Estados Unidos: expertos aplauden la creación de un Consejo de la Verdad en Minnesota y piden investigaciones en todo el país

El estado de Minnesota ha dado un paso “decisivo” hacia la justicia al establecer un consejo para documentar las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de inmigración durante operaciones que dejaron al menos dos ciudadanos estadounidenses muertos y múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza, perfilamiento racial y detenciones sin orden judicial, señala un grupo de expertos independientes* de la ONU.

Los relatores instan a otras jurisdicciones a seguir el ejemplo y a las autoridades federales a cooperar con las investigaciones.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) dispararon a quemarropa y mataron a dos ciudadanos estadounidenses que defendían los derechos de los migrantes, utilizaron fuerza excesiva contra personas consideradas indocumentadas y atacaron a manifestantes pacíficos, defensores de derechos humanos y transeúntes. 

Las operaciones, según los informes, se basaron en perfiles raciales y carecieron de órdenes judiciales. También se realizaron falsas acusaciones de “terrorismo doméstico”.

Independencia, imparcialidad, transparencia e investigación

Ante estos hechos, el gobernador de Minnesota firmó el 25 de marzo una orden ejecutiva que establece el Consejo de la Verdad de Minnesota. Este órgano tiene como objetivo proporcionar un foro seguro para que las víctimas y los miembros de la comunidad compartan sus historias, y operará bajo los principios de independencia, imparcialidad, transparencia e investigación centrada en la víctima.

“Acogemos con satisfacción que las autoridades de Minnesota hayan actuado con rapidez para establecer un proceso que documente, registre y denuncie las violaciones”, declararon este viernes los expertos en derechos humanos de la ONU. 

“La iniciativa ayudará a revelar el daño causado y las circunstancias y responsabilidades que lo provocaron. Será fundamental para proporcionar reparación a las víctimas y sanación a la comunidad“.

Una obligación legal ineludible

Los expertos recordaron que Estados Unidos, en todos sus niveles —federal, estatal y local— tiene la obligación vinculante de documentar e investigar de manera pronta, efectiva e independiente las violaciones graves de derechos humanos cometidas por sus agentes. 

Esta obligación debe cumplirse de conformidad con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilegales y las normas internacionales aplicables a los procesos de búsqueda de la verdad, con miras a responsabilizar a los culpables y garantizar la no repetición.

“En cualquier democracia basada en el Estado de derecho, estas violaciones nunca deben ser ignoradas ni quedar sin abordar“, enfatizaron los expertos.

Llamado a investigaciones nacionales y cooperación federal

Los expertos alentaron a las autoridades de todas las jurisdicciones pertinentes a realizar investigaciones sobre cualquier violación de esta naturaleza y se declararon dispuestos a proporcionar asistencia técnica cuando sea necesario. También instaron a las autoridades federales a cooperar con las investigaciones penales proporcionando acceso a las pruebas de la escena del crimen y otra información relevante.

“Documentar, buscar la verdad y garantizar la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos no es opcional“, concluyeron los expertos. “Es una obligación legal y un requisito previo para la justicia y las garantías de no repetición”.

*Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Trabajan de forma voluntaria; no forman parte del personal de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su labor. Los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Los expertos que firman el comunicado son: 

• Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
• Morris Tidball-Binz, relator especial sobre las ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias
• Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación
• Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias
• Irene Khan, relatora especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión
• Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos
• Ben Saul, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo