En Haití, las fuerzas de seguridad intensifican sus operaciones, mientras las bandas no dan tregua. Estas últimas, adaptan sus tácticas, multiplican las represalias contra la población y llevan la violencia hasta las zonas rurales. Entre julio y principios de octubre, 1123 personas murieron y 440 resultaron heridas en episodios de violencia relacionados con las bandas, según el último informe del Secretario General de la ONU, presentado este lunes ante el Consejo de Seguridad.
Las operaciones de las fuerzas de seguridad también elevan el número de víctimas. Desde principios de julio, estas operaciones representan el 52 % de los haitianos muertos o heridos, un total de 808 personas, entre ellas 148 que no tenían vínculos con las bandas.
Capacidad de adaptación
«Lo que resulta especialmente preocupante es la capacidad de las bandas para adaptar sus tácticas a medida que se intensifican las operaciones de seguridad», señaló Carlos Ruiz Massieu, máximo representante de las Naciones Unidas en Haití. Los grupos armados recurren cada vez más a los secuestros, las intimidaciones y las represalias contra la población para mantener el control de sus territorios y desafiar la autoridad del Estado.
El ataque perpetrado los días 23 y 24 de agosto en Kenscoff, una localidad montañosa situada al sureste de la capital, Puerto Príncipe, ilustra esta estrategia. Al menos 47 personas murieron, 22 resultaron heridas y 52 fueron secuestradas. Trece de ellas fueron liberadas posteriormente gracias a iniciativas locales respaldadas por la ONU.
En los departamentos del Oeste y Artibonite, 241 personas fueron asesinadas por supuestamente haberse resistido a las bandas. Otros ataques, registrados especialmente en Saint-Michel-de-l’Atalaye, Marigot y Léogâne, evidencian la expansión de la violencia hacia las zonas rurales. Los grupos armados también atacan tierras agrícolas, viviendas e infraestructuras públicas.
La violencia sexual sigue siendo generalizada. Según el informe, las bandas habrían violado a 689 mujeres y niñas en julio y agosto. El 87 % de ellas fueron víctimas de violaciones colectivas.
Una fuerza internacional todavía incompleta
Ante esta violencia, la Fuerza de Represión de las Bandas (FSG), que recibe apoyo logístico de la ONU, continúa desplegándose. A fecha de 12 de octubre, contaba con 1563 efectivos uniformados, muy por debajo de los 5550 autorizados por el Consejo de Seguridad. Entre otras medidas, ha establecido una base en Artibonite, fuera de la capital.
Sin embargo, los grupos armados siguen teniendo capacidad para contraatacar. El domingo, un vehículo blindado que transportaba militares salvadoreños de la fuerza fue atacado en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Según la prensa, el lunes todavía había cuatro militares desaparecidos.
Para Carlos Ruiz Massieu, recuperar el control de los territorios no será suficiente. «La experiencia ha demostrado que las operaciones de seguridad por sí solas no pueden garantizar una estabilización duradera», advirtió. El diplomático pidió restablecer de forma permanente la presencia del Estado y desarrollar programas de desarme y reintegración, especialmente para los niños reclutados por las bandas.
La persistencia de la inseguridad también pone en peligro el regreso a la democracia. Las elecciones presidenciales y legislativas, previstas inicialmente para el 13 de diciembre, se han aplazado sin que se haya fijado una nueva fecha. Haití no celebra elecciones desde 2016.
Aun así, los preparativos siguen avanzando. Más de 35 partidos y agrupaciones políticas y 3500 candidatos se han registrado, según Ruiz Massieu. Sin embargo, a fecha de 5 de octubre, solo 759 257 posibles votantes figuraban en las listas, frente a un censo electoral estimado en 6,5 millones de personas. La inseguridad y los desplazamientos masivos dificultan aún más la organización de los comicios.
«Fijar nuevas fechas para las elecciones sin una evaluación realista de su viabilidad solo erosionará la confianza de la población y la credibilidad de las instituciones haitianas», advirtió el diplomático.
A esta incertidumbre política se suma una crisis humanitaria. Cerca de 1,5 millones de personas han huido de sus hogares, entre ellas más de 740 000 niños. Se prevé que la economía se contraiga por séptimo año consecutivo, mientras que el plan humanitario de la ONU para 2026 apenas cuenta con cerca de la mitad de la financiación necesaria.
El país sigue enfrentándose así a una doble urgencia: restablecer la seguridad, indispensable para celebrar elecciones, y recuperar unas instituciones democráticas que siguen fuera de su alcance.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).
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