Derecho al desarrollo: 40 años después, la ONU busca renovar un compromiso con la equidad

¿Qué oportunidades tendrá una persona a lo largo de su vida si nace en un país con escuelas que funcionan, servicios públicos, instituciones sólidas y una economía dinámica? ¿Y qué ocurre con otra persona nacida el mismo año, pero en un país marcado por la pobreza, los conflictos, la corrupción o los efectos de la crisis climática?

Ninguna de las dos eligió las circunstancias en las que nació. Sin embargo, esas condiciones pueden determinar profundamente sus posibilidades de vivir con dignidad, acceder a oportunidades y participar en las decisiones que afectan a su vida.

Para Naciones Unidas, esa desigualdad no es solamente una cuestión de justicia social. También puede constituir una vulneración del derecho al desarrollo, un derecho humano reconocido por los Estados hace 40 años.

“La primera característica es que representa por excelencia la interdependencia entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales”, explica a Noticias ONU la presidenta del Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo, Juana Ibáñez.

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo fue adoptada por la Asamblea General el 4 de diciembre de 1986. El texto reconoce el “derecho inalienable” de toda persona y de los pueblos a participar, contribuir y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan hacerse realidad todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Según Ibáñez, una de sus características fundamentales es precisamente que el derecho tiene una doble dimensión: individual y colectiva. Protege a las personas, pero también a los pueblos, incluido su derecho a la autodeterminación.

La participación ocupa un lugar central. No se trata únicamente de que las personas reciban los beneficios del desarrollo, sino de que puedan participar de manera activa, libre y significativa en las decisiones que lo determinan.

“Los individuos son los destinatarios de este derecho, pero también son los responsables de hacer realidad este derecho al desarrollo junto con los otros actores clave”, señala Ibáñez.

El concepto tampoco se limita al crecimiento económico. Incluye cuestiones como la igualdad, la no discriminación, el acceso a oportunidades y la capacidad de las comunidades para decidir sobre su futuro y sus recursos.

Y, según la presidenta del Mecanismo, las obligaciones no recaen únicamente en los Estados de manera individual. La Declaración subraya también la importancia de la cooperación internacional, que no debe limitarse a los recursos económicos, sino abarcar la tecnología, la ciencia y la innovación.

Cuatro décadas después de la adopción de la Declaración, sin embargo, persisten importantes obstáculos. Ibáñez menciona los conflictos armados y la inseguridad, los regímenes autoritarios y la reducción de los espacios para la participación política y social. También señala el debilitamiento de la solidaridad y la cooperación internacional, los problemas de la arquitectura financiera internacional, la crisis climática y los nuevos desafíos planteados por la inteligencia artificial.

A ello se suma una cuestión pendiente: todavía no se ha adoptado un instrumento internacional jurídicamente vinculante específico sobre el derecho al desarrollo. Para Ibáñez, esto deja a este derecho sin el nivel de protección del que disponen otros derechos humanos que sí cuentan con tratados vinculantes.

Avances y desafíos en América Latina

Pese a todo, en América Latina también hay avances. Ibáñez destaca la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han contribuido a proteger de manera directa e indirecta elementos vinculados al derecho al desarrollo.

La Corte, explica, ha reconocido derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a partir de la obligación de los Estados de garantizar el desarrollo integral de las personas y los pueblos. También existe una amplia jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

La Comisión Interamericana, añade, ha destacado asimismo la obligación de los Estados de cooperar y el papel fundamental de las mujeres en los procesos de desarrollo. Varias constituciones de la región reconocen además explícitamente el derecho al desarrollo o principios estrechamente vinculados con él.

Una oportunidad para renovar el compromiso

El aniversario llega en un momento en el que conflictos, desigualdad, crisis climática y transformaciones tecnológicas están poniendo a prueba los avances alcanzados.

Por eso, el 23 de septiembre, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, los Estados miembros se reunirán para conmemorar los 40 años de la Declaración y renovar el compromiso internacional con el derecho al desarrollo.

La reunión será una oportunidad para revisar los avances de las últimas cuatro décadas y debatir cómo reducir la pobreza y las desigualdades y ampliar las oportunidades para que todas las personas puedan beneficiarse del desarrollo.

Para Ibáñez, estos espacios son fundamentales para recordar a los Estados sus obligaciones y mantener en el centro la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

“Hoy más que nunca es importante que recordemos la necesidad de revitalizar una alianza global en la que todos y todas participen”, afirma.

Gobiernos, sector privado, sociedad civil, Naciones Unidas, instituciones nacionales de derechos humanos y la academia, señala, tienen un papel que desempeñar.

El objetivo, resume, es hacer realidad un principio que está en el centro del derecho al desarrollo: participar, contribuir y beneficiarse del desarrollo y no dejar a nadie atrás.