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Source of original article: Miryam Rivera Holguin / Global Voices (es.globalvoices.org).

En el Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se esterilizó irreversiblemente a 244,234 mujeres y 20,693 hombres como parte de las políticas nacionales de planificación familiar (1996-1999). Estos procedimientos quirúrgicos forzados fueron denunciados como prácticas trasgresoras a los derechos, sobre todo con poblaciones indígenas de zonas rurales. Actualmente, 1,321 mujeres aún continúan el proceso legal de búsqueda de justicia frente a una política que vulneró sus derechos hace más de dos décadas.

El 17 de septiembre, las víctimas, organizadas en grupos de activismo, se reunieron para bordar sus nombres sobre la bandera peruana, y vestidas de rojo y blanco caminaron hacia el mar para manifestarse frente a la playa -como medida de prevención del contagio de COVID-19- y así seguir denunciando como la justicia peruana de cuello y corbata les da la espalda. Las mujeres andinas han cruzado más de mil kilometros desde las montañas para buscar justicia en la capital. Y a pesar de la frustración, no se rinden, siguen luchando para alcanzar justicia para ellas y para las otras miles de mujeres violentadas.

En el sistema de justicia nacional del Perú, el caso se abrió hace 18 años y sigue sin tener una sentencia. Ante esta situación, cinco de las víctimas han apelado a la justicia internacional, su denuncia contra el Estado peruano ha sido aceptada por las Naciones Unidas en su Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a finales de septiembre 2020. El Perú ahora se encuentra demandado a nivel internacional por estas prácticas que violentaron el cuerpo de mujeres indígenas en el marco de la implementación de políticas públicas que no respetuosos de los derechos humanos.

El hecho de no obtener justicia en su país revictimiza a las mujeres y mantiene la impunidad frente a violaciones a los derechos humanos, este caso de las esterilizaciones forzadas es un claro ejemplo que cuestiona el tránsito a la democracia y los avances en justicia transicional. Y, resulta inaceptable que a los hechos perpetrados les siga la dilatación de los procesos de justicia, irrespetando acuerdos internacionales de los cuales el Perú es firmante. Por eso, en un país como el Perú, en el que el respeto irrestricto a los derechos humanos no está asegurado, en el que la tortura por parte del Estado y el feminicidio son problemas urgentes, y en el que la protesta ciudadana es criminalizada, las víctimas encuentran pocos caminos para reclamar justicia en el sistema nacional.

La búsqueda de justicia implica enfrentarse a un sistema legal y judicial cargado de falencias que expone a las víctimas a malos tratos e indiferencia por parte de las autoridades. Por un lado, el caso de esterilizaciones forzadas fue presentado a distintas instancias nacionales y archivado en repetidas ocasiones durante más de una década. El caso abierto a nivel nacional es la denuncia penal que el Fiscal Luis Landa presentó contra Fujimori y los ex ministros de salud por su responsabilidad en la implementación de dichas políticas, el cual sigue siendo dilatado injustificadamente. Por otro lado, el gobierno dejó sin fondos a su propio programa de Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESPO) luego de haber recibido 6.526 solicitudes en dos años.

Lamentablemente, este caso refleja la tendencia del sistema de justicia peruano al entorpecimiento de la justicia, retrasos voluntarios en el juzgamiento de los casos, o marchas y contramarchas en sentencias ya dadas. Un ejemplo notorio de esto son los intentos de Fujimori para burlar la justicia luego de haber recibido una sentencia de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, y posteriormente recibir perdón político, que luego fue anulado. Y más tarde fue devuelto a prisión.

Por lo tanto, uno de los retos impostergable en materia de defensa y protección de las víctimas de este tipo de violaciones a los derechos humanos es, primero, reconocer el carácter revictimizador que siguen los procesos legales en materia de violencia sexual y que expone a la persona denunciante a repetidas evaluaciones físicas y psicológicas que reviven la experiencia traumática.

Cuando las víctimas narran las experiencias de sufrimiento, se les demanda información a la que ellas no tuvieron acceso, como por ejemplo nombres completos de las autoridades sanitarias del momento, y si narran el temor a amenazas recibidas, se les interroga respecto al uso de fuerza física para llevarlas al centro de salud. Así, tras la experiencia de vivir en sus propios cuerpos la vulneración y ver sus proyectos de vida dislocados por las intervenciones quirúrgicas irreversibles, las víctimas son expuestas una vez más al ninguneo y la marginación. Ante lo cual, resulta indispensable el seguimiento de un proceso legal respetuoso de los derechos de las víctimas, la implementación de protocolos que incluyan medidas coherentes con los enfoques de género e interculturalidad, y la inclusión de un abordaje psicosocial en este tipo de procesos legales .

Segundo, reconocer que la ausencia de justicia genera impactos psicológicos adicionales en las víctimas como se ha encontrado en otros casos de procesos judiciales por violación de derechos humanos. Estos hechos adicionalmente desgastan y estigmatizan a las víctimas, perjudicando su integración a la sociedad, lo cual contrasta con otros caminos posibles, como por ejemplo otras experiencias vinculadas a la participación activa de las víctimas en formulación de propuestas de reparación y vigilancia a las sentencias internacionales, como en los casos Sepur Zarco en Guatemala o Rosendo Cantú y Fernández Ortega en México, los cuales plantean un camino en el reconocimiento del rol activo y el despliegue de las capacidades desde las propias víctimas, que permite incorporar la identidad colectiva y previene que la lucha por justicia se convierta en un nuevo elemento para la estigmatización y exclusión social de las víctimas.

Desde el Perú, Rute Zúñiga, lideresa cusqueña que preside la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas- AMPAEF, reclama como siguiente paso la inclusión de las mujeres afectadas en la planificación de políticas de reparación, lo cual es aún una expectativa no cubierta.

Las esterilizaciones forzadas en el Perú y el manejo del proceso de justicia durante las últimas dos décadas ubican al Estado peruano como doblemente perpetrador en la vulneración de derechos humanos: por la trasgresión al cuerpo y vida de las mujeres intervenidas quirúrgicamente contra su voluntad y por no impartir justicia hacia sus ciudadanas. Sus víctimas, organizadas colectivamente más allá de los obstáculos, reclaman y resisten, mientras luchan por garantías de no repetición.

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