Gobierno mexicano haya establecido regiones de emergencia sanitaria y ambiental, pero recalcó que deben ir acompañadas de planes de justicia ambiental y el fortalecimiento de las regulaciones en esta materia.
También subrayó que México ha aumentado las importaciones de desechos en los últimos años, los cuales terminan siendo quemados como combustible barato para la industria. Advirtió que ese combustible barato “resulta caro para la salud de la gente”.
Entre sus principales recomendaciones, destacó la necesidad de aprobar leyes generales en materia de sustancias químicas y plaguicidas altamente peligrosos, así como fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
Personas desplazadas por la violencia hacen cola en un sitio de distribución en Haití.
Haití: pandillas, fuerzas de seguridad y empresas militares dejan 5500 muertos en un año
Según los últimos datos verificados por la Oficina de Derechos Humanos, más de 5500 personas fueron asesinadas en Haití y más de 2600 resultaron heridas entre marzo de 2025 y mediados de enero de este año.
El nuevo informe publicado por la Oficina este martes subraya que en este ciclo de violencia están implicados bandas, fuerzas de seguridad, empresas de seguridad privadas y los denominados “grupos de autodefensa”.
“Desde marzo de 2025, una empresa militar privada, supuestamente contratada por el Gobierno haitiano, ha participado en operaciones de seguridad, entre las que se incluyen ataques con drones y disparos desde helicópteros. Algunos, o incluso la mayoría, de estos ataques con drones y operaciones con helicópteros podrían calificarse de asesinatos selectivos, dado el uso aparentemente premeditado, intencionado y deliberado de la fuerza letal contra personas identificadas específicamente de antemano”, denunció la portavoz de la Oficina, Marta Hurtado, en una rueda de prensa en Ginebra.
Hurtado recordó que los Estados son responsables de las acciones de las empresas militares y de seguridad privadas a las que contratan y que deben cumplir las mismas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte, las bandas criminales han logrado “fortificar corredores estratégicos” y mantener el dominio sobre rutas marítimas y terrestres críticas con las que financian sus operaciones, según señala el informe.
En el campamento de Zamzam, en Tawila (Darfur del Norte), se distribuyen ayudas a las personas que han huido de sus hogares a causa de la violencia.
Ataque a hospital en Sudán eleva a 70 los fallecidos mientras crecen los bombardeos con drones contra civiles
Este martes, agencias de Naciones Unidas reportaron que el ataque contra el Hospital Al Deain, en Sudán, ocurrido el pasado viernes, ha dejado un saldo de 70 personas fallecidas, entre ellas siete mujeres, 13 niños y tres trabajadores de la salud. Más de 140 resultaron heridas.
La representante adjunta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país, Hala Khudari, advirtió del impacto que tiene este ataque en la población local.
“El hospital Al Deain ha funcionado como centro de referencia para una población de más de dos millones de personas, tanto para la ciudad, así como para nueve localidades del estado de Darfur Oriental. Si estos servicios no están disponibles en este hospital, los pacientes tendrán que recorrer más de 160 km para llegar al siguiente, con todo lo que supone para los pacientes que necesitan atención especializada”.
Desde el inicio del conflicto en abril de 2023, más de 2000 personas han muerto en ataques contra instalaciones sanitarias.
La Oficina de Derechos Humanos alertó, además, sobre un aumento en el uso de drones para ataques aéreos en zonas pobladas, señalando que más de 500 civiles han muerto por esta causa solo en lo que va del año.
El organismo advirtió que estas acciones podrían constituir crímenes de guerra y urgió a detener la transferencia de armamento que alimenta el conflicto.
La gente camina entre los escombros de las carreteras y los edificios destruidos en el campo de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania.
Alertan sobre desplazamiento masivo y expansión de asentamientos en Cisjordania y el Golán
La Alta Comisionada adjunta para los Derechos Humanos presentó este martes dos informes que revelan una escalada en las acciones de Israel en el territorio palestino ocupado y en el Golán sirio ocupado.
Nada Al-Nashif denunció que, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, se registró un aumento en la violencia de los colonos, con más de 1700 incidentes, y la aprobación de más de 27.000 viviendas en asentamientos.
El informe documenta desplazamientos masivos: más de 36.000 palestinos fueron desplazados en Cisjordania, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
Además, se alerta sobre la expansión de asentamientos en el Golán sirio ocupado y restricciones a la población civil.
Los informes concluyen que estas acciones configuran un régimen de discriminación sistemática y violan el derecho internacional.
“Las acciones de Israel en Cisjordania constituyen un régimen institucionalizado de discriminación, opresión y violencia sistemáticas contra los palestinos, cuyo objetivo principal es su sometimiento y despojo permanente, lo que supone una violación de la prohibición de la segregación racial y el apartheid. La presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado constituye una violación del derecho internacional”.
Al-Nashif subrayó que los demás Estados tienen la obligación de no reconocer la situación derivada de la presencia ilegal de Israel, ni de ayudar o colaborar en su mantenimiento.
*El experto: Marcos Orellana, relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
Los relatores especiales/expertos independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).
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