Ante el surgimiento de la variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2, un grupo de varias decenas de expertos* de la ONU en derechos humanos urgió a los Estados a actuar con determinación para garantizar el acceso igualitario a las vacunas contra el COVID-19, sobre todo en los países de renta baja, donde los índices de inmunización son bajos y, en ocasiones, casi nulos.

En una comunicado conjunto publicado este lunes, los relatores especiales afirmaron que las naciones con menos recursos han sido dejadas de lado en la respuesta global a la pandemia y subrayaron que es imperativo emprender una acción colectiva para enfrentar la desigualdad en las vacunas.

Responsabilidad colectiva de los Estados

“Los Estados tienen la responsabilidad colectiva de usar todos los medios disponibles para facilitar un acceso más rápido e igualitario a las vacunas”, dijeron los expertos, detallando que esta movilización debe incluir una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual relevantes en relación con el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre la materia.

Consideraron que el aplazamiento indefinido de la 12ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio -que tendría que empezar el 30 de noviembre- debido a las restricciones de viaje y el cierre de fronteras impuestos en numerosos países a raíz de la aparición de la Ómicron confirma la necesidad urgente de una acción colectiva para enfrentar la desigualdad en las vacunas.

Moldavia fue el primer país europeo en recibir vacunas COVID19 a través de COVAX.

La protección de las patentes de vacunas no debe ser un obstáculo para el disfrute efectivo del derecho a la salud, insistieron.

“Los Estados asimismo tienen la responsabilidad individual de garantizar la distribución equitativa de vacunas dentro de sus países y entre países, evitando el acaparamiento y mejorando la distribución”, apuntaron.

Las empresas también tienen responsabilidades

Pero las obligaciones de salud pública no recaen sólo en los Estados, las farmacéutica también llevan su parte.La aparición de la Ómicron es un llamado urgente a que los Estados no acaparen las vacunas COVID-19, dicen expertos

“Las empresas tienen la responsabilidad independiente de asegurar que sus acciones no tengan un impacto adverso en los derechos humanos”, aseveró Surya Deva, presidente del Grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, uno de los firmantes de la declaración.

En este sentido, los relatores especiales sostuvieron que la salud debe tener prioridad sobre la maximización de ganancias de las corporaciones y el acaparamiento de vacunas por parte de los países de altos ingresos.

Todas las personas deben tener acceso a una vacuna segura y efectiva contra el COVID-19”, enfatizaron los expertos, y acotaron que la prioridad debe que todos los individuos en todas partes “puedan disfrutar de los beneficios del progreso científico y el más alto nivel de salud”.

El relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, Oliver De Schutter, manifestó que es especialmente preocupante que quienes han sufrido más encarnizadamente la pandemia, entre ellos los más pobres y marginados, sean también los que estén quedando atrás en la vacunación mundial.  

Entrega de vacunas COVID-19 a través del Mecanismo COVAX en Venezuela.

Cartas sin respuesta

Los expertos informaron que de las 44 cartas que enviaron el 14 de octubre pasado a la Organización Mundial de Comercio, a los Estados del G7 y G20, a la Unión Europea y a las empresas farmacéuticas pidiéndoles un acceso igualitario y universal a las vacunas, sólo han recibido seis respuestas.

“Cualquier enfoque que ignore los derechos humanos será contraproducente en nuestro mundo interconectado, e incrementará los efectos negativos y los riesgos, incluyendo el surgimiento de nuevas variantes, como Ómicron, que podrían hacer que las vacunas existentes fueran menos efectivas. Nadie está a salvo hasta que todas y todos estemos a salvo”, concluyeron.

De acuerdo con los datos de “Our World Data”, de 8000 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 administradas en el mundo, sólo el 5,5% se ha destinado a los países de bajos ingresos.

*Los relatores especiales* forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).

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