Expertos exigen respuestas por la desaparición forzada de defensores de derechos humanos en México

Un grupo de expertos de Naciones Unidas exigió hoy al Estado mexicano respuestas inmediatas sobre la suerte y el paradero de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, al cumplirse tres años de su desaparición forzada en el estado de Colima.

En un comunicado, los relatores especiales y expertos independientes* señalaron que las autoridades “deben cumplir con sus obligaciones internacionales”, entre ellas la de investigar exhaustivamente los hechos, realizar una búsqueda activa y sancionar penalmente a los perpetradores.

El caso: un conflicto minero como trasfondo

Lagunes, abogado defensor, y Díaz, líder indígena, desaparecieron el 15 de enero de 2023 tras participar en una reunión comunitaria en San Miguel de Aquila, Michoacán. La comunidad discutía acciones colectivas por los impactos en derechos humanos derivados de las operaciones de la empresa minera Ternium, parte del grupo Techint. Su desaparición se enmarca en un conflicto de larga data por recursos naturales.

Los expertos destacaron la “incansable búsqueda de verdad y justicia” emprendida por las familias durante estos tres años, frente a lo que califican como una falta de “respuesta efectiva” por parte del Estado. El caso está registrado bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Una advertencia sobre el efecto amedrentador

“Las desapariciones forzadas tienen un efecto amedrentador sobre quienes defienden los derechos humanos (…) y sirven para silenciar voces críticas”, afirmaron los expertos. Instaron al Gobierno mexicano a garantizar un entorno seguro para los defensores, fortaleciendo el mecanismo de protección existente.

El comunicado hace un llamado directo a la responsabilidad corporativa. Los expertos señalaron que, según informes, en contextos de proyectos extractivos “las empresas han sembrado y exacerbado divisiones comunitarias, incitando a la violencia”. Exigieron a Ternium que, conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, coopere plenamente con las investigaciones, asista en la recopilación de pruebas y aborde los impactos negativos en los que pueda estar involucrada.

Responsabilidades claras: Estado y empresa

Los expertos en derechos humanos subrayan una doble obligación:

• Para el Estado: Investigar con diligencia, proteger a los defensores y garantizar que las empresas bajo su jurisdicción respeten los derechos humanos
• Para la empresa: Evitar vulnerar derechos, cooperar de buena fe con las autoridades en casos graves como este y proporcionar reparación por los impactos causados

Los expertos concluyeron recordando que mantienen comunicación tanto con el Gobierno de México como con la empresa involucrada sobre este caso, el cual se ha convertido en un símbolo de los riesgos extremos que enfrentan los defensores de la tierra y el medio ambiente en el país.

*Las Relatorías Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor conjunto de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes del Consejo encargados de la investigación y el monitoreo de la situación de los derechos humanos. Las personas titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertas y expertos independientes en derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas las regiones del mundo. No son personal de las Naciones Unidas y son independientes de cualquier gobierno u organización. Actúan a título personal y no reciben remuneración por su labor.

**Las expertas y expertos: Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Grażyna Baranowska (Vicepresidenta), Aua Baldé; y Mohammed Al-Obaidi, Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntariass; Damilola Olawuyi (Presidente), Robert McCorquodale (Vicepresidente), Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakulevičienė  y Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; Albert K. Barume, relator especiall sobre los derechos de los pueblos indígenas, Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.