Documentan ataques deliberados contra civiles, escuelas y hospitales en Myanmar

El Ejército de Myanmar ha llevado a cabo un patrón de ataques aéreos deliberados contra civiles y bienes de carácter civil, al tiempo que continúan las detenciones arbitrarias, la tortura y la violencia sexual en el país, según las conclusiones del informe anual del Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar.

El Mecanismo dio a conocer este martes los principales hallazgos de sus investigaciones, que abarcan el periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026. Durante ese tiempo, la frecuencia y la intensidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Ejército y distintos grupos armados continuaron aumentando.

Las investigaciones documentan ataques contra aldeas, escuelas, hospitales, edificios religiosos y culturales y campamentos para personas desplazadas, incluso en lugares donde no se identificaron objetivos de valor militar. El Mecanismo observó además una escalada notable de los bombardeos en los meses previos a las elecciones organizadas por las autoridades militares, que comenzaron a finales de diciembre de 2025.

Escuelas y hospitales bajo ataque

Una de las prioridades de los investigadores es determinar no solo dónde ocurrieron los ataques y qué tipo de armamento fue utilizado, sino también qué unidades militares estuvieron involucradas y cómo funciona la cadena de mando responsable de ordenar y ejecutar esas operaciones. 

“Una de las áreas en las que nos estamos concentrando, debido al sufrimiento que está ocurriendo en Myanmar, son los ataques aéreos contra las comunidades”, explicó el responsable del Mecanismo, Nicholas Koumjian. Los investigadores han priorizado ataques contra aldeas en los estados de Chin, Kachin y Kayah y en la región de Sagaing, así como bombardeos contra escuelas y hospitales. En algunos casos, ya han identificado unidades responsables, las bases aéreas desde las que operaron y elementos de sus cadenas de mando.

El Ejército también recurre cada vez más a drones, girocópteros y paramotores, plataformas de bajo costo capaces de realizar ataques a baja altura. En algunos incidentes investigados en Sagaing, pilotos de paramotores habrían apagado sus motores al aproximarse a sus objetivos para planear en silencio, reduciendo drásticamente las posibilidades de que los civiles detectaran el ataque a tiempo para huir o buscar refugio.

Tortura y violencia sexual en centros de detención

Los ataques aéreos constituyen solo una parte de las investigaciones. El Mecanismo también ha recopilado pruebas sobre detenciones arbitrarias, tortura física y sexual y amenazas de muerte en instalaciones administradas por las fuerzas de seguridad.

Desde el golpe militar de febrero de 2021, unas 30.870 personas habían sido arrestadas por las fuerzas de seguridad hasta abril de este año y alrededor de 22.130 permanecían encarceladas. Entre los detenidos figuran 639 menores, incluidos niños retenidos como sustitutos de sus padres y, en algunos casos, bebés encarcelados junto a sus madres. Los investigadores han documentado además casos de tortura física y sexual contra mujeres, hombres, niños y niñas durante interrogatorios. También examinan denuncias de violaciones y agresiones sexuales cometidas tanto por miembros del Ejército como por integrantes de grupos armados no estatales.

En julio de 2025, las autoridades militares aprobaron además una ley que criminaliza las críticas a las elecciones y contempla penas de hasta 20 años de prisión e incluso la pena de muerte. El Mecanismo ha investigado arrestos realizados bajo esta legislación por actos como publicar críticas en redes sociales o distribuir panfletos contra las elecciones. 

Millones de pruebas para llevar a los responsables ante la justicia

“Detrás de cada prueba que recopilamos hay personas cuyas vidas han sido devastadas por estos crímenes”, afirmó Koumjian. “Las comunidades de Myanmar no solo viven bajo la amenaza constante de la violencia, sino que también afrontan el impacto profundo y duradero de lo que han sufrido”.

Desde que comenzó sus operaciones, el Mecanismo ha recopilado y procesado más de 28 millones de elementos de información y pruebas procedentes de más de 1600 fuentes, entre ellas testimonios de víctimas y testigos, fotografías, videos, información de fuentes abiertas, datos geoespaciales, material forense y registros financieros. Hasta ahora ha obtenido 756 declaraciones y notas de entrevistas con víctimas y testigos.

Creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2018, el Mecanismo no juzga directamente a los responsables. Su tarea consiste en recopilar, preservar y analizar pruebas de los crímenes internacionales más graves cometidos en Myanmar desde 2011, con el objetivo de facilitar procesos penales independientes ante tribunales nacionales o internacionales. Las pruebas recopiladas ya han sido compartidas con distintas instancias judiciales, entre ellas la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y cortes en Argentina que investigan crímenes contra los Rohinyás.

Las investigaciones no se limitan al Ejército. El Mecanismo también examina posibles crímenes cometidos por grupos armados no estatales, incluidos casos de violencia sexual y ejecuciones, con el objetivo de identificar a los principales responsables independientemente de su afiliación política, religión, creencias o etnia. 

“Lograr justicia no es rápido ni fácil; suele ser un proceso largo, complejo y difícil”, señala el informe.

Pese a las restricciones presupuestarias y las dificultades para acceder directamente a testigos dentro de Myanmar, el Mecanismo asegura que continuará recopilando y preservando pruebas para identificar a los principales responsables y apoyar los procesos destinados a llevarlos ante la justicia.