La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó hoy un informe devastador sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Entre 2016 y 2025, la Oficina documentó 972 asesinatos, lo que arroja un promedio de casi 100 muertes por año.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, fue tajante: “Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos”.
El informe reconoce que el actual gobierno ha implementado varias medidas importantes para abordar la violencia contra las personas defensoras, incluyendo:
- el reconocimiento público de la gravedad del problema
- la apertura de un diálogo de alto nivel con organizaciones de la sociedad civil
- la adopción de acciones preventivas e inmediatas en situaciones urgentes
- el desarrollo de una política nacional sobre defensores
También destaca la estrecha cooperación de las autoridades con la Oficina de la ONU en Colombia.
Sin embargo, el documento es contundente al señalar que “las instituciones estatales en general no han podido revertir las tendencias y patrones de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos, ni superar los desafíos estructurales que obstaculizan el esfuerzo por brindar protección integral y sostenida a estas personas defensoras”.
El país en un punto de inflexión
“El país se encuentra en un punto de inflexión. A menos que se tomen medidas efectivas para convertir esta situación en una prioridad estatal, con una agenda clara para la prevención, la protección, la investigación y el abordaje de las causas estructurales, la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos continuará”, afirma el informe.
Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se produjo un aumento gradual en el número de asesinatos, una tendencia vinculada principalmente con conflictos armados que involucran a actores no estatales en áreas previamente controladas por las FARC-EP, donde el Estado ha tenido dificultades para establecer una presencia constante.
En los últimos años, el informe identifica un aumento de la violencia vinculada a intereses criminales relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas. Además, señala como factores contribuyentes la debilidad institucional, los altos niveles de impunidad y la corrupción.
Impacto desproporcionado en pueblos indígenas
El informe ofrece un relato detallado de los sucesos ocurridos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, periodo en el que fueron asesinadas 410 activistas.
En total, el 23% de las víctimas eran indígenas, un porcentaje extraordinariamente alto si se tiene en cuenta que la población indígena representa solo el 4,7% de la población total del país. Las comunidades afrodescendientes y campesinas, las juntas de acción comunal, los líderes ambientales, las defensoras de derechos humanos, las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, y los líderes políticos también fueron blanco de ataques.
Más del 70% de los perpetradores fueron identificados como actores armados no estatales.
Durante el mismo período, se registraron 2018 casos de amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos, aunque el informe advierte que esta cifra representa solo una fracción de la magnitud real, ya que no existe un sistema unificado e integral para que las entidades estales recopilen información sobre estos incidentes.
Recomendaciones y llamado a la acción
El informe recomienda:
- consolidar políticas públicas eficaces
- implementar reformas institucionales esenciales
- promover investigaciones penales para desmantelar a los principales perpetradores y prevenir la impunidad
- desarrollar mecanismos de protección adecuados a las realidades sobre el terreno
Türk subrayó que “además de garantizar la rendición de cuentas por los asesinatos ocurridos, abordar las causas estructurales de esta tragedia humana con un enfoque integral debe ser la prioridad para todas las autoridades competentes en Colombia, a fin de proteger a las personas defensoras y permitirles llevar a cabo de forma segura su labor esencial”.
Los recortes presupuestales afectan la capacidad de la ONU
El informe revela además que los recortes presupuestales sufridos por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en 2025 han disminuido profundamente su capacidad para proteger a las personas defensoras y llevar a cabo medidas preventivas.
Como consecuencia, la Oficina se ha visto obligada a reducir significativamente sus misiones a zonas de alto riesgo, lo que ha afectado su capacidad para monitorear los asesinatos y responder a las solicitudes urgentes de las comunidades en riesgo.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).
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