Los países de la región deben resguardar y fortalecer los derechos de todas las personas en el escenario de reconstrucción pospandemia, y atender y dar respuesta a las diversas —y muchas veces superpuestas— situaciones de desventaja y vulnerabilidad que afectan su salud y su calidad de vida, plantea un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que analiza los profundos y múltiples efectos del COVID-19 en los diferentes grupos de población en la región.

El documento Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe, incluye recomendaciones de política con miras a la recuperación y la transformación social y económica, a la luz de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El informe será presentado a los países durante la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que se celebrará del 28 al 30 de junio de 2022 en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, ocasión en la que altos representantes de gobierno, organismos internacionales, sector privado, academia y sociedad civil debatirán los retos que plantea la crisis sanitaria para la implementación del Consenso de Montevideo.

A dos años de declarada la pandemia, América Latina y el Caribe tiene un total de 1,7 millones de defunciones informadas por COVID-19 (hasta mayo de 2022). Estas representan el 27,2% del total de defunciones por COVID-19 en el mundo, pese a que la población de la región solo representa el 8,4% de la población mundial.

El documento aborda las adversidades que la pandemia ha acarreado para las mujeres y diferentes grupos de población, en particular: niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas mayores, personas migrantes internacionales, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes y personas con discapacidad.

Plantea que la crisis afectó el empleo de las mujeres en mayor medida que el de los hombres. La tasa de participación laboral de las mujeres experimentó un retroceso de 18 años debido a la crisis, al disminuir del 51,8% en 2019 al 47,7% en 2020, mientras que en el caso de los hombres pasó del 75,5% al 70,8% en el mismo período. En 2022, se estima que la tasa de participación de las mujeres se habría incrementado hasta el 51,3%, cifra similar a la que se registró en 2018. Esto representa un retroceso de cuatro años, que deja todavía a una de cada dos mujeres en edad de trabajar fuera del mercado laboral.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, la pandemia trajo aparejado el cierre de los centros educativos, la postergación y suspensión de controles regulares de salud, así como disrupciones en los programas de alimentación, lo que generó riesgos de retrocesos en el combate a la desnutrición infantil en algunos países. En lo que respecta a la salud sexual y reproductiva, el redireccionamiento de recursos monetarios y humanos hacia la contención y atención de la emergencia sanitaria dejó desatendidas, entre otras, esta dimensión de la salud.

La salud mental de niños, niñas y adolescentes también se ha visto afectada por distintos aspectos de la pandemia que van desde el impacto de las medidas sanitarias de cuarentena y confinamiento hasta la vivencia de eventos traumáticos, como la pérdida de padres, madres o cuidadores. Sobre este último aspecto, el informe indica que en cinco países de América Latina se estima que entre marzo de 2020 y abril de 2021 se registraron 380.000 casos de orfandad, los que ascienden a más de 600.000 si se suman aquellos menores que han perdido a cuidadores primarios o secundarios. De hecho, América Latina registra las mayores tasas de orfandad causada por el COVID-19 en el mundo.

De acuerdo a las estimaciones del documento, en 17 países de América Latina-Abya Yala habitan 57,7 millones de personas pertenecientes a alguno de los más de 800 pueblos indígenas existentes en la región, cifra que representa alrededor de un 9,5% de la población total.

Subraya que, pese a los múltiples datos que confirman una mayor vulnerabilidad, las respuestas estatales orientadas a mitigar los impactos sociosanitarios de la pandemia entre los pueblos indígenas han sido débiles y fragmentarias. En materia sanitaria, 16 de los 17 países de América Latina-Abya Yala en que habitan pueblos indígenas definieron alguna norma o lineamiento técnico específico para enfrentar la pandemia de COVID-19 entre dichos pueblos.

En el caso de las personas y comunidades afrodescendientes, el informe enfatiza que la pandemia las ha afectado de manera diferenciada, vulnerando muchos de sus derechos y aumentando la desigualdad y la incidencia del racismo y la discriminación.

El documento advierte además que, en un contexto de crisis económica y sanitaria, la migración, tanto fuera de la región como intrarregional, no se ha detenido. En países como Chile y Colombia, en 2020 la pandemia provocó una desaceleración del crecimiento de la migración, que ocurría desde 2017, y hasta una leve disminución en el número de personas migrantes. Sin embargo, los procesos migratorios regionales actuales muestran una creciente complejidad, acompañada por el aumento de la irregularidad y la vulnerabilidad, puntualiza.

En ese sentido, subraya que, si se considera que en la región hay más de 40 millones de migrantes, resulta imperioso disponer efectivamente de mecanismos para una migración segura, ordenada y regular.

El informe dedica un capítulo especial a revisar los impactos sociodemográficos del COVID-19 en el Caribe, que ameritan un análisis focalizado dadas las especificidades y particularidades de la subregión, ya sea en relación con la elevada carga de morbilidad atribuible a enfermedades no transmitibles o la renuencia a vacunarse.

Por último, presenta una serie de conclusiones y recomendaciones para lograr recuperación transformadora y con igualdad en el marco de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo. En este marco, resulta indispensable situar la protección de los derechos y la promoción del bienestar de las personas, las familias y las comunidades en el centro de los esfuerzos de respuesta de las políticas públicas.

Destaca, asimismo, la importancia de contar con sistemas estadísticos nacionales robustos, oportunos y resilientes, capaces de proveer datos oportunos, precisos y desagregados para el seguimiento de los efectos del COVID-19 y la definición de los planes de acción, tanto a escala nacional como local. Es necesario, en particular, fortalecer las estadísticas vitales y asegurar la implementación exitosa de los censos de población y vivienda.

Source of original article: United Nations (www.cepal.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).

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